«España tiene que acelerar»: los fondos europeos no aterrizan y la mayoría se los queda el sector servicios

«Fumo porque me gusta. Porque si lo calientas no es peligroso. Porque me gustan los sabores al vapear». Así arranca una cuña publicitaria radiofónica que alerta de los peligros del tabaquismo y que termina con la coletilla «campaña financiada con fondos europeos. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia». Una etiqueta que florece en proyectos y campañas de todo tipo, pese a que empresarios, expertos y oposición cuestionan a un volumen cada vez más alto que las ayudas europeas estén llegando de forma efectiva a los ciudadanos.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, aseguró el lunes que el Ejecutivo ha adjudicado el 80 % de los 37.000 millones de euros recibidos a través del programa NextGen EU. Calviño adelantó también que el Ejecutivo pronto solicitará un siguiente pago de 10.000 millones de euros.

Hasta la fecha apenas se han ejecutado menos del 10 % de las inversiones previstas, algo más de 8.000 millones, según un informe del Banco de España. El supervisor constata «dificultades» en la administración de los fondos «debido en parte a una capacidad administrativa limitada o a cuellos de botella en las inversiones» en algunos Estados.

Desde el ámbito empresarial también se sigue reclamando agilizar la distribución de las ayudas, como pidió este viernes el CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, en el Foro La Toja. También el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, insistió en ello durante la primera jornada de su sesión de investidura en el Congreso de los Diputados. «Nadie sabe a ciencia cierta lo que se invierte o lo poco que se invierte», afirmó. Además, los fondos «no están impactando en la economía según lo previsto», afirmó.

«No hay una información centralizada. Buena parte de los proyectos se están licitando por las Comunidades Autónomas y hay descoordinación. Hay autonomías que no son transparentes y no comparten sus datos en las plataformas habilitadas por el Estado», explica a El Debate Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research, que critica la falta de una herramienta que permita un adecuado seguimiento del dinero. La existente «es de acceso libre pero no es fácil de usar», incide Cardoso, que reclama «información transparente en un formato utilizable» por los expertos.

El Gobierno informa regularmente de la marcha de los fondos, con informes de ejecución, el tercero publicado en febrero de 2023, en la página web del PRTR. En esos informes, no obstante, no se aporta información de aspectos como el grado de ejecución de los fondos (porcentaje de los concedidos respecto de los convocados), el destino por sectores económicos y el tipo de empresa al que benefician. Un ejercicio que sí ha realizado Joaquín Maudos, Catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, que asegura categóricamente que España «tendrá que acelerar el grado de ejecución para utilizar los fondos antes de la fecha límite de agosto de 2026».

El sector servicios, el gran beneficiado

De los fondos licitados hasta finales de 2022, casi las tres cuartas partes (73,4 %) han tenido como destino el tejido empresarial, por un importe de 12.001 millones de euros. De las ayudas a las empresas, las grandes son las que absorben la mayor parte de las concedidas (59,3 % del total), frente al 40,7 % que han ido a parar a pymes. Por sectores, el más beneficiado es el de los servicios (46,9 % del total), seguido muy de cerca por la construcción (41,6 %). Dentro de los servicios, las ramas que más fondos han recibido son la de la información y las comunicaciones (15,4 % del total) y el comercio (12,1 %), según un artículo de Maudos publicado en Funcas.

«Es clave poner sobre la mesa que los fondos europeos no están llegando y la Comisión está obligada a poner sobre la mesa nuevos mecanismos. Es la primera que quiere volver a salir reelegida», admite a este periódico un miembro del Parlamento Europeo. «Lo que hay que hacer es flexibilizarlos. Si hay fondos disponibles hay que usarlos, sobre todo porque (en Europa) hemos perdido capacidad industrial», afirma.

«Hay que pensar también en la situación política: había elecciones y el Gobierno tenía que presumir», incide Luis Rodrigo de Castro, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad San Pablo CEU. «Los comicios son otra parte la ecuación. La licitación es en lo que más se puede agilizar», recalca.

Un «problema de expectativas»

También «ha habido un problema de expectativas», considera Cardoso, que recuerda que los fondos «se anunciaron nada más salir del primer confinamiento», y pese a que se esperaba que su implantación fuera rápida, no ha sido así. El experto atribuye dicho retraso, en parte, a las trabas administrativas. Un ejemplo: «Hay que evaluar los impactos ambientales y asegurarse de que no se desperdicien recursos. Es un proceso que va lento», explica.

Pero también hay que usarlos bien, como apostilla Miguel Cardoso. Y no necesariamente porque vayan a destinarse a fines impropios. «Es dinero público sometido al control del Tribunal de Cuentas», insiste Luis Rodrigo de Castro, cuestionado al respecto, «pero debemos asegurarnos que las medidas van a lo eficiente y no a promover estudios o foros que luego se quedan en nada».