El presidente de la patronal de las constructoras avisa a Sánchez: tomará medidas si discrimina a Ferrovial

El presidente de la patronal de grandes constructoras y concesionarias Seopan, Julián Núñez, advirtió este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez de que tomará medidas si su Ejecutivo discrimina a Ferrovial.

El cambio de sede social de la empresa española a los Países Bajos ha supuesto un duro golpe para el Ejecutivo de coalición y ha desatado una tormenta política, ya que la importante multinacional de infraestructuras de transporte y movilidad ha justificado su marcha en la «inseguridad jurídica» que vive España bajo su Gobierno.

Tras conocerse el cambio de sede, Sánchez cargó duramente contra la empresa cotizada y contra su principal propietario, Rafael del Pino Calvo-Sotelo: «La patria no es sólo hacer patrimonio, sino ser solidario y arrimar el hombro y ayudar cuando tu país lo necesita».

Unas palabras que llevaron al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmar sobre el líder del PSOE que es «más hooligan que nadie».

En este contexto, el presidente de la patronal de grandes constructoras y concesionarias ha remitido a título personal este viernes un comunicado saliendo en defensa de Ferrovial y denunciando las «injustas descalificaciones» vertidas contra ella desde dentro y fuera del Gobierno.

Tras el anuncio de Ferrovial de trasladar su sede social a Países Bajos, la patronal del sector –integrada por la propia Ferrovial, ACS, Acciona, Abertis, FCC, Sacyr, OHLA, Itínere, Comsa o Grupo Sanjose–, salió en defensa de la imagen pública y la reputación de Ferrovial tras anunciar sus planes para cambiar su domicilio social a Países Bajos.

Actuarán si se llega a vulnerar la legalidad vigente

Además, en el comunicado remitido pasadas las 14:30 por Julián Núñez se anunciaba que ejercerían cuantas acciones fuesen necesarias si se llega a vulnerar la legalidad vigente y se produce un trato desigual o discriminatorio de la empresa en el ejercicio de su actividad en España.

Además, se decía que en esta decisión no había un ánimo de beneficiarse de una menor carga impositiva, ya que Países Bajos, que no es un paraíso fiscal, tiene una tributación muy similar a la española. De hecho, señala que es irrelevante, si no inexistente, el posible efecto favorable en el pago de impuestos.

El comunicado defendía además que esta decisión, en ejercicio de sus derechos y en cumplimiento con la legalidad española y comunitaria, no afectará a la actividad de Ferrovial en España, que seguirá constituyendo un país preferente.

Núñez insistía en que la reorganización societaria está concebida para que el empleo, actividad e inversiones se mantengan intactos en España y sin impacto fiscal relevante y que este traslado respondía a la internacionalización creciente de Ferrovial.

También ponía de manifiesto que Ferrovial cuenta con un fuerte potencial de desarrollo y crecimiento para los próximos años en EE.UU. y Canadá, países que se sitúan a la cabeza del mercado de infraestructuras, y que por esta razón, la sociedad cotizará simultáneamente en España y Países Bajos, con la expectativa hacerlo en Estados Unidos.

El presidente de la patronal se atribuye e comunicado

A las 22:30 de este viernes, ocho horas después del envío del comunicado por parte de Seopan, el presidente de la patronal Julián Núñez ha mandado una aclaración al respecto diciendo que ni la intención de emitir un comunicado de prensa, ni su contenido, fueron puestos en conocimiento de las empresas asociadas previamente.

Por ello, ha querido atribuirse las opiniones vertidas y señala que el comunicado emitido por Seopan debe considerarse única y exclusivamente como su opinión y valoración.

Ferrovial pagó 210 millones en salarios en 2022

Ferrovial pagó 282 millones de euros en impuestos en España en 2022 y 210 millones en salarios y sueldos. La plantilla superó los 5.400 trabajadores el pasado año en España, donde el valor de sus activos rondaba los 2.000 millones, lejos de los 18.500 millones que suponen EEUU y Canadá.

Desde 2006, la compañía ha pagado impuestos en España por más de 4.800 millones y 5.350 millones en nóminas.