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El Ministro para la Función Pública, Óscar LópezEuropa Press

Óscar López, triunfalista: «El gobierno de España ha salvado el futuro de Muface»

El ministro de Función Pública ha comparecido en el Senado para dar explicaciones sobre la crisis de la mutualidad a petición del Partido Popular

Este martes, en el seno del Consejo de Ministros, el Gobierno acordó modificar la segunda licitación de Muface de manera que se aumentan las primas un 41,2 % en tres años, lo que supone una financiación adicional de 330 millones de euros a distribuir entre sus tres anualidades. Este cambio en las condiciones parece complacer a Adeslas, aseguradora mayoritaria en la mutualidad y que ya había anunciado que no seguiría prestando ese servicio sanitario.

De esta forma, el modelo parece tener asegurada su continuidad y de ello ha hecho gala este miércoles el ministro de Función Pública, Óscar López, en su comparecencia en el Senado.

López ha comenzado criticando el título de la comisión, alegando que de graves consecuencias para los mutualistas «ninguna», porque con la prórroga siguen teniendo el mismo servicio sanitario. A continuación, se ha mostrado completamente triunfalista y ha recalcado que el Gobierno de España «ha salvado el futuro de Muface». «Lo hemos conseguido, hemos trabajado sin descanso», ha comentado el ministro.

López ha incidido en que la primera licitación ya suponía una subida del 17,12 % en dos años, misma cantidad propuesta para Mugeju e Isfas. En el caso de Muface la licitación quedó desierta, cosa que no ocurrió con las otras dos mutualidades.

«Con este Gobierno los mutualistas pueden estar tranquilos tanto dentro como fuera de España», ha enfatizado López. En el caso de la licitación exterior, su plazo sí que vencía el pasado lunes y, tal y como ha adelantado el ministro, sigue adelante debido a que una aseguradora se ha presentado en plazo y ya se está evaluando esa oferta.

De esta forma, López se excusaba de este caos sanitario para los funcionarios al expresar que desde que empezó este asunto ha tratado siempre de «trabajar y trasladar seguridad a los mutualistas». Según ha relatado, la prórroga ha permitido cubrir los servicios a los asegurados y con este trabajo «van a garantizar que este concierto tenga empresas aseguradoras y se pueda presentar por tres años más».

Desde la oposición, varios portavoces han recalcado que sí que ha habido inconvenientes para los funcionarios, ya que algunos hospitales y clínicas han pospuesto tratamientos o citas a expensas de ver qué ocurría finalmente con el concierto sanitario.

La interviniente más dura ha sido Inmaculada Hernández, portavoz del Partido Popular, que ha acusado al Ejecutivo de llevar a cabo en este caso «la improvisación que caracteriza al Gobierno de Sánchez». Asimismo, he hecho referencia a los enfrentamientos entre Mónica García y Ócar López, que tienen ideas opuestas sobre la mutualidad. «Muface es un pilar fundamental para los funcionarios, ¿por qué ha esperado hasta el último momento para presentar una oferta válida para las aseguradoras?», ha inquirido.

López ha invitado a los portavoces a que si quieren discutir cambios sobre el futuro de Muface tendrán que darse en el parlamento, ya que para ello habría que cambiar la ley. Igualmente, ha acusado al PP de infrafinanciar Muface, lo que ha llevado, según él, a la mutualidad al estado actual y a la crisis que ha vivido este año.

Cuatro meses de incertidumbre

Desde la primera licitación, que se aprobó en octubre y terminó quedando desierta, el millón y medio de mutualistas y beneficiarios ha estado sumido en la incertidumbre. Los servidores públicos no sabían si el Gobierno iba a mejorar las condiciones para que las aseguradoras aceptasen o, por contra, seguirían la doctrina de Mónica García, que quiere desmantelar el modelo.

Esta situación ha terminado por hartar al sector, que se ha echado a la calle convocado, por un lado por CSIF, y por otro, por una plataforma que agrupa varios sindicatos –entre los que se encuentra UGT, CC.OO., ANPE o los sindicatos policiales–.

De hecho, CSIF mantiene una huelga convocada para el próximo 13 de febrero hasta que se conozca si el modelo sanitario está asegurado. Un paro al que están convocados 1,5 millones de personas entre docentes universitarios y no universitarios, personal de la Administración General del Estado o trabajadores de Correos, entre otros.

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