España cierra sus centrales nucleares mientras Europa apuesta por más reactores
La nuclear recurre el Plan de Residuos y el archivo del ATC y alega contra el 'tasazo' del Gobierno
El sector reclama una mesa de diálogo con el Gobierno que permita alcanzar un marco estable para las centrales nucleares
El Foro de la Industria Nuclear Española, que aglutina a los titulares de las centrales, ha presentado sendos recursos contra los reales decretos por los que se aprueba el VII Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) y se abandona el proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) y también ha presentado alegaciones al futuro Real Decreto que modifica la denominada 'tasa Enresa'.
Concretamente, este lunes presentó alegaciones al proyecto de Real Decreto por el que se pretende modificar la tarifa fija unitaria mediante la que se financia el servicio de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) para la gestión de los residuos, desmantelamiento y clausura de las centrales nucleares españolas.
A través de esta norma, el Gobierno quiere elevar a 11,14 euros/MWh la llamada 'tasa Enresa' con la que los titulares de las centrales nucleares sufragan la gestión de los residuos radiactivos que lleva a cabo la empresa pública. Esta cuantía supone un 40% más que la fijada en la actualidad, y que se sitúa en 7,98 euros/MWh. La entrada en vigor de esta nueva tarifa sería a partir del 1 de julio de 2024.
Asimismo, este mismo martes 27 de febrero, el Foro Nuclear ha presentado también un recurso contencioso administrativo contra el VII Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) y otro contra el abandono del Almacén Temporal Centralizado (ATC).
Foro Nuclear ya señaló el pasado 8 de enero el nuevo PGRR suponía un coste muy superior al previsto inicialmente debido a nuevas soluciones adoptadas y «falta de consenso entre las diferentes instituciones involucradas». En ningún caso, según reclamaba, estos «extra-costes» deberían imputarse a las centrales nucleares españolas, que aportan anualmente al Fondo Enresa del orden de 450 millones de euros.
A su juicio, el coste superior de este nuevo Plan, supone un cambio sustancial de las condiciones en las que se alcanzó el acuerdo de Protocolo de Intenciones de 2019 con respecto a la Tasa Enresa.
Ante esta situación, Foro Nuclear en sus alegaciones solicita una mayor información económica que justifique este incremento, así como la eliminación de los «extracostes» derivados del VII Plan General de Residuos Radiactivos, que «no son imputables a las centrales nucleares».
Asimismo, se considera procedente excluir de los costes del Fondo de Enresa el importe del impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas, así como la reasignación al Fondo de Enresa de la recaudación de los impuestos sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nuclear y de almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas.
A las alegaciones a esta Tasa Enresa se suman dos recursos contenciosos administrativos que Foro Nuclear ha interpuesto el 27 de febrero. Uno contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 2023 por el que se aprueba el VII Plan General de Residuos Radiactivos y otro contra el acuerdo por el que se adoptan las instrucciones necesarias para el abandono del proyecto para albergar un Almacén Temporal Centralizado en el municipio de Villar de Cañas (Cuenca) y se insta a Enresa a llevar a cabo las actuaciones que proceden para la terminación ordenada de los procedimientos iniciados para su puesta en funcionamiento.
Foro Nuclear recuerda que las centrales nucleares españolas están sometidas a una «carga fiscal excesiva, discriminatoria e incluso en algunos casos redundante, que penaliza el funcionamiento y la gestión de las mismas».
«Cualquier incremento adicional de impuestos y tasas comprometería su viabilidad económica en un momento en el que las centrales nucleares resultan esenciales en la transición energética por la garantía de suministro que ofrecen y la no emisión de CO2 teniendo en cuenta, además, los retrasos en los desarrollos eólicos y los proyectos de bombeo como almacenamiento», añade.
Por todo ello, el sector nuclear reclama una mesa de diálogo con el Gobierno que permita alcanzar un marco estable para las centrales nucleares en el ámbito del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
