La armonización de impuestos y el consejo del aconsejado

Decía José María Pemán del Consejo Nacional del Movimiento que era «un órgano colegiado que se reúne de vez en cuando para escuchar lo que dice el aconsejado». Salvando las distancias y diferencias referentes al tipo de organismo y a la diferencia entre un régimen autoritario y uno democrático, alguien podría decir o, al menos, pensar, que se repite el consejo del aconsejado ahora, entre el Gobierno y el comité de expertos que tiene que proponer el diseño de reforma fiscal, trabajo que le encargó el Gobierno.

Y alguien podría pensarlo porque la similitud entre los deseos del Gobierno y las recomendaciones que se van filtrando del comité de expertos es como la de dos gotas de agua. No se entra en la posible contribución a la solidaridad de las regiones forales –que eso no implicaría acabar con su régimen foral recogido en la Constitución, sino sólo que cumpliesen con otro precepto constitucional, que es el de la solidaridad interregional–, y se propone una armonización de diversos impuestos, entre ellos, el Impuesto de Patrimonio, imponiendo unos mínimos en todas las regiones de régimen común, superando el carácter transitorio con el que fue suspendida en 2011 la exención del impuesto que impulsó Solbes en 2008. Ahora, quieren convertir la eliminación de dicha exención en algo permanente.

Junto a ello, parece que considerarán perjudicial para el resto de regiones la política tributaria de la Comunidad de Madrid, en línea con las acusaciones del Gobierno contra Madrid, a la que acusa de «dumping fiscal».

Como digo, la coincidencia es tal entre los deseos del Gobierno y lo que parece que serán las conclusiones mayoritarias del comité de expertos que sobrevuela la idea antes mencionada del «consejo del aconsejado». No sé si será así, pero la coincidencia es sorprendente, como lo son las dos dimisiones del comité de expertos, unida a la de la anterior Secretaria de Estado de Hacienda. Todo es extraño. En todo caso, si el Gobierno quiere imponer su criterio podría hacerlo dejando trabajar libremente al comité de expertos; basta con no aplicar lo que no le guste del informe. No es la primera vez que pasaría: los consejos se dan para ser evaluados y que el aconsejado tome la decisión final. No hay nada raro en no ejecutarlos. Lo que sería muy raro es que los consejeros siguiesen el consejo del aconsejado, cosa que esperemos que no ocurra.

Todo esto debe enmarcarse en el hecho de que el Gobierno del presidente Sánchez está empeñado en conseguir acabar con el espacio de tributos bajos que tiene la Comunidad de Madrid. No es que Madrid tenga unas competencias que no posean Extremadura, o Castilla-La Mancha o cualquier otra comunidad autónoma, o que no poseyese Andalucía cuando allí gobernaban los socialistas, con Montero como consejera de Hacienda varios años. Lo que pasa es que el Gobierno de la nación, con Montero al frente, ha emprendido una especie de cruzada contra las regiones que bajan los impuestos a los ciudadanos.

Es cierto que no lo está teniendo fácil para argumentarlo, porque al principio dijo que Madrid recibía menos dinero del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) en la sorprendente –por inédita– actualización de las entregas a cuenta en la prórroga de octubre de 2019, debido a que Madrid había bajado el IRPF. Sin embargo, en el desglose Madrid recibía más fondos por IRPF (casi 89 millones) por haber incrementado la recaudación en esa figura tributaria gracias a una mayor actividad.

Después dijo que tiene que haber una fiscalidad justa porque las regiones ricas tienen que aportar para financiar los servicios esenciales de las regiones con peor marcha económica, pero ahí volvió a pinchar en hueso: Madrid es, de largo, la que más aporta al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Esenciales, para que esas regiones con menor capacidad económica puedan prestar los servicios, sanitarios, educativos o sociales.

Es más, a través del tope establecido en la DT Séptima.8 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre del SFA, todos los años la Administración General del Estado se queda con entre 500 y 750 millones de euros que le corresponden a Madrid por el fondo de competitividad y que por dicho tope, establecido pensando en su día para que Madrid no lo recibiese, se queda el Gobierno central, con lo que Madrid es solidaria hasta con Montero y sus cuentas.

Y por último, acusó Madrid de «dumping fiscal» y de verse favorecida por el efecto capitalidad, pero, sin embargo, todas las regiones de régimen común –y las forales, más– tienen la misma capacidad que Madrid para subir o bajar impuestos; y en cuanto al efecto capitalidad, Madrid no siempre ha ocupado un lugar tan destacado como ahora, y, sin embargo, alberga la capital desde que Felipe II la situó en Madrid –con la excepción de los pocos años en los que Felipe III se llevó la Corte a Valladolid, para, luego, volver a situarla en Madrid–.

En lugar de copiar a Madrid y bajar impuestos para incentivar la actividad y, con ella, el empleo, quieren que Madrid los suba. En lugar de que se pueda competir fiscalmente y procurar la corresponsabilidad fiscal, quieren que Madrid los ponga al mismo nivel que el resto, para que a nadie le saquen los colores. Y en lugar de aplaudir dicha corresponsabilidad y solidaridad de Madrid con el resto de autonomías, se acusa a la región madrileña de competencia desleal en términos tributarios.

Ya sabemos que a la ministra Montero y a todo el Gobierno de Sánchez les gustaría que Madrid tuviese que aplicar un sistema casi confiscatorio, que es ni más ni menos que el sistema tributario que Montero tenía impuesto en Andalucía:

• Un IRPF casi cinco puntos superior al de la Comunidad de Madrid.

• Un Impuesto de Sucesiones confiscatorio hasta que tuvieron que suavizarlo para sacar adelante los presupuestos regionales, pero que seguía en tasas elevadísimas al sobrepasar el millón de euros, hasta la rebaja fiscal actual del PP.

• Un Impuesto de Donaciones igualmente confiscatorio, con tipos muy elevados.

• Un Impuesto de Transmisiones Patrimoniales cuatro puntos superior al de Madrid.

• Un Impuesto de AJD que era el doble que el de Madrid.

• Un Impuesto de Patrimonio que llegaba a aplicar con los socialistas el 3 % en Andalucía, frente a la completa exención en la Comunidad de Madrid.

Ése es el modelo que quiere imponer el Gobierno. Un modelo en el quieren gravar con fuerza las Sucesiones de personas que hayan trabajado duro y acumulado una vivienda en Madrid desde hace más de cincuenta años y unos ahorros conseguidos con esfuerzo a través de toda una vida laboral, con el agravante de que lo que ha permitido generar el hecho imponible habrá estado gravado antes hasta en dos ocasiones: por renta y por patrimonio.

Un modelo en el que quieren subir el impuesto de la renta a toda la clase media, que es la base sobre la que se sustenta la recaudación del impuesto.

Un modelo que querría gravar la compra de una vivienda de segunda mano cuatro puntos más, con un coste adicional de hasta 12.000 euros para una vivienda de 300.000 euros.

O el modelo al que le gustaría elevar el coste de AJD –que aunque Sánchez haya hecho sujeto pasivo a los bancos, termina siendo repercutido a los clientes, con lo que la subida del impuesto también lo pagarían los ciudadanos– al doble que el coste que supone ahora.

Y un modelo que hará que los madrileños paguen impuesto de Patrimonio, que es arcaico e injusto, pues nació como impuesto de control y ha acabado siendo confiscatorio, para satisfacer a los independentistas catalanes, que no son capaces de gestionar adecuadamente, que es el motivo por el que cada vez pierden más contribuyentes, no porque Madrid sea desleal.

Con ello, tratará de impedir que los madrileños puedan seguir ahorrándose una importante parte en impuestos, que les ha permitido hasta ahora destinar a mayor consumo e inversión, que ha hecho posible, así, contar con un mayor crecimiento económico y empleo y, a través de este mayor crecimiento de Madrid poder ser más solidario con el resto de regiones. Por tanto, la medida es también contraproducente para el resto de CCAA, porque si se empobrece Madrid con una subida de impuestos obligada, se empobrecerá el resto al tener menos fondos Madrid para repartir con las demás.

Con ese acoso fiscal a Madrid, cambiando la normativa para obligarle a subir impuestos, al tiempo que Sánchez suba todo lo que sea competencia estatal, hará que los madrileños tengan que pagar casi 1.900 euros más al año cada uno en impuestos, que se compone de los 1.150 euros anuales que se ahorra cada madrileño por las rebajas de impuestos regionales, más los 735 euros por el ahorro en el IRPF estatal producido por las rebajas aplicadas cuando el PP estuvo en el Gobierno de la nación.

Ese ahorro es notable, por ejemplo, en IRPF, respecto a lo que pagaría un contribuyente madrileño de aplicarse en Madrid el tipo nacional, más alto, que llega a suponer un ahorro del 49,61 % sobre lo que supondría aplicar el tipo nacional para rentas inferiores a 27.686,64 euros.

Es decir, que los socialistas se quitan ya para siempre aquella careta impostada de Zapatero donde decía que «bajar impuestos era de izquierdas», cosa que enseguida se vio que era falso, para aplicar la más rancia política intervencionista de derroche en el gasto, impuestos altos, déficit recurrente y creciente, deuda abultada y, con todo ello y con la intromisión en la actividad económica, poner, así, trabas al crecimiento económico.

Eso no tiene sentido: el modelo de Madrid funciona –ahí están todos los datos económicos y de empleo, que lo demuestran–. En lugar de obligar a Madrid a que suba los impuestos, deberían animar a las demás CCAA a que compitiesen con Madrid en mejores servicios, gasto eficiente e impuestos bajos. Es la base de la corresponsabilidad fiscal, pero parece que el Gobierno sólo quiere que las regiones utilicen su capacidad normativa tributaria en un sentido: el de subir impuestos.

Al final, parece que los que creen menos en el Estado de las autonomías y en la corresponsabilidad fiscal son este PSOE y los independentistas, al tratar de someter al que, en ejercicio de sus competencias, como Madrid, opta por una política económica distinta. Esto no debería tratarse de una cuestión ideológica, sino de pragmatismo y de respetar el Gobierno elegido para aplicar en su margen competencial la política tributaria que cree más útil, pero parece que no van a dejar que sea así, aunque no se atrevan a hacerlo directamente ellos, sino que se parapeten tras un comité de expertos que acumula dimisiones, seleccionados de manera muy sesgada y que, ahora, curiosamente parece que van a decirle al Gobierno lo que éste quiere oír.

José María Rotellar es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria