Yolanda Díaz desafía a Calviño y diseña un subsidio de paro de entre 660 y 540 euros
Este planteamiento choca con el defendido por Economía que propone rebajar la duración del subsidio a 12 meses y rebajar su cuantía hasta una media de 442 euros
Nuevo enfrentamiento entre Trabajo y Economía a cuenta, esta vez, del subsidio de desempleo. El Ministerio que dirige Yolanda Díaz pretende aumentar su cuantía hasta los 660 euros durante los primeros seis meses, a los 540 los siguientes seis, para volver a los actuales 480 euros hasta su extinción, topada en 30 meses, en contra de la opinión de Calviño, que pretende reducirlo.
Desde Trabajo son claros en que se trata de una competencia de este Ministerio acordada en el pacto de Gobierno con el PSOE y que no van a permitir ningún recorte, diga lo que diga la cartera de Economía, que había sugerido reducir el tiempo a doce meses y la cuantía a diferentes tramos del Iprem que resultarían en una media de 422,5 euros mensuales.
Además, Trabajo incluirá en este subsidio a los menores de 45 años sin cargas familiares y a los eventuales agrarios residentes fuera de Andalucía y Extremadura tras las críticas de Bruselas a la arbitriaridad de dichas ayudas. Asimismo, se eliminará el mes de «barbecho» que tenían que esperar los desempleados y se incluirá la posibilidad de compatibilizar este subsidio con un empleo durante 45 días.
Por último, desde Trabajo aseguran que la reforma incorporará la posibilidad de que los parados puedan elegir entre la renta de la unidad familiar o la individual para la recepción de los subsidios. Desde el Ministerio esperan que estas modificaciones entren en vigor a lo largo de 2024 y no tendrá, en ningún caso, carácter retroactivo.
Fuentes del Ministerio han señalado que no van a aceptar ningún recorte más allá de las opiniones de algunos colegas ministeriales, en clara referencia a Calviño, y acusan al PSOE de entender las ayudas «con la mentalidad del siglo XX». Estas mismas fuentes han afeado que las fricciones con el Ministerio de Economía son las que han retrasado la adopción de una norma en materia asistencial de desempleo.