Las ayudas por la pandemia y el Caso PSOE, de aquellos rescates estos lodos

El rescate a empresas en dificultades acaba costando mucho dinero al contribuyente. Demasiado, como para que se decida salvarlas sin la imprescindible transparencia, que es lo que ha sucedido con todo lo que rodea al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), dotado con 10.000 millones de euros de todos los españoles. Lo aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez el 3 de noviembre de 2020 y, sólo en sus dos primeros años de existencia, la SEPI inyectó a través de ese vehículo más de 1.100 millones de euros en compañías tan variopintas como las aerolíneas Air Europa y Plus Ultra, la red de agencias de viaje Ávoris, el fabricante de bienes de equipo Duro Felguera, la metalúrgica Rugui Steel o el Grupo Tubos Reunidos.

El sanchismo no tuvo reparos a la hora de disparar los avales ejecutados por el Instituto de Crédito Oficial

Son sólo algunos ejemplos y el montante ni mucho menos se queda ahí si a las operaciones de auxilio se suman los 30.000 millones de créditos de dudoso cobro del ICO, según calculan los economistas consultados para redactar este artículo. Durante los dos años de la pandemia se tramitaron más de 70 expedientes de rescate, que suponen la movilización de miles de millones de dinero público.

Porque el sanchismo no tuvo reparos a la hora de disparar los avales ejecutados por el Instituto de Crédito Oficial, incrementando en un 50 % el riesgo de impago asociado a los préstamos intermediados entre 2020 y 2021. Estábamos en plena crisis del Covid-19, verdad, pero llovía sobre mojado. Unos cuantos años antes, cuando estalló la burbuja inmobiliaria y nos metimos de cabeza en la Gran Recesión, Zapatero optó por utilizar el ICO como si fuera un banco comercial para conceder préstamos a pymes y autónomos. Desde el punto de vista financiero, el resultado no pudo ser más desastroso, y el Tribunal de Cuentas llegó a contabilizar una morosidad del 83 %.

Pero volvamos al sanchismo y a los rescates más polémicos de su era. Como el de la aerolínea Plus Ultra, vinculada al régimen chavista venezolano. O el de la siderúrgica Celsa, apadrinada por la Generalitat de Cataluña. La ideología y la política siempre por delante de la economía. No falla con este Gobierno mal autollamado progresista. El propio Sánchez intervino en persona para salvar a la empresa de la familia Rubiralta sin esperar a un acuerdo previo de la empresa con sus acreedores.

Ahora, que puestos a hablar de rescates controvertidos, el que se lleva la palma es el más caro de todos, el de Air Europa. Nos hemos enterado estos días, descubiertos sus vínculos con la trama de Koldo y con Víctor de Aldama, que está implicado como supuesto comisionista en las adjudicaciones fraudulentas de mascarillas en los peores momentos de la pandemia. Según The Objective, la ONIF (Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude) también detectó pagos del holding dueño de la aerolínea, Globalia, a una sociedad usada por la red corrupta en 2020, el mismo año en que la compañía recibió 141 millones avalados por el ICO y otros 475 millones del FASEE. En total, 615 millones. Casi nada.

El presidente del Gobierno debería haberse apartado del Consejo de Ministros que aprobó el acuerdo con su mujer, Begoña Gómez

La aerolínea ha reconocido que contrató como asesor externo al presidente del Zamora CF en septiembre de 2019, justo en el momento en que se negociaba el rescate con el ministro de Transportes hoy caído en desgracia, José Luis Ábalos. Y por si el escándalo se quedara corto, resulta que Aldama y el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, se reunieron con la mujer de Pedro Sánchez para presentarle oportunidades de negocio y tratar de conseguir su respaldo. Esto lo sabemos por El Confidencial, que también ha publicado que Globalia firmó un convenio de colaboración con el IE Africa Center de Begoña Gómez y sufragó un acto suyo en Londres semanas antes del rescate de Air Europa con fondos públicos.

Como mínimo, el presidente del Gobierno debería haberse apartado del Consejo de Ministros que lo aprobó. La Ley 3/2015 que regula los conflictos de intereses exige a los miembros del Gobierno abstenerse en aquellas decisiones que puedan beneficiar a sus cónyuges. Pero a Sánchez le dio exactamente lo mismo. Igual que nunca ha tenido el más mínimo interés en que los españoles sepamos por qué se inyecta dinero de todos en unas empresas privadas y no en otras. El sucio rescate de Air Europa viene a demostrar por qué.

• Susana Burgos es periodista especializada en economía y empresas y consultora de comunicación corporativa e institucional