Un juzgado admite la querella contra Rubiales y Piqué por las irregularidades en la RFEF

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Majadahonda (Madrid) ha admitido una querella contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y contra el jugador del Fútbol Club Barcelona y propietario de la compañía Kosmos Global Holding, Gerard Piqué, por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, firmado por la titular del Juzgado, Delia Rodrigo, que ha decidido la apertura de diligencias previas a raíz de la querella interpuesta hace un mes contra Rubiales y Piqué por el dirigente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE), Miguel Ángel Galán, a quien la magistrada emplaza a depositar una fianza de 10.000 euros si quiere ejercer como acusación popular en la causa.

La jueza de Majadahonda señala en el auto, que ha sido dictado este lunes, que los hechos denunciados por Galán «revisten los caracteres de un presunto delito de Administración desleal y corrupción en los negocios», si bien acuerda abrir diligencias previas al no estar «determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido».

Al mismo tiempo, la magistrada indica que remite las actuaciones a la Fiscalía Anticorrupción para que le informe sobre si el juzgado es competente para seguir adelante con la investigación. Precisamente, Anticorrupción abrió en mayo diligencias por presuntas irregularidades en la gestión de Rubiales al frente de la RFEF y a partir, entre otros temas, del contrato para que la Supercopa de España se dispute en Arabia Saudí con la mediación de Piqué.

En la querella, a la que tuvo acceso esta agencia, Galán apunta a las comisiones cobradas por la RFEF y la empresa de Piqué por disputar la Supercopa de España en Arabia Saudí. Y sobre Rubiales fija la atención en una ayuda mensual a su vivienda, un viaje a Nueva York, presuntas grabaciones a ministros del Gobierno y el supuesto encargo a detectives para investigar a líderes sindicales.

Una querella que se sumó a la ya presentada, ante los juzgados de Plaza de Castilla, por el sindicato Manos Limpias. Lo más probable es que una vez admitida a trámite la de Galán, ahora la Fiscalía tenga que remitir al juzgado de Majadahonda lo que ha investigado.

Alarma e interés social

Estos presuntos hechos han tenido, según la querella de Galán, una repercusión «sin precedentes» en los medios de comunicación que ha llegado hasta las Cortes para que el Gobierno ayude a «esclarecer los hechos». «La alarma y el interés social es evidente», subraya.

Galán solicitó al juzgado que por turno correspondiera la citación «urgente» tanto de Rubiales como de Piqué para que declaren como investigados e incorporar a la investigación las diligencias abiertas por la Fiscalía Anticorrupción tras la primera denuncia de Galán, registrada en abril y que ya cuenta con varias ampliaciones.

Según la querella, Rubiales y Piqué urdieron un «plan para lucrarse» con el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí a cambio de 24 millones de euros, ocultando «contumazmente» las comisiones, que «disfrazaron documentalmente aparentando que el pago se producía por un tercero». «Los querellados iniciaron su plan en unidad de interés, colaborando entre ambos de tal forma, que en ocasiones no resultaba sencillo dirimir cuál de ellos era el presidente y cuál era el aparente comisionista», menciona.

En el escrito, Galán afirma que el objetivo de Rubiales y Piqué, actual capitán del Fútbol Club Barcelona, era «hacer negocio», aunque desconocían «qué», «cómo» o «dónde»: «Lo que sí sabían y querían era hacerlo juntos», resalta el querellante.

«Ocultar la comisión»

Rubiales «no quería» que aparecieran en «ningún documento» los 24 millones de euros que iba a cobrar Piqué por mediar en la operación. Para Galán, el uno con el otro se «habían confabulado» con el fin de «ocultar» la comisión, «haciéndola opaca no solo a la sociedad española, sino también a todos los órganos internos» de la RFEF «que pudieran impedirles la comisión de sus actos», como si no existiera.

«En unas relaciones en las que se hubiera ejercido el cargo de Presidente de la RFEF debidamente, habría que preguntarse cuál puede ser el motivo de planear con un jugador en activo las artimañas para que una competición se juegue en Madrid o Barcelona u otro estadio o para que el Presidente cuide de mejorar los ingresos de un club (el Barcelona) en perjuicio de su administrada, la RFEF», apunta, ante la opción de que el torneo se jugara en un principio en Barcelona.

Otro de los puntos recogidos en la querella es el supuesto encargo desde la Federación de Fútbol a una agencia de detectives para «espiar» al presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, un trabajo que habría sido pagado «a través de una sociedad instrumental». «Los seguimientos costaron 11.764 euros, pero no los abonó» la RFEF, «sino una mercantil dedicada a la promoción inmobiliaria que pertenece a un abogado externo y que cobra regularmente del organismo» federativo, señala.

Galán asegura que si Rubiales encargó espiar a David Aganzo, uno de los líderes sindicales, para «beneficio propio», a través de una «empresa interpuesta o pantalla» para ocultar la «evidente falta de legitimidad en la invasión de su intimidad» y a cargo de fondos de la RFEF, estas son unas conductas «muy graves» y «delictivas».

El tercero de los motivos que componen la querella es si el presidente de la RFEF se embolsó de modo «irregular» una ayuda por vivienda de 3.100 euros al mes durante «al menos» nueve meses. Mientras que el cuarto y último punto versa sobre un viaje «de asueto» de Rubiales a Nueva York costeado «indebidamente» por la Federación, «aprovechando su poder» y camuflado como «de trabajo».

Por estos motivos, Galán cree que Rubiales habría incurrido en administración desleal por las pérdidas de dinero que habría ocasionado a la RFEF, al tiempo que hace extensible al futbolista y empresario Piqué la presunta corrupción en los negocios.