Fuentes sindicales de EFE afirman que la agencia está en pie de guerra por la difusión de bulos
La credibilidad de la agencia se ha visto mermada después de difundir en sus redes sociales dos informaciones falsas en una semana
El enfado es mayúsculo en la plantilla de EFE después de los dos recientes errores en las redes sociales de la agencia que llevó a informar un accidente de helicóptero en la Torre de Cristal de Madrid que nunca se produjo y la muerte del escritor Fernando Aramburu, noticia también falsa.
Según ha podido saber El Debate, EFE está en pie de guerra, y no sólo por el descrédito que supone difundir dos bulos tan burdos en un momento en el que el gobierno afirma luchar contra la desinformación, sino por la manera en que la dirección y presidencia de la agencia han tratado de escurrir el bulto achacando los errores a fallos técnicos, lo que apunta directamente a la plantilla.
En la redacción de EFE hay preocupación por el descrédito de la agencia, inmersa en una crisis financiera crónica.
Los redactores ven cómo a informaciones muy elaboradas, con mucho trabajo de documentación y amplia cobertura gráfica, no se les da la merecida importancia y se limitan al hilo regional y no al nacional, porque no se consideran suficientemente importantes. En cambio, se difunden bulos en redes sociales de la agencia alegremente sin la necesaria comprobación de fuentes.
El malestar en la plantilla es generalizado: no se dan informaciones muy trabajadas o no se rebotan al hilo nacional y, luego, se cuelan «fakes».
La celebración de los 85 años de la agencia EFE quedará marcada por el caos, los errores y la sombra de manipulación política en la agencia pública.
Los dos errores (en realidad tres) en menos de una semana han minado gravemente la credibilidad de la agencia. El 14 de noviembre el perfil de Twitter de EFE daba por error la alerta del accidente de helicóptero en el rascacielos madrileño.
Lo sorprendente es que las oficinas de la agencia están junto al distrito de negocios de las cinco torres y habría bastado con asomarse a la ventana para confirmar la noticia.
Pocos días después, el 19 de noviembre, también en Twitter, EFE publicaba la alerta de la muerte por infarto del escritor Fernando Aramburu. La noticia era falsa y la había publicado una cuenta «fake» de Twitter que se hacía pasar por la Editorial Tusquets, donde publica el autor de Patria. Una simple llamada telefónica a la editorial habría sido suficiente para comprobar que se trataba de un bulo.
Hubo un tercer error, también el 14 de noviembre, que, pese a su gravedad, pasó más desapercibido, y fue el anuncio de la muerte del periodista Sebastián García Casado, quien en realidad falleció hace cinco años.
Estos errores minan aún más la viabilidad de una agencia de más de 1000 empleados, con un presupuesto anual de 53,9 millones de euros y pérdidas anuales de 18 millones de euros en 2023.
La agencia tuvo que ser rescatada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en 2021 con 15 millones de euros para evitar su causa de disolución, y en 2024 con 25,7 millones de euros, lo que suma casi 41 millones de euros inyectados en EFE para evitar su quiebra.
La situación económica de EFE es catastrófica, y la falta de credibilidad de la agencia debido a los recientes errores acumulados no hace más que agravar una situación en un contexto, según fuentes sindicales, de pérdida de confianza de los abonados, que lleva a bajas continuadas, y un serio malestar en la plantilla.
Según dichas fuentes sindicales consultadas por El Debate, los ánimos en EFE están muy tocados por los últimos errores, y no tanto por los errores en sí, sino por el modo en que ha reaccionado la dirección de la agencia, atribuyendo la difusión de bulos a «fallos técnicos».
Sin embargo, no se ha tratado de fallos técnicos. Las fuentes sindicales de la agencia consultada atribuyen la difusión de noticias falsas al descontrol en el equipo de contenidos digitales de EFE, que es donde se deberían exigir las responsabilidades, departamento con un altísimo número de rectificaciones.
En el caso concreto del falso accidente de helicóptero en la Torre de Cristal, explican a El Debate las fuentes sindicales, un alumno redactó esa noticia ficticia como parte de un trabajo del máster de EFE y lo colgó en la plataforma interna de la agencia, el PMU, al que tienen acceso todos los miembros de la plantilla.
Alguien en contenidos digitales vio la noticia ficticia sin publicar en el sistema y, sin preguntar al autor, colgó el titular en el perfil de Twitter.
El mismo día de ese grave error, con la agencia metida de lleno en una crisis de reputación, la presidencia y dirección de la agencia se fue de celebración por los 85 años de EFE, celebración a la que, además, no se invitó a la plantilla.
En el caso del bulo de la muerte de Aramburu, la misma fuente señala que alguien de contenidos digitales vio la noticia en el falso perfil de Tusquets y, sin preocuparse en comprobar si era un perfil real o no, y sin contrastar la información, la publicó en Twitter. El mismo error en dos ocasiones con unos pocos días de diferencia.
El escándalo fue mayúsculo. El presidente de EFE, Miguel Ángel Oliver, tuvo que pedir perdón por la publicación de las dos noticias falsas desde México, donde se encontraba de viaje y, desde México por videoconferencia, convocó al Consejo de Administración.
Una decisión que sumó más indignación en la plantilla de EFE. ¿Por qué al Consejo de Administración y no al Consejo de Redacción?
La fuente sindical consultada por El Debate explicó que la excusa para no hablar con el Consejo de Redacción es que se encuentra en elecciones.
Por otra parte, los miembros del Consejo de Administración, compuesto por todos los jefes de prensa de los diferentes ministerios del gobierno, reciben dietas cada vez que se convoca. Por lo tanto, asegura la fuente, cobrarán sus dietas correspondientes por esa convocatoria extraordinaria y cobrarán las dietas correspondientes a la convocatoria ordinaria.
Estos gastos no hacen más que aumentar el descontento, pues se ven como superfluos en un contexto de pérdidas anuales de 18 millones de euros.
La situación se traduce en una pérdida absoluta de credibilidad. No se trata sólo de la difusión de bulos por error, algo todavía más grave si se tiene en cuenta que la agencia cuenta con un departamento de verificación que funciona con subvenciones.
El problema añadido es que se ha instalado un sesgo político en la agencia que lleva a adjetivar a determinados partidos políticos y a otros no, algo que va en contra del libro de estilo de EFE.
Así, se califica de ultraderechista a políticos como Giorgia Meloni, sin importar que sea primera ministra de Italia, o a Vox, pero no se llama extrema izquierda a los partidos situados a la izquierda del PSOE.
La inestabilidad en el gobierno de EFE es constante. A la sucesión de presidentes en los últimos años se le suma un abandono en la dirección: nadie sabe realmente quién manda en la agencia.
El actual Miguel Ángel Oliver fue nombrado por designio de Pedro Sánchez. Antes, entre 2018 y 2021, había sido secretario de Estado de Comunicación del gobierno socialista. ¿Puede alguien con esos antecedentes políticos garantizar la independencia e imparcialidad de EFE?
¿Puede una agencia presidida por el exsecretario de Estado de Comunicación investigar e informar presuntos casos de corrupción política como los que afectan a la esposa y al hermano del presidente?
Oliver sucedió en el mando de EFE a Gabriela Cañas, y esta sucedió a Fernando Garea. El caso de Garea es paradigmático de la actual deriva de la agencia. Nombrado también por el gobierno de Sánchez, Garea trató de mantener la independencia de EFE frente a los intentos de Moncloa de convertir EFE en un órgano de comunicación corporativa del gobierno.
Esa pretensión de imparcialidad e independencia le valió el puesto. Garea fue fulminantemente destituido. La noticia la comunicó el mismo secretario de Estado de Comunicación, que hoy ocupa la presidencia de EFE, Miguel Ángel Oliver.
En su carta de despedida a los trabajadores, Garea subrayó lo obvio: «EFE es propiedad de la sociedad en su conjunto» y «una agencia pública de noticias no es una agencia de noticias del Gobierno, ni siquiera una agencia oficial».