Los funcionaros explotan por Muface: «Cuando vienen mal dadas, se nos acusa de privilegiados»

A pocas semanas de que finalice el plazo para adherirse al concierto sanitario de Muface, la incertidumbre es máxima. Tras el anuncio de Adeslas y DKV de no continuar en el modelo, las miradas están puestas en Asisa, única de las tres aseguradoras que aún no se ha pronunciado, así como en otras empresas que hipotéticamente se pudieran presentar, como Allianz.

Pero los funcionarios son los mayores damnificados por esta situación, ya que llevan meses con la espada de Damocles sobre su cabeza. Su sanidad está en juego, ya que desde 1975 y hasta la actualidad han contado con un sistema concertado por el cual reciben asistencia por parte de aseguradoras privadas. El Debate ha conversado con varios mutualistas afectados por la posible quiebra del modelo, así como con el presidente del sindicato ANPE, que ven con preocupación lo que pueda ocurrir en los próximos días –el plazo para adherirse a la licitación finaliza el próximo miércoles–.

Marina García, servidora pública en el Ministerio de Transportes, comenta que le preocupa la situación actual tras la negativa a continuar de Adeslas y DKV y las dificultades que están surgiendo en el sistema. García defiende que la retirada de estas dos aseguradoras no son decisiones empresariales, sino «síntomas de problemas estructurales que deberían abordarse con urgencia».

La funcionaria se muestra intranquila por cómo esta situación puede afectar la calidad del servicio y las opciones disponibles para los empleados públicos: «Aunque entiendo que la Administración debe equilibrar los recursos, es necesario priorizar soluciones que garanticen la sostenibilidad de Muface». Asimismo, espera que esta crisis sirva «como punto de inflexión para fortalecer y mejorar el modelo, garantizando que siga siendo un referente en la prestación de servicios de salud para los funcionarios».

Lorenzo Chedas, maestro, resalta que Muface lleva décadas funcionando «de manera eficiente» bajo gobiernos del PSOE y del PP, «demostrando que es un modelo sostenible y no un privilegio, como algunos quieren hacer ver de forma interesada». Carga especialmente contra Mónica García, ministra de Sanidad, e incide en que el PSOE «no puede ceder ahora ante sus ocurrencias» ya que, como gestiona un ministerio «vacío de competencias» lo único que le queda es «realizar declaraciones incendiarias que ponen en juego la salud de 1,5 millones de personas».

Igualmente, recuerda que no es la primera vez que los funcionarios se sitúan en el punto de mira, y pone de ejemplo los recortes salariales en 2010 o la eliminación de pagas extraordinarias en 2013. «Cuando vienen mal dadas, siempre vuelve el discurso que nos acusa de privilegiados», lamenta Chedas. «Pero que quede claro: no son prerrogativas, se trata de nuestras condiciones laborales, fruto de años de esfuerzo y dedicación al servicio público. Muface no es solo un servicio; es una garantía de calidad y sostenibilidad que no debe ser eliminada por intereses políticos o ideológicos», concluye.

El paso al sistema pública supondrá una «auténtica catástrofe»

Cabe recordar que el 65 % de las personas mutualistas son docentes de educación primaria, secundaria y universitaria. Por ello, el sindicato mayoritario entre los profesores de la enseñanza pública, ANPE, también ha querido hablar con este medio para subrayar las inquietudes de los mutualistas. Su presidente, Francisco Venzalá, ve el panorama como «incierto y muy preocupante».

Venzalá destaca que se ha llegado a esta grave situación «por irresponsabilidad de ambas partes». Por un lado, de una administración que ha mostrado «su ineficacia» y que no ha sido capaz de negociar convenientemente para evitar este desenlace y, en segundo lugar, por la «gran irresponsabilidad» por parte de las aseguradoras. «Nos sentimos rehenes de unas disputas que han acarreado unos altos niveles de ansiedad para los compañeros afectados ya de por sí por dolencias sanitarias. Esa incertidumbre se suma al padecimiento», destaca.

Ante la posibilidad de que los mutualistas se integren el Sistema Nacional de Salud, el presidente de ANPE vaticina que esa migración supondría una «auténtica catástrofe para la sostenibilidad del sistema sanitario español». De igual modo, opina que el futuro de Muface será «el que tenga que ser», pero no se puede hacer un cambio tan drástico «de la noche a la mañana».

Critica también tanto a Mónica García como a Óscar López. De la primera dice no compartir su posicionamiento de acabar con las mutualidades porque sería «un drama absoluto para la sanidad». Tampoco aplauden las diferentes declaraciones de López, ministro del ramo, donde decía que el Gobierno estaba haciendo «un esfuerzo tremendo», ya que resalta que son los funcionarios los que están haciendo un esfuerzo cada mes pagando sus cotizaciones y le reprochan no haber podido evitar llegar a esta dramática situación.

En cualquier caso, todos esperan que Asisa –o bien una aseguradora nueva que se sume al concierto– se adhiera a la licitación y se pueda mantener el modelo de Muface, al menos por tres años más.