Molinos de viento en un prado en Galicia
La morosidad española pone en peligro las inversiones en renovables en toda la UE
España no paga sus laudos y lo hace con la connivencia de la Comisión, que considera los subsidios ayudas estatales ilegales
La morosidad española está poniendo en jaque la confianza de los inversores en toda la Unión Europea que no entienden el apoyo de la Comisión al caso de los subsidios en las renovables. Especialmente sabiendo que nuestro país es el segundo estado con mayor número de laudos impagados por detrás de Venezuela.
En 2011, inversores de Países Bajos y Luxemburgo invirtieron millones de euros en una planta solar en el sur de España en gran medida por los subsidios ofrecidos por el Gobierno de Rodríguez Zapatero para fomentar el crecimiento en la producción de energías renovables. Sin embargo, y sin previo aviso, el Ejecutivo decidió recortar en 2013 los pagos para reducir los gastos, exponiendo la viabilidad de las inversiones, que dependían de los fondos.
Por ello presentaron una reclamación al CIADI –el organismo de arbitraje del Banco Mundial– por valor de 8.000 millones de euros, que finalmente quedaron en 2.000 millones tras años de recursos.
Este es solo un ejemplo de los más de cincuenta litigios presentados contra España por sus cambios retroactivos en materia de subsidios. Sin embargo, y pese a las resoluciones internacionales, ocupa la segunda posición en laudos impagados por detrás de Venezuela con reclamaciones por valor de 700 millones de euros. Y lo hace con la connivencia de la Unión Europea.
«Los inversores en renovables están muy preocupados por la actitud de España y la Unión Europea de cara al futuro», señaló a AP Nick Cherryman, uno de los abogados que lleva uno de los litigios contra España. «¿Por qué deberían correr riesgos invirtiendo en Europa dado su historia?».
El 90 % de esos procesos se refieren al incumplimiento del Tratado de la Carta de la Energía en materia de renovables –un acuerdo del que España se borró en octubre de 2022–, mientras que el Gobierno se ampara en que los subsidios podrían ser contrarios a la legislación europea al considerarse como ayudas estatales ilegales.
Antes de realizar cualquier pago –el único que efectuó fue en el año 2000– España espera la resolución de la Comisión Europea, que suele congelarlos por considerarlos ayudas ilegales. De hecho, esta situación llevó al despacho Kobre & Kim a presentar una denuncia ante el Defensor del Pueblo Europeo en nombre de una de las sociedades de inversión afectadas en la que acusaba al servicio jurídico del brazo ejecutivo de la UE, encabezado por el español Daniel Calleja, de parcialidad y conflicto de intereses a favor de España.
El problema, como señalan los expertos, es que la reputación de nuestro país está en juego. La UE calcula que, a finales de esta década, el mercado mundial de tecnologías limpias tendrá un valor de 600.000 millones de euros año. Mientras que China y Estados Unidos han ido ganando terreno en materia de renovables, la UE ha colocado a tres de sus miembros en la lista de incumplidores de las resoluciones arbitrales, un índice que lideran Venezuela, España y Rusia.
«Estados Unidos ha sido ágil e introdujo una legislación muy favorable para fomentar la inversión en renovables», comenta Cherryman. «Saben que respetarán su inversión… o pueden arriesgarse e ir a Europa, ir a España».
