La devastadora política económica de Sánchez resucita la prima de riesgo

Desde que fue investido presidente del Gobierno, tras la moción de censura de mayo de 2018, Pedro Sánchez ha aplicado una política económica que se ha alejado de los parámetros establecidos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea, relativo a las condiciones para mantener una convergencia económica que hiciese posible la convivencia armónica de los países que integran el euro en materia económica, elemento imprescindible al haber entregado todos ellos la política monetaria y mantener la política fiscal.

Esos criterios nunca fueron un capricho, sino la forma de asegurar que las medidas de política monetaria que tomase el Banco Central Europeo, que lo hace en función de lo que más conviene a la media de la eurozona, afectasen a todos los países por igual; la única manera de garantizarlo era que todos los países se comportasen de manera muy similar.

Sin embargo, desde que Sánchez fue elegido, la política económica de España sufrió un cambio completo: modificó los objetivos presupuestarios para 2018 y 2019 y elevó el gasto. Eso hizo, por ejemplo, que el objetivo de déficit para 2019 negociado por Rajoy con Bruselas, que era del 1,3%, pasase a ser del 2 % al llegar Sánchez. No obstante, el incremento que Sánchez le imprimió al gasto fue tal que la UE siempre consideró que el déficit sería todavía mayor, cerca del 2,2 %. El propio Banco de España llegó a estimar un 2,5 %.

Entre esos gastos, se incluyen todas las rigideces que fue introduciendo Sánchez, la mayoría en los consejos de ministros de los viernes, que él llamó sociales y la oposición tildó como electorales. Todas esas medidas incrementaban el gasto en 9.025 millones de euros, con el siguiente desglose:

• Igualdad: 1.000 millones.

• Estiba: 225 millones.

• Flexibilización del gasto de Corporaciones Locales: 6.200 millones (la suma del superávit de las CCLL, que ahora, con la flexibilización, iba a permitir gastar en 2019 y que ahora, con la crisis del coronavirus, les niega para compensar el déficit de la Administración General del Estado a la hora de presentar el saldo conjunto del Reino de España).

• Ayuda a mayores de 52 años paro de larga duración: 1.600 millones.

Adicionalmente, la subida artificial del salario mínimo un 22,3 % en 2019, más el incremento de 2020, destruyó empleo (casi 205.000 afiliados a la Seguridad Social en enero de 2020), que sólo por estabilizadores automáticos incrementó el gasto (más prestaciones por desempleo) y disminuyó los ingresos (caída de recaudación por menor actividad), elementos que agrandaron el déficit. Posteriormente, siguió subiéndolo: primero, a 950 euros; después, a 965 euros; y, ahora, reincidiendo en el grave error, hasta los 1.000 euros.

Así, en cuanto al déficit, del 1,3 % pactado con Rajoy y el 2 % anunciado por Sánchez, España comunicó un déficit del 2,64 %. Sin embargo, pocos días después Eurostat se lo corregía a 2,82 %, en un hecho poco común, que debilitó aún más la credibilidad del Gobierno.

Todo ello hizo que Sánchez sobrepasase el objetivo acordado por Rajoy con Bruselas en 1,52 puntos porcentuales, equivalente a 18.913 millones de euros. Es decir, las medidas de dichos viernes tensaron el gasto, pero no sólo ello, sino que mantuvo una política de aumento estructural del gasto, como el abandono del factor de sostenibilidad de las pensiones y su retorno a la indexación al IPC, que aumentaba el déficit de la Seguridad Social y, al agregarlo, el del conjunto de España, además, de manera estructural.

De nada sirvió que Bruselas le pidiese que redujese 0,65 puntos el déficit estructural, pues el mejor resultado de España –o el menos malo– se debía al ciclo económico y su mayor recaudación, lo que dejaba a España más vulnerable en cuanto cambiase el ciclo económico: Sánchez nunca lo redujo. Es más: Sánchez ha aumentado el déficit estructural español hasta el 5,5 % del PIB.

Con la crisis del coronavirus, Sánchez actuó tarde y mal en las medidas de prevención, que podría haber adoptado en enero, de manera que con medidas más suaves habría podido evitar tanto contagio y el colapso de la sanidad, lo cual habría impedido que falleciesen tantas personas y no habría sido necesario cerrar la economía. Sin embargo, su imprevisión le llevó a decretar el cierre productivo de casi toda la actividad económica. Su lento plan de reapertura, la inseguridad jurídica creada al hablar el Gobierno entonces de nacionalizaciones –Iglesias y Garzón–, de subida de impuestos –que afectan negativamente a la economía–, la contrarreforma laboral, y el gasto desmedido, junto con una política energética absurda, que se niega a apostar por la energía nuclear, hacen que la recuperación española sea menos intensa y más tardía que la de nuestros socios de la UE, que unido a la más baja productividad de la economía española, unido a la merma en la competitividad por los precios industriales derivados del incremento energético, y de la subida del salario mínimo antes citada, provocan que el mercado de trabajo se resienta más que el del resto de países comunitarios. Bruselas le pide reformas estructurales y Sánchez les muestra una involución en las reformas existentes, como ha sucedido en el caso de la contrarreforma laboral. Mal camino para remontar.

Todo eso, dibuja una senda económica complicada, que vive anestesiada por el gasto público, que enquista, así, el problema. Sánchez confía en que los fondos europeos le den oxígeno hasta el final de la legislatura, porque sabe que ha dejado muy frágil a la estructura económica española, fruto no sólo de la crisis del coronavirus, sino de la intensa ralentización existente antes de dicha crisis y de las malas expectativas generadas y el freno completo a la actividad y al empleo ocasionados por la equivocada gestión del Gobierno.

Así, desde que gobierna Sánchez, estos son los resultados económicos:

• La creación de empresas cae un 4,9 %.

• Las empresas disueltas aumentan un 100,1 %

• El índice de producción industrial es un 11,5 % menor.

• El número de viajeros es un 51,5 % inferior, y las pernoctaciones es un 58,7 % menor.

• La inversión extranjera se reduce un 69,8 %.

• El número de parados aumenta un 18,6 %.

• Hay una deuda 266.460,1 millones más que entonces.

En definitiva, la situación es preocupante. Es cierto que gran parte de esos datos –fundamentalmente, los relativos al turismo– se han visto deteriorados por la crisis derivada del coronavirus, pero eso no quiere decir ni que la economía no estuviese ya empeorando antes ni que el agravamiento no sea responsabilidad del Gobierno.

Si nos comparamos con otros países de la UE, con Estados Unidos o con el Reino Unido, observamos tres cosas: la primera, que la economía española va a ser la última que recupere los niveles anteriores a la pandemia. La segunda, que va a ser la que deje en una situación más delicada a su economía, con un alto gasto y déficit estructurales, fuerte endeudamiento y un incremento de impuestos contraproducente para la actividad económica y el empleo. En tercer lugar, derivado de las dos anteriores, una menor confianza en la economía española, que se traduce en un incremento de la prima de riesgo.

La equivocada política económica de Sánchez –dirigida por Calviño– nos ha traído, de nuevo, la importancia de la prima de riesgo con Alemania, medida como la diferencia entre las rentabilidades del bono a diez años de ambos países. A cierre de la semana pasada (11-2-2022), sólo en el último año ha aumentado en 27 puntos básicos, y sólo en lo que llevamos de año lo ha hecho en 10 puntos básicos, para situarse en un diferencial con Alemania de 83,7 puntos básicos. Y esto en un entorno de tipos bajos, de manera que el porcentaje de rentabilidad que paga España respecto a Alemania es elevadísimo: si Alemania está pagando una rentabilidad del 0,288 y España lo está haciendo con un 1,1255 %, está multiplicando casi por cuatro dicha rentabilidad.

Eso no tendrá impacto inmediato gracias al alargamiento de la vida media de la cartera de deuda por parte del Tesoro, pero sí en las nuevas emisiones de deuda, elemento que compromete la estabilidad de la economía en el medio y largo plazo.

Sánchez dejará una situación que, si no rectifica de inmediato, será mucho peor incluso que la de 1996 y 2011, porque la base estructural de la economía habrá quedado mucho más dañada y sin margen en el terreno de la deuda, especialmente en cuanto el BCE deje de comprar deuda y vuelva a una política monetaria más ortodoxa y restrictiva. Primero, la inflación mermará el poder adquisitivo de los ciudadanos y la competitividad de la industria española; después, la contracción monetaria necesaria por la inflación desmedida que han incentivado políticas de gasto sin límite como la de Sánchez, mermará la capacidad económica de los ciudadanos al aumentar la cuota hipotecaria. Todo ello, en un contexto de disminución de la renta disponible de los españoles debido a la subida masiva de impuestos del Gobierno.

José María Rotellar es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria