Sueldos, dividendos y ayudas, así es el pacto de rentas del Gobierno para detener la inflación

Para evitar entrar en una espiral inflacionista, el Gobierno plantea a patronal y sindicatos un «pacto de rentas», instrumento todavía por definir pero que a priori supone un llamamiento al acuerdo en materia de sueldos, rentas empresariales y apoyos a colectivos vulnerables.

Así lo explican fuentes gubernamentales, que enmarcan la iniciativa dentro del Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra en Ucrania que presentó el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el pasado 2 de marzo.

Proyecto incipiente

Diferentes analistas y expertos han elucubrado en los últimos días sobre qué podría incluir el citado pacto; de momento el Gobierno explica que si no existe concreción es porque se trata de un proyecto todavía incipiente y abierto a propuestas, centradas eso sí en intentar evitar los llamados «efectos de segunda ronda» en materia de inflación, alargando la subida de precios en el tiempo.

No obstante, en un principio el acuerdo se circunscribiría según estas mismas fuentes al ámbito salarial, las rentas empresariales (como el reparto de dividendos) y las ayudas públicas a los colectivos más perjudicados por el encarecimiento de la energía.

En materia de sueldos, patronal y sindicatos negocian ya sobre los convenios colectivos con la idea de que éstos recojan subidas que compensen -falta ver si parcial o totalmente- la pérdida de capacidad adquisitiva debido a la inflación.

Los sindicatos reclaman que los trabajadores recuperen el poder de compra que les está «quitando» el IPC, mientras que la patronal incide en que las cifras mes a mes son históricamente altas -7,6 % en febrero-, pero la media del año pasado por ejemplo fue del 3,1 %.

Acuerdo a varios años

Oficialmente no se conocen todos los detalles de las conversaciones, pero el líder de UGT, Pepe Álvarez, ya ha avanzado que podría llegarse a un acuerdo a varios años vista para así ajustarse mejor a la evolución real de los precios en un plazo más largo de tiempo.

El Gobierno, por su parte, insiste en hablar de «moderación salarial», pero no de congelación o bajada de sueldos, tal y como transmitió a los agentes sociales en una reunión el pasado día 7.

Este encuentro se convocó en el marco de la mesa de diálogo social para el plan de recuperación, transformación y resiliencia, pero en la práctica estuvo enfocado sobre todo en el impacto de la guerra; de hecho, estuvo presidido por el propio Pedro Sánchez e intervinieron varios «pesos pesados» del Ejecutivo para detallar el impacto del conflicto en Ucrania.

«El objetivo es que perjudique lo menos posible a la recuperación y se siga creando empleo, están muy claras las metas y algunas herramientas», insisten desde el Gobierno, donde hablan de un pacto que requiere «unidad».

Pactos de 1977

Precisamente por este llamamiento a la unidad se ha establecido cierto paralelismo con los «Pactos de la Moncloa» de 1977, alcanzados con Adolfo Suárez recién elegido presidente de un país que salía de la dictadura y suscritos por los principales partidos políticos, las asociaciones empresariales y la mayoría de sindicatos en un contexto marcado por la elevadísima inflación.

El documento incluía un punto sobre «política de rentas» con medidas sobre subida de sueldos (de hasta un 20 %), se autorizaba a reducciones de plantilla en aquellas empresas donde los niveles salariales crecieran en mayor medida y se hablaba de mejorar la difusión de los resultados de cada compañía, todo ello en una España muy diferente a la actual, que acababa de abrazar la democracia.

«Los Pactos de la Moncloa fueron más ambiciosos porque no sólo era un pacto de rentas, pero el contexto sería muy parecido, con una alta inflación motivada entonces por los precios del petróleo y sobre lo que se podía hacer poco (...) y con lo que se pretendía que no se tradujera en cierto caos en la economía», apunta el catedrático en Economía Santiago Carbó.

Carbó señala que en ocasiones el acuerdo incluye además de sueldos y beneficios empresariales otras medidas como una regulación de los alquileres: «El gran problema es qué crecimiento de salarios o beneficios se puede determinar para que no sea muy inflacionario y que a la vez también compense la pérdida de poder adquisitivo que se está produciendo».

«Nos podemos ir a un entorno del 10 % de inflación. Tal y como se está describiendo, el pacto engloba muchas medidas, algunas ya tomadas (...) pero harían falta más», apunta el director del Máster en línea en Banca y Finanzas del IEB, Juan Abellán, quien recuerda que la patronal reclama vincular la subida salarial con criterios como la productividad y no únicamente con el IPC.

El profesor de la Fundación de Estudios Financieros Miguel Ángel Bernal incide en que la labor del Gobierno en un acuerdo de este tipo es el de «impulsar», con el protagonismo en patronal y sindicatos, y defiende que el «pacto de rentas» podría recoger más ajustes, como la posibilidad de aprobar nuevos ERTE en los sectores más penalizados por el incremento de los costes energéticos.