El Gobierno encaja un nuevo toque de atención por falta de «transparencia» y agilidad con los fondos europeos

Nuevo toque de atención al Gobierno por los fondos europeos. En este caso, del Tribunal de Cuentas, que le reclama que mejore la «transparencia» y la agilidad en lo relativo a los fondos europeos. Un aviso que llega después de que el Ejecutivo publicara, tras demorarla durante meses, la esperada lista con los 100 principales beneficiarios de fondos. Una lista que, como publicó El Debate, está en su mayoría copada por entidades y empresas públicas.

En su último informe, fechado a finales de diciembre, el organismo fiscalizador pide a la Secretaría de Estado de Comunicación, dependiente de presidencia del Gobierno, «seguir avanzando en el desarrollo de acciones adicionales de comunicación en favor de un mayor conocimiento y transparencia de la gestión de los fondos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)». Asimismo considera que «se debería potenciar la coordinación con las distintas administraciones públicas implicadas en materia de comunicación y transparencia».

El informe fiscaliza la ejecución de los fondos hasta el mes de mayo de 2022. Tras su análisis, el tribunal que preside Enriqueta Chicano Jávega solicita al Ejecutivo, como principal recomendación, «la reevaluación de las fórmulas tanto de agilización de la tramitación de los expedientes administrativos como de asignación eficiente de los recursos humanos». Todo ello mientras España aguarda el desbloqueo del cuarto tramo de las ayudas, pendiente de si Pedro Sánchez logra desbloquear sus tres decretos tras la negativa de Junts, que recogen reformas claves exigidas por Bruselas a cambio de los fondos.

Igualmente considera que «deberían revisarse las competencias asignadas por el modelo de gobernanza, en orden a hacerlas más efectivas». El organismo también pide al Gobierno «continuar con el proceso de coordinación entre los departamentos gestores de los fondos y entre estos y Hacienda, a fin de mejorar la eficiencia en su ejecución mediante la homogeneización de procedimientos y la optimización de los recursos y sinergias». A principios del año pasado una misión europea capitaneada por la alemana Monika Holmeier ya denunció opacidad por los retrasos a la hora de dar a conocer los beneficiarios de los fondos: «No sabemos a quién ha ido el dinero», aseguró.

El interés por los fondos europeos es patente, como reconoce la propia Secretaría de Estado de Comunicación. La página web www.planderecuperacion.gob.es acumula, hasta septiembre del año pasado, más 2.170.800 millones usuarios únicos y más de 14.654.200 millones de páginas vistas, en las que los usuarios permanecen una media de 2:10 minutos por sesión. De ahí que el Tribunal de Cuentas exija también a Hacienda que el sistema informático Coffee «muestre la información necesaria para la identificación de los beneficiarios de las ayudas, así como de los contratistas y subcontratistas, con el fin de disponer de una Base de Datos de los perceptores finales».

«Limitaciones» informáticas

El órgano fiscalizador constata «limitaciones en las funcionalidades y prestaciones» del programa, como que a 31 de mayo de 2022 no se había interconectado al sistema de información contable ni de la Administración central ni de las Comunidades Autónomas ni Ayuntamientos. «Ante las limitaciones en las funcionalidades y prestaciones de Coffee-MRR, la mayoría de los ocho ministerios de la muestra no han tomado otra medida que acumular datos y esperar a su avance», subraya el TCU.

El grado de ejecución de los fondos europeos ha sido cuestionado tanto por los empresarios como por la oposición. Un informe del Banco de España del pasado septiembre constataba la existencia de «dificultades», «debido en parte a una capacidad administrativa limitada o a cuellos de botella en las inversiones» en algunos Estados. «Nadie sabe a ciencia cierta lo que se invierte o lo poco que se invierte», llegó a decir el líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo.

En su último Informe de Ejecución del Plan de Recuperación el Ejecutivo aseguraba que el conjunto de las administraciones públicas ha adjudicado ya el 90 % de los más de 37.300 millones de euros de fondos europeos recibidos.

De acuerdo con Economía, las Comunidades Autónomas con una mayor asignación de fondos europeos hasta el momento son Andalucía (4.077 millones de euros), Cataluña (3.963 millones de euros), Comunidad de Madrid (2.875 millones de euros), C. Valenciana (2.471 millones de euros), Castilla y León (1.621 millones de euros), Islas Canarias (1.621 millones de euros) y Galicia (1.529 millones de euros).

Según el ministerio, con estos fondos se están financiando más de 600.000 proyectos, de los cuales un 60% están impulsados por empresas y centros de investigación. Además, se han asignado más de 26.000 millones de euros a las Comunidades Autónomas, para inversiones en el ámbito de sus competencias como educación, la salud, movilidad sostenible o vivienda.

En otro informe publicado de manera casi simultánea el Banco de España detallaba que las subvenciones de los fondos europeos 'Next Generation EU' (NGEU) concedidas a grandes empresas presentan, en promedio, importes hasta nueve veces mayores que los de las subvenciones concedidas a empresas con un tamaño de entre 50 y 250 empleados.

«No hay una información centralizada. Buena parte de los proyectos se están licitando por las Comunidades Autónomas y hay descoordinación. Hay autonomías que no son transparentes y no comparten sus datos en las plataformas habilitadas por el Estado», explicaba hace unos meses a El Debate Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research, que criticaba la falta de una herramienta que permita un adecuado seguimiento del dinero. La existente «es de acceso libre pero no es fácil de usar», incide Cardoso, que igualmente pedía «información transparente en un formato utilizable» por los expertos.

Desde el Ejecutivo la Secretaría de Estado de Comunicación alega al Tribunal de Cuentas –con fecha de septiembre de 2023– que «a lo largo de 2022 la vicepresidenta (entonces Nadia Calviño) compareció en sede parlamentaria en siete ocasiones para tal fin; en 2021 lo hizo en cinco y, en lo que llevamos de 2023, lo ha hecho en una. A estas comparecencias se suman las ruedas de prensa convocadas por la vicepresidenta». Y aseveran que «el desarrollo y ejecución de los PERTE ha experimentado un crecimiento notable durante 2022 y, en consecuencia, esta Secretaria de Estado considera que, en tanto en cuanto la fiscalización hace referencia al ejercicio 2022, debería reflejarse que las acciones de comunicación se han visto incrementadas conforme a la evolución del Plan».