Muface, un modelo que languidece para júbilo de la izquierda más radical

El 15 de enero el millón y medio de funcionarios que pertenecen a Muface –entre ellos, profesores, policías y el resto de servidores de la Administración Civil del Estado– sabrán cuál será el futuro de su sanidad. Desde los años 70 y hasta ahora gozan de un concierto por el cual pueden optar por asistir a los centros públicos o a médicos y clínicas privadas bajo una de las aseguradoras que tienen a su disposición (Adeslas, Asisa o DKV).

Hasta ese momento continuará la incertidumbre de los funcionarios, que llevan desde hace un año sin saber qué ocurrirá con sus asistencia a partir de enero de 2025. El Ministerio de Función Pública, dirigido anteriormente por José Luis Escrivá y, en la actualidad, por Óscar López, ha tratado de mantener el modelo. Hace unos meses ofrecieron un concierto con una subida de primas del 17,1 %, la mayor de la historia de la mutualidad, pero que no contentó a las compañías. Por ello, se ha llevado a cabo una segunda licitación, esta con una subida del 33,5 % en tres años, que esperan cumpla con las exigencias de las empresas.

Pero llama la atención que, mientras Función Pública trata de conservar Muface –puede que, en parte, porque están en juego 1,5 millones de votos de funcionarios enfadados porque les quitan su sanidad privada– el Ministerio de Sanidad se frota las manos ante su posible desaparición.

Sumar apuesta por la disolución de Muface, Mugeju e Isfas

Y es que el departamento de Mónica García llegó a boicotear las negociaciones de López mediante la publicación de un informe que aseguraba que el Sistema Nacional de Salud (SNS) podría asumir sin problema al millón y medio de mutualistas e incluso se indicaba cómo: en los nueve meses que durase la prórroga del concierto, estos se irían incorporando de manera paulatina.

Con este movimiento, Sanidad quería dejar claro que este sistema puede desaparecer. Y esto sería un sueño cumplido para el partido de García, Sumar, que ya concurrió a las últimas elecciones generales con la disolución de las tres mutualidades de funcionarios (Muface, Isfas y Mugeju) en su programa electoral.

Aunque ahora la ministra diga que su ministerio no tiene «nada que decir» sobre el concierto de Muface, tanto ella como su número dos, Javier Padilla, han expresado en varias ocasiones su disconformidad con la existencia del mutualismo administrativo.

Padilla expresó en la Comisión de Sanidad del Congreso que si se construyera el sistema sanitario «desde cero» sería «incomprensible» que los empleados públicos no fueran atendidos por el sistema público. Asimismo, García lo tildó de «anacrónico» y argumentó que da unas condiciones «que son diferentes del resto de los ciudadanos».

Esta postura difiere con la de los sindicatos de funcionarios, que dentro de su enorme variedad ideológica coinciden en una cosa: mantener la mutualidad. Incluso representantes de Comisiones Obreras, más cercano a partidos como Izquierda Unida o Sumar, se posicionan a favor del concierto sanitario. No obstante, existe una diferencia: sindicatos más alineados con la izquierda responsabilizan de la falta de acuerdo a las aseguradoras y las acusan de querer sacar tajada, mientras que otros más escorados a la derecha descargan la culpa en el Ejecutivo.