El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, en una imagen de archivo
El endurecimiento de la lista de morosos permite a Hacienda recaudar 170 millones en dos años
El PSOE, que votó en contra del listado, modificó en el Gobierno la ley para reducir la deuda a los 600.000 euros
A finales de 2015, el Gobierno publicó, a instancias del entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, el primer listado de morosos que incluía los nombres de alrededor de 5.000 contribuyentes que debían un millón de euros o más a la Agencia Tributaria.
Según explicó el propio Montoro, «se trata de que paguen»: «La lucha contra el fraude descansa, en buena medida, en el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y en la conciencia social del daño que genera el fraude fiscal». Blanco y en botella.
La publicación del listado, naturalmente, no hizo ninguna gracia a los afectados, en parte porque muchas de las deudas estaban pendientes de resolución en los tribunales, mientras que otros veían una vulneración de derechos.
El PSOE, que en 2015 votó en contra de la publicación de la lista alegando que iría contra la seguridad jurídica, reformó la ley para reducir la deuda necesaria para aparecer en el listado hasta los 600.000 euros. Además, el Gobierno también modificó el criterio subjetivo, ampliando a la categoría de morosos también a los responsables solidarios.
Hacienda reconoce el «efecto incentivador» de la lista para evitar «el descrédito social y la pérdida de prestigio»
En la última evaluación de los efectos de la ley contra el fraude fiscal, el Ministerio reconoce que su objetivo es multiplicar la eficacia del «efecto incentivador» de regularizar espontáneamente la situación tributaria «para evitar el descrédito social y la pérdida de prestigio profesional que supone aparecer en este tipo de listados».
«En cuanto al fomento del ingreso, la posibilidad de que, a pesar de cumplir todos los requisitos objetivos y subjetivos, los deudores seleccionados puedan evitar su inclusión en el listado que se publique cuando hayan ingresado el importe de las deudas por las cuales hayan sido seleccionados, ha tenido unos efectos que se pueden valorar cuantitativamente», añade el informe.
No le falta razón al Ministerio de Hacienda de acuerdo con los resultados obtenidos. La realización de ingresos en los días inmediatamente previos al 31 de diciembre por parte de algunos deudores para rebajar su deuda por debajo de los 600.000 euros ascendió a los 41,23 millones de euros.
Además, la posibilidad de evitar la publicación en caso de pagar las deudas antes del fin del plazo de alegaciones ha sido aprovechada por determinados deudores, cifrándose el ingreso en 46,33 millones de euros. En definitiva, 87,56 millones que, sumados a los 81,79 millones del año anterior por los mismos conceptos, le han permitido a Hacienda recaudar casi 170 millones de euros desde las modificaciones.
«Caso límite»
En el citado informe de Hacienda, que ha sido enviado a Bruselas, varias instituciones han mostrado ciertas reservas al listado. El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España señaló que, si bien la lista crea cierta «conciencia fiscal» entre la ciudadanía, se trata de «un caso límite en relación con la protección de datos de carácter personal o la vulneración de los derechos al honor y a la intimidad personal y familiar, que exige el mayor escrúpulo en su confección y publicación».
Por su parte, la Asociación Española de Asesores Fiscales y la Fundación FIDE aconsejó la modificación de la referencia al «plazo original» por «plazo inicialmente establecido por la normativa para su ingreso en periodo voluntario», la inclusión de más supuestos de exclusión de la lista o la necesidad de definir el concepto de «deuda suspendida». La Fundación Impuestos y Competitividad observa la imposibilidad de valorar con precisión el efecto que esta medida producirá como incentivo al cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.
