Semana de 35 horas, SMI y despido: los sindicatos ya calientan esta legislatura

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha desgranado las prioridades de su sindicato para la actual legislatura, entre ellas la implantación, por ley, de la semana laboral de 35 horas; el encarecimiento del coste del despido improcedente y el establecimiento, en el Estatuto de los Trabajadores, de un sistema automático, similar al de las pensiones, para que el salario mínimo interprofesional (SMI) equivalga siempre al 60 % del salario medio.

El líder de UGT ha afirmado que el importe actual del SMI no representa «realmente» el 60 % del salario medio y ha defendido, utilizando datos de la Agencia Tributaria sobre declaraciones de IRPF, que para cumplir con esta premisa, ahora mismo tendría que estar situado en 1.200 euros mensuales, frente a los 1.080 euros actuales.

Además de la subida automática del SMI utilizando como fuente para su revalorización automática datos de la Agencia Tributaria, Álvarez ha abundado en la necesidad de que en esta legislatura se implante la semana laboral de 35 horas, sin pérdida de salario para los trabajadores, para después ir caminando hacia las 32 horas semanales.

«En España hace casi 40 años que no se toca la jornada máxima laboral en el Estatuto de los Trabajadores. Es evidente que en 40 años los niveles de productividad en nuestro país han aumentado de manera visible en todos los sectores, en algunos de manera espectacular. Hoy para construir un coche hacen falta 30 trabajadores menos de los que hacían falta hace cuarenta años, y eso tiene que reflejarse también en la jornada máxima legal», ha defendido.

Así pues, el líder de UGT quiere que esta legislatura se reforme el Estatuto de los Trabajadores para que la jornada máxima legal cambie de 40 a 35 horas semanales, pero sin pérdida de sueldo para los trabajadores.

«Si tenemos una jornada máxima de 35 horas para todos los sectores productivos de nuestro país, sin ningún lugar a dudas eso nos va a permitir poder avanzar en relación con las 32 horas semanales a través de la negociación colectiva. De hecho, la jornada laboral en nuestro país hoy está a poco más de las 37 horas de promedio», ha explicado.

Despido improcedente

Junto a ello, Álvarez cree que en esta legislatura habría que abordar otras cuestiones del marco laboral, de manera inmediata lo que concierne al precio del despido improcedente porque, según ha denunciado, despedir en España es «barato».

Para Álvarez, el precio actual del despido improcedente es «más simbólico que reparador» para la persona que es despedida y entiende que, si el Gobierno no aborda este tema de manera voluntaria, se verá obligado por Bruselas cuando falle sobre la demanda presentada por el sindicato ante el Tribunal de Derechos Sociales.

El sindicato defiende que en el coste del despido improcedente deben introducirse otros elementos a tomar en cuenta a la hora de fijar la indemnización, como la situación personal del trabajador, su nivel de antigüedad o su formación.

Álvarez también ha afirmado que, en contra de lo que defiende la patronal como un «disco rayado», subir el precio del despido no afectará negativamente al empleo.

Asimismo, el dirigente sindical ha abogado por introducir mejoras en la intermediación laboral para que los 2,7 millones de parados españoles tengan oportunidades para volver al mercado de trabajo. «Los servicios públicos de empleo, en algunos casos no funcionan (...) Necesitamos que las personas desempleadas no sean un número, sino que sean hombres, mujeres, con cara y ojos, que se les atienda, que se les haga currículum, que se les pueda formar y que se haga un camino de inserción», ha subrayado.

Para el líder de UGT, las ratios que en estos momentos tienen adjudicados los orientadores de los servicios públicos de empleo (2.200 desempleados por orientador) son «absolutamente incompatibles» con esa atención personalizada. En su opinión, las empresas, que se quejan de que hay vacantes sin cubrir, «tienen que acostumbrarse a que el camino para contratar a los trabajadores son los servicios públicos de empleo».

«Problema estructural»

En este punto, Álvarez cree que la Ley de Empleo que aprobó el Gobierno «no aborda el problema estructural del desempleo», por lo esto es algo que hay que hablar, también con el compromiso de las comunidades autónomas, «que tienen unas competencias transferidas, que a menudo se convierten en incompetencias».

«Sinceramente, no hay una voluntad de trabajar para que los servicios de empleo puedan realmente funcionar (..) Por eso nos parece que tiene que haber un compromiso vaya bastante más allá del que hoy tenemos en la Ley de Empleo», ha opinado.