La bandera y el Big Ben.
Reino Unido apuesta por la IA y la introducirá en los servicios públicos para ahorrar millones de libras
Tal como reflejan los datos desgranados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la adopción total de la inteligencia artificial podría generar hasta 57.000 millones de dólares cada año para la economía de un país
El Gobierno británico ha anunciado esta semana uno de los avances más revolucionarios en todo el mundo y que podría marcar un precedente en lo que a la inteligencia artificial se refiere. En concreto, el Ejecutivo de Keir Starmer anunció este martes la introducción del uso de la IA en los servicios públicos, para modernizar herramientas «arcaicas» que, según el ejecutivo, provocan pérdidas de 45.000 millones de libras (cerca de 55.000 millones de dólares) al año.
«Un nuevo conjunto de herramientas de IA (...) se pondrá a disposición de los funcionarios con el objetivo de modernizar la tecnología» utilizada en la administración «y proporcionar mejores servicios públicos», anunció el gobierno en un comunicado.
El sistema, desarrollado por un equipo especializado del Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología, «debería estar pronto disponible para todos los funcionarios», añadió el ejecutivo, sin detallar el calendario.
El anuncio del Gobierno se basa en un informe de la consultoría Bain & Company, publicado el martes, que dice que las «tecnologías arcaicas» que actualmente utiliza la administración británica están «causando que el sector público pierda 45.000 millones de libras» al año. De hecho, tal como reflejan los datos desgranados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la adopción total de la inteligencia artificial podría generar hasta 57.000 millones de dólares cada año para la economía de un país.
El informe advierte que el uso de tecnología obsoleta conlleva «enormes costes de mantenimiento» y señala que casi la mitad de los servicios públicos en Reino Unido no son accesibles en línea.
Además de la introducción de la IA, el gobierno quiere modernizar el servicio público en general, poniendo fin, por ejemplo, a la obligación de declarar la muerte de un ser querido en persona o promoviendo el intercambio de datos entre los distintos ministerios y con las autoridades locales.