Paneles solares
Los inversores calculan que los impagos por las renovables costarán 7.340 millones a España
El default técnico invocado en abril de 2023 por los acreedores ha encarecido ya en 2.100 millones los intereses abonado por el Tesoro
Los fondos de inversión que pleitean contra España por los impagos a raíz del recorte retroactivo de las primas a las energías renovables cifran el coste total para el Estado en 7.340 millones de euros. El default técnico invocado en abril del año pasado por el fondo Blasket Renewable Investments ya ha supuesto un desembolso adicional cercano a los 2.100 millones de euros, al encarecer los intereses abonados por el Tesoro ante la desconfianza generada por los inversores.
Así lo estima un documento de trabajo elaborado por la mayoría de los reclamantes. El informe, al que ha tenido acceso El Debate, asegura que la cuantía crecerá hasta los 4.943 millones durante este año solo en lo referido al encarecimiento de los intereses. Adicionalmente, estiman un impacto sobre el PIB de 2.560 millones de euros en 2023 y de 4.780 millones en 2024, lo que eleva la cuantía total a los 7.340 millones anteriormente citados.
La situación se remonta al recorte retroactivo de las jugosas primas a la instalación de energías renovables que primero puso en marcha el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2007, y posteriormente readaptó en 2010, en plena crisis financiera. Más tarde el Ejecutivo de Mariano Rajoy redujo en hasta un 40 % los incentivos que seguían vigentes. Todo ello ha derivado en medio centenar de demandas.
Los tribunales, principalmente el Centro Internacional de Arreglo de las Diferencias Arbitrales (CIADI) ya han fallado contra España en 26 de estos procesos, fallando en un 80 % de los casos de manera favorable a las empresas. Los afectados califican de «decisión política» la negativa del Ejecutivo a hacer frente a los pagos, que, siempre según los demandantes, podrían rondar los 2.000 o 2.500 millones de euros cuando se diriman los casos aún pendientes. Solo la última condena, a favor de la alemana E.On, superó los 300 millones de euros.
Decisión «política»
Fuentes del sector consultadas por El Debate culpan al actual Gobierno de haber tomado «una decisión política» al optar por no hacer frente a los desembolsos, lo que ha motivado el embargo de diversos activos soberanos españoles. Es el caso, por ejemplo, de la sede londinense del Instituto Cervantes o una sede de promoción económica de Cataluña, en Reino Unido o de parte de los derechos de cobro por la catástrofe del Prestige, valorado en más de 900 millones de euros.
Las mismas fuentes vinculan los impagos con la fuerte caída de la inversión extranjera registrada durante el año pasado en España, dado que «ha generado un evidente problema de inseguridad jurídica», haciendo que España lidere el ranking mundial de países con mayor número de sentencias internacionales pendientes de pago, por delante de Venezuela o de Rusia. Como ya contó El Debate, la inversión extranjera en España, sin Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE) registró un fuerte retroceso, del 23,3 %, en los nueve primeros meses de 2023. En algunos de los países con más litigios el retroceso ha alcanzado el 93 % (Estados Unidos) o el 99,3 % (Australia).
