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Los empresarios advierten del deterioro de la imagen de España por el «grave» impacto de los acuerdos de investidura

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi

Los empresarios advierten del deterioro de la imagen de España por el «grave» impacto de los acuerdos de investidura

Constatan que se está creando «un clima de negocios cada vez más complicado en el que es muy difícil que haya crecimiento económico»

Los empresarios advierten del deterioro de la imagen de España por el «grave» impacto de los acuerdos de investidura. En un comunicado, la CEOE constata que se está creando «un clima de negocios cada vez más complicado en el que es muy difícil que haya crecimiento económico».

La patronal empresarial convocó la semana pasada un Comité Ejecutivo extraordinario con carácter de urgencia, que se ha celebrado este lunes. Lo hizo nada más hacerse público el pacto de PSOE con Junts, que avanzaba la ley de amnistía hecha pública este lunes. Y tras los pactos con ERC y Sumar, que contemplan, entre otros, la condonación de 15.000 millones de euros de deuda a Cataluña y negociar la cesión del 100 % de los impuestos a dicha comunidad autónoma, como reclama la formación de Carles Puigdemont.

«Debemos recordar más que nunca que un país son sus instituciones, en este caso, amparadas por la Constitución», asegura la CEOE, que se suma así a la catarata de instituciones que se han pronunciado en los últimos días. En este sentido, los empresarios alertan del «grave menoscabo que estos acuerdos pueden suponer a la separación de poderes y a la seguridad jurídica, fundamento de nuestra democracia, y de la fragmentación y el debilitamiento institucional al que estamos asistiendo».

Los empresarios, sobre el plan para que las empresas vuelvan a Cataluña: «La mejor forma de atraer inversiones es que haya un clima favorable»

La principal conclusión de CEOE es que los acuerdos para formar Gobierno «están creando un clima de negocios cada vez más complicado, en el que es muy difícil que haya crecimiento económico y creación de empleo». En particular, sobre las cesiones fiscales y la transferencia de la gestión de la seguridad social al País Vasco, pactada con el PNV, los empresarios auguran «una previsible distorsión de la unidad de mercado y un deterioro de nuestra imagen en el exterior, claves para nuestra competitividad, la atracción de inversiones, el desarrollo empresarial y, en último término, para el bienestar de la sociedad española».

Sobre otro de los puntos que más revuelo ha causado del pacto de PSOE y Junts, la elaboración de un plan para que las más de 7.000 empresas que abandonaron Cataluña tras el desafío separatista regresen, los empresarios defienden «el derecho de las empresas para decidir en qué lugar desarrollar su actividad». Y añaden: «La mejor forma de atraer inversiones y la presencia de empresas en un territorio es garantizar un clima favorable para su actividad». En este sentido, echan en falta «una situación de estabilidad empresarial y seguridad jurídica» para que se produzca dicho retorno.

La CEOE se suma así a la patronal madrileña CEIM, que ya abrió camino la semana pasada al asegurar que los pactos de Sánchez «incidirán negativamente en España». La patronal presidida por Miguel Garrido calificaba de «muy grave» la amnistía y criticaba también las medidas acordadas con Sumar y con ERC que, a su juicio, «perjudicarían la productividad» y «certifican la desigualdad de los españoles», respectivamente.

Mapfre rompe el silencio entre directivos

Este domingo se pronunciaba también el presidente de Mapfre, Antonio Huertas. «Hoy toca defender la Constitución y el Estado de Derecho», aseguraba poco antes de las masivas manifestaciones convocadas por el PP en las principales capitales españolas.

Por su parte, la patronal catalana Foment del Treball sí ha valorado positivamente el pacto entre PSOE y Junts en lo tocante al fomento de empresas a la comunidad autónoma. «Es en Catalunya donde deben estar», afirmó su presidente, Josep Sánchez Llibre, el pasado jueves. Foment, no obstante, añadía que la condición necesaria es la seguridad jurídica. Una condición que, por ahora, no encuentran las compañías consultadas por El Debate: en su mayoría no se plantean, al menos por el momento, volver a mover su sede social a Cataluña.

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