Mónica García busca endurecer la lista negra de objetores: «Debemos avanzar en el derecho al aborto»

La persecución de los médicos que están a favor de la vida continúa en España. Cada vez hay más leyes en nuestro país que atentan contra la dignidad de las personas y la vida de las mismas. Una de ellas es la del aborto, una norma que solo en el año 2023 impidió que más de 103.000 bebés no descansaran en el seno de su madre y que señala a aquellos doctores que se niegan a participar en el proceso de acabar con la vida de un ser humano.

La cultura de la muerte ya arrasa en España, pero disconformes con los datos obtenidos por parte de los centros de salud y hospitales, Sanidad incluirá en el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que se celebrará el próximo 16 de diciembre, el protocolo de objetores de conciencia al aborto, ha adelantado Europa Press.

Según ha avanzado Pedro Gullón, director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, «ya está elaborado». Por lo que ahora solo les queda votarlo en el seno de la coordinación entre comunidades autónomas. Es decir, el próximo 16 de diciembre, Sanidad podría tener sobre la mesa un protocolo de objetores de conciencia para que todos los facultativos estén «protegidos» y puedan «decir de forma anónima si son objetores o no». Esto facilitará que se avance «en el derecho al aborto».

En este sentido, Manuel Martínez-Sellés, presidente del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, comentó en una entrevista a El Debate que el derecho a la objeción de conciencia es «un Derecho Fundamental» que está garantizado en la Constitución. Así, ha argumentado que «este derecho no solo no necesita ninguna regulación específica», sino que «no se puede limitar».

Gullón, que ha anunciado este avance en las 'Jornadas por el Derecho a la Autonomía de las Mujeres. Aborto para ser libres y decidir sobre nuestras vidas', también se ha pronunciado sobre la cumbre en contra del aborto celebrada este lunes en el Senado, que, a su juicio, tienen un carácter «muy peligroso».

Asimismo, ha argumentado que, en términos de aborto, España, gracias a la izquierda, «ha avanzado mucho», ya que en 2023, se han producido más de 100.000. Además, ha insistido en la necesidad de «asentarlo y hacerlo efectivo» para que «la vuelta atrás» sea «mucho más difícil».

Por último, el director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, ha apuntado que aunque las competencias transferidas en términos sanitarios están «transferidas a las comunidades autónomas», a nivel estatal tienen «competencias para la coordinación y la organización» y las van «a ejercer».

Por ello, ha garantizado que esto «no es un Estado fascista», por lo que no pueden obligar hacer «lo que queremos». Sin embargo, ha aseverado, «sí podemos ejercer las presiones y ejercer presión» para garantizar el derecho al aborto. Para ello, ha proseguido, «podemos incluso evaluarles» e intentar también ejercer fuerza política para que les dé «auténtica vergüenza no ejercer el derecho».