Sanidad endurece la ley del aborto para que los médicos objetores no tengan «excusas para incumplir la ley»
Esta medida vulnera los derechos humanos y la privacidad, es discriminatoria y puede llevar a represalias hacia los médicos objetores
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha indicado este lunes en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que las comunidades autónomas y Ministerio han abordado la creación del registro de profesionales objetores al aborto, un punto que aparece en la polémica ley del aborto, aprobada en febrero de 2023, y que ha permitido que más de 100.000 bebés no puedan descansar en el seno de su madre.
Según la titular de la cartera de Sanidad, el principal objetivo de este protocolo, que según García ha salido con consenso, es que se asienten los cimientos para que todas las comunidades autónomas lleven a cabo sin ninguna excusa sus registros de objetores de manera homogénea y coordinada en todo el territorio, asegurando que «no haya lugar para excusas para incumplir la ley».
El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) y Profesionales por la Ética manifiestan su firme oposición al registro de objetores propuesto por la ministra de Sanidad, Mónica García, en el Consejo Interterritorial, ya que esta medida constituye «un ataque directo a derechos fundamentales» por varias razones.
Tal y como han comentado, este registro vulnera «los derechos humanos». Así, aseguran que la objeción de conciencia es «un derecho fundamental», por lo que forzar a un registro de objetores va «en contra de la libertad de conciencia y religión», porque obliga a declarar sobre sus propias creencias.
Del mismo modo, han hablado de discriminación. Para ellos, un registro de médicos y personal sanitario objetores del aborto implica «discriminación, e incluso estigmatización, de los que en él aparezcan».
También ataca la privacidad. La creación de un registro puede implicar «la recopilación y almacenamiento de información personal sensible». Por último, han denunciado que un registro de objetores podría abrir la puerta a «represalias o persecuciones contra los objetores en sus lugares de trabajo».
En este sentido, y tras las palabras de la ministra, Miguel Gómez de Agüero, presidente de Profesionales por la Ética, ha aseverado que desde la sociedad civil, instan a la titular de la cartera de Sanidad a reconsiderar esta propuesta, que supone «un retroceso en los derechos fundamentales» de los profesionales sanitarios.
Del mismo modo, María García, presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa, ha apuntado que la objeción de conciencia es «un derecho que protege los principios éticos y las creencias de los profesionales». Así, ha recordado que este registro «limita este derecho».