El pinchazo de la ley que debería proteger al campo: ocho sanciones en 10 años por comprar por debajo de coste

En el centro de las protestas de los agricultores está el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria que establece sanciones para aquellos que compren por debajo del precio de producción. Según los manifestantes, el problema no está en el texto, sino en su cumplimiento, ya que el pasado año, no se registró ni una sola sanción por este motivo.

La ley de cadena alimentaria establece que, para evitar la destrucción de valor, «cada operadora deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción». En caso de no cumplirse la legislación, se considera una infracción grave que llevan aparejadas sanciones que van desde los 3.001 a los 100.000 euros, que pueden aumentar hasta el millón en caso de reincidencia.

La encargada del cumplimiento de esta ley es la Agencia de Información y Control Alimentarios (Aica), dependiente de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación del Ministerio que dirige Luis Planas. Creada en 2013, esta institución inicia los procedimientos derivados de las denuncias presentadas.

Los agricultores denuncian que el organismo supervisor carece de inspectores suficientes

Sin embargo, los agricultores denuncian que este organismo autónomo carece de inspectores suficientes para garantizar el cumplimiento de la ley, a la que no ven demasiados problemas.

Entre el primer trimestre de 2023 y el de 2024 se impusieron 195 sanciones por valor de 641.399 euros, la mayoría correspondiente al incumplimiento en los plazos de pago (65 %), no formalizar por escrito los contratos (21 %) o no incorporar en el contrato el precio (11 %). Ni una sola correspondía a la destrucción de valor en la cadena.

De hecho, desde la entrada en funcionamiento de esta agencia, el 1 de enero de 2014, solo se han producido ocho casos de sanciones por este motivo y todos los casos en casos de comercio minorista, ni un solo caso en industria o gran distribución.

Fuentes del sector reconocen que, si bien es cierto que faltan inspectores, muchos agricultores y ganaderos no denuncian ya que prefieren vender bajo precio antes que perder la cosecha entera, provocando un círculo vicioso.

Facua ha señalado que esta falta de sanciones es indicador del «reducido» número de controles y añaden que la venta a pérdidas suele darse tanto en origen como en los supermercados, a los que esta organización acusa de realizar «sospechosos descuentos» en ciertos productos a precios por debajo de costes o que antes contaban con márgenes de beneficio absolutamente desproporcionados.

El Gobierno, por su parte, ha adelantado que «fortalecerá» el cumplimiento de la ley, especialmente en el asunto de la cadena alimentaria, pero no ha concretado en qué quedará esa medida.