Una mujer entra al Centro de Salud de Abrantes, en Madrid
Andalucía y Madrid, las regiones que más funcionarios de Muface acogerían en la sanidad pública
Cerca de 430.000 mutualistas pasarían al Sistema Nacional de Salud solo entre la región andaluza y la madrileña
En solo unas semanas sabremos qué ocurrirá con la segunda licitación de Muface –ya que el Gobierno ha ampliado en 15 días el plazo que vencía el próximo miércoles–, aunque las sensaciones no son especialmente positivas. Adeslas ya anunció a finales de 2024 que no participaría en el próximo concierto, siendo este un gran varapalo para el modelo debido a que es la aseguradora que más funcionarios acoge. Hace tan solo unos días, era DKV la que también se bajaba del barco y declinaba continuar ofreciendo sus servicios sanitarios.
Ahora toca esperar para ver cuál es la decisión de la única aseguradora que aún no se ha pronunciado al respecto, Asisa. Se trata de la última oportunidad para que esta licitación no vuelva a quedar desierta, por lo que esta se halla inmersa en un estudio de los pliegos y de la repercusión económica y logística que tendría asumir el concierto en solitario.
Si Asisa también se retira, existen varias opciones. Por un lado, una tercera licitación y, por otro, el traspaso del millón y medio de funcionarios a la sanidad pública. Esta última idea es la que más fuerza está adquiriendo y la que está entre los deseos del Ministerio de Sanidad que encabeza Mónica García.
De ocurrir esto, Andalucía y Madrid serían las comunidades autónomas más afectadas. Según las estimaciones, Andalucía tendría que integrar a unos 260.000 mutualistas y Madrid a aproximadamente 170.000, lo que supondría un impacto significativo en sus respectivos sistemas públicos de salud.
A finales de 2023, los datos de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) indicaban que 1.537.701 personas estaban registradas, de las cuales el 70 % (1.080.360) eran atendidas por aseguradoras privadas como Adeslas, Asisa y DKV, mientras que el resto (457.307) dependían de la sanidad pública. Sin embargo, en noviembre pasado, ninguna de estas aseguradoras se presentó a la primera licitación del convenio de Muface, declarada desierta por considerarse insuficiente el incremento del 17 % en las primas propuesto por el Gobierno. En la segunda convocatoria, la propuesta gubernamental incluye un aumento del 33,5 %, lo que tampoco parece haber convencido a las compañías.
De no alcanzarse finalmente un acuerdo, los mutualistas previsiblemente perderán su cobertura privada y las comunidades autónomas tendrían que asumir la atención de este millón y medio de personas en el sistema público de salud. Andalucía y Madrid concentran el 40 % de los mutualistas afectados: Andalucía, con 260.845 mutualistas actualmente atendidos por aseguradoras privadas, representa el 24,1 % del total nacional, y Madrid, con 168.287, el 15,6 %.
Otras comunidades también afrontarían un reto significativo. La Comunidad Valenciana (118.471 mutualistas), Cataluña (103.203) y Castilla y León (76.682) asumirían, junto con Andalucía y Madrid, el 60 % de los mutualistas sin cobertura privada, un desafío importante para sus sistemas sanitarios. Además, en términos porcentuales, Ceuta y Melilla tienen la mayor proporción de mutualistas atendidos por aseguradoras privadas, con un 86,4 % y un 85,6 %, respectivamente. Por otro lado, en comunidades como Navarra y Baleares, el reparto entre usuarios de la sanidad pública y privada es más equilibrado.
Preocupación de las comunidades
El impacto en la capacidad de los sistemas autonómicos de salud varía según la región. Un informe del Ministerio de Sanidad de noviembre de 2023 señala que en Castilla y León, Extremadura y Andalucía, el porcentaje de mutualistas privados respecto al total de población atendida por la sanidad pública alcanza el 3,12 %, 3,02 % y 2,94 %, respectivamente. Esto refleja que la integración de los mutualistas podría ejercer una presión considerable en estas comunidades.
Aunque el Ministerio de Sanidad asegura que el sistema público podría asumir a los mutualistas con una gestión adecuada, varias comunidades autónomas han expresado preocupación. En Madrid, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, advirtió que esta transición podría generar tensiones en un sistema público ya saturado. Por su parte, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, garantizó que su gobierno se encargará de proporcionar cobertura a los funcionarios si el modelo de Muface desaparece.
Desde el Ministerio de Función Pública se ha intentado tranquilizar a los mutualistas, asegurando que existen mecanismos legales para prorrogar el convenio vigente hasta que se alcance un nuevo acuerdo, con una orden de continuidad válida hasta abril. No obstante, esas promesas no parecen cumplirse y la incertidumbre sobre el futuro de la cobertura sanitaria de los mutualistas sigue generando inquietud tanto en las comunidades autónomas como en los usuarios afectados.