La petición de Calviño y Montero a la banca de no trasladar los impuestos al cliente es ilegal

CECA ha suscrito una declaración de la Asociación Europea de Cajas de Ahorro, en la que se sostiene que los nuevos impuestos a la banca planteados en algunos países de la Unión Europea (UE) colocan a las entidades financieras en una «situación difícil» con los supervisores, ya que la exigencia de no trasladar el coste a los clientes «va en contra» de la legislación de la UE.

Costes soportados

La declaración de ESBG, asociación a la que pertenece CECA, indica que las Directrices de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) sobre la concesión de préstamos establece que el precio de los préstamos «debe incluir» todos los costes soportados por los bancos, «incluidos los impuestos».

Se trata de una defensa recogida en un texto remitido este miércoles donde la asociación y sus miembros resaltan el papel de las cajas de ahorro y bancos minoristas durante la pandemia de Covid-19, así como en el reparto de los fondos europeos Next Generation EU, que continúa en la actualidad.

A los efectos de la pandemia, la ESBG añade la «nueva crisis» que se está produciendo en la UE derivada de la escasez en la cadena de suministro y de la guerra en Ucrania y en la que las entidades «siguen apoyando a sus clientes y a las actividades económicas en general».

En este contexto, de «alta inflación y desaceleración económica», con la posibilidad de «una recesión acechando», la ESBG y sus miembros señalan la importancia de que las cajas de ahorro y bancos minoristas «preserven su solvencia», mientras que los gravámenes anunciados en algunos países europeos «reducirán aún más» la capacidad de préstamos a empresas y particulares del sector.

Impuesto injustificado

Además, la organización afirma que estos impuestos sectoriales son «discriminatorios e injustificados», puesto que es «poco probable» que el aumento previsto de los tipos de interés «genere beneficios extraordinarios» a la banca. Por contra, las ganancias «pueden disminuir si la morosidad empieza a crecer».

La asociación también sostiene que estos gravámenes pueden «socavar» la obra social de las entidades. «Los responsables políticos deberían considerar cuidadosamente el impacto negativo de los impuestos sobre las fundaciones bancarias que históricamente se han dedicado a invertir en las comunidades locales, a luchar contra la pobreza y a ayudar a los más vulnerables de la sociedad», argumenta.

Sistema fragmentado

Igualemte, la asociación afirma que el sector financiero de la UE «ya contribuye de forma significativa» a los presupuestos nacionales de los Estados miembros y considera que lo necesario «en estos tiempos de incertidumbre» es un sector bancario minorista «fuerte y competitivo» en Europa que «siga cumpliendo su función clave como proveedor de crédito a las empresas, especialmente a las pymes, y a las familias».

Por último, advierte del riesgo de un «sistema fiscal fragmentado» en la UE y pide una «mayor armonización fiscal» dentro de la región. Sostiene que la imposición adicional a nivel nacional va «en detrimento» de la igualdad de condiciones al «distorsionar» la competencia en el mercado interior.

«Una fuente particular de distorsión surge de la actividad bancaria en la sombra (por ejemplo, los fondos de cobertura) y de otros agentes financieros no bancarios (por ejemplo, las grandes empresas tecnológicas o las cooperativas de crédito) que, por lo general, quedan fuera del ámbito de aplicación de los impuestos extraordinarios aplicados al sector bancario», ahonda la ESBG en su declaración.

Por todas estas razones, solicita que cualquier medida que pueda «debilitar» la recuperación de la economía europea sean «cuidadosamente consideradas» y considera que «debe evitarse a toda costa» las iniciativas nacionales «descoordinadas» en el ámbito de la fiscalidad, a fin de que se proporcionen condiciones necesarias para una «distribución justa y uniforme» de los servicios financieros.

Cabe recordar que en España los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos presentaron a finales de julio una proposición de ley para aprobar un impuesto a la banca el 4,8% sobre los márgenes de interés y las comisiones que las entidades generen en el país, ante los «beneficios extraordinarios» que el sector va a registrar por la subida de tipos de interés, según defiende el Ejecutivo de coalición.