Vista aérea de la presa de Los Toranes, en Teruel
La presa de Los Toranes se deberá demoler e Iberdrola correrá con los costes
El Tribunal Supremo establece que, cuando se extingue una concesión hidroeléctrica, la empresa concesionaria tiene que hacerse cargo de los costes de demolición de las instalaciones
Iberdrola deberá asumir los costes económicos del derribo de la presa de Los Toranes (Teruel), según una sentencia del Tribunal Supremo que establece que, al extinguirse una concesión hidroeléctrica, la empresa concesionaria debe hacerse cargo de los gastos de demolición de las instalaciones.
Fuentes de la compañía indicaron a Efe que «acatan la decisión» del Supremo, mientras que Ecologistas en Acción ha subrayado que «esto podría afectar a docenas de presas en los próximos años».
El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) aprobó en noviembre de 2020 la demolición de esta presa «obsoleta», tras vencer en 2018 el plazo de la concesión, con el objetivo de regenerar el río Mijares y garantizar un caudal suficiente para reconectar y alimentar varios espacios naturales protegidos de la Red Natura 2000.
Iberdrola recurrió entonces al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), solicitando no hacerse cargo de la demolición, pero el TSJM falló en su contra y la energética elevó el recurso al Tribunal Supremo, que esta semana también ha rechazado sus pretensiones.
La compañía argumentaba que la concesión establecía que, al finalizar, las instalaciones revertirían al Estado, por lo que consideraba que debía ser el erario público quien costease el derribo.
La sentencia del Supremo, a la que ha tenido acceso EFE, señala que la «obligación de demolición al término de la concesión y a costa del concesionario se justifica, tal y como motivó la modificación normativa del año 2012, por la necesaria protección del dominio público».
Dictada con fecha de 2 de julio y notificada a las partes el 12 de julio, la sentencia fija como doctrina que «la obligación de demolición de lo construido en dominio público puede ser impuesta por la Administración hidráulica, como condición, en la resolución que acuerda la extinción de un título concesional que no contempla aquella, a fin de evitar perjuicios a terceros y/o al interés público».
Tras acatar la sentencia, Iberdrola ha resaltado la «preocupación generalizada que hay en las comunidades y en los pueblos afectados por la posible pérdida de estas infraestructuras de gran importancia en un país seco como España».