Marta Castro (Aelec): «La subida de impuestos se está comiendo la rebaja en el precio de la electricidad»

Marta Castro, responsable de regulación de la patronal eléctrica Aelec, atiende a El Debate poco después del nuevo incremento del IVA, del 10 al 21 %. Castro aborda la situación del sector, el calendario de cierre nuclear y el papel de la futura Comisión Nacional de la Energía, el nuevo regulador que se desgajará, según la intención del Ejecutivo, de la CNMC.

—El peso de la industria no ha parado de caer en España en los últimos años. ¿El precio de la energía y la carga fiscal que tiene incentiva que la industria se instale en España?

—El peso industrial sobre el PIB está en España por debajo de la media europea. La pandemia y la crisis entre Ucrania y Rusia han puesto de manifiesto la necesidad de tener una industria mucho más potente. España cuenta con un suministro energético muy competitivo gracias a las energías renovables. Prácticamente el 50 % del mix energético está cubierto por renovables. Esto hace que el precio sea entre un 20 y un 30 % más bajo que en la Unión Europea. Y tiene viento. Tiene agua. Tiene sol y, sobre todo, lo que tiene en comparación con los países de la Unión Europea, es extensión territorial para poder desarrollar grandes proyectos de energía renovables. Además contamos con unas empresas con un conocimiento muy grande de las energías renovables.

—¿Hay diferencias importantes entre comunidades autónomas a la hora de fomentar esta a atraer esta nueva oleada de industrialización?

—Todo el territorio español tiene una oportunidad muy grande. Necesitamos seguir apostando por el desarrollo de las energías renovables. Necesitamos una política fiscal coherente. Un ejemplo: el Real Decreto ley 8/2023 ha incrementado muchos de los impuestos, empezando por el IVA, que afecta obviamente a todos los consumidores, tengan contratos fijos o contratos variables, y encarece el suministro energético. Además ahora el IVA es variable, de tal forma que si el precio de la electricidad está por debajo de 45 € megavatio hora, aumenta del 10 al 21 %. Es un impedimento grave para la descarbonización. Pero es que a este a este impuesto se le unen también otros adicionales, como el impuesto a la generación (el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica). España es el único país europeo que lo tiene. O el Impuesto Especial de la Electricidad, que también se ve incrementado. Los consumidores no pueden beneficiarse de la reducción de los precios de las energías renovables, puesto que se lo está comiendo la parte impositiva. La industria necesita ayudas para poder electrificar y tienen que ser integrales para acometer unas inversiones que a lo mejor hoy todavía no son económicamente rentables, con mediación de desgravaciones fiscales.

—Hay comunidades que han denunciado que tienen ciertos problemas con su red energética, como Madrid

— No es un tema específico de un territorio en particular. Los distribuidores hemos pedido en todo el territorio unos 6500 MWh de ampliación de solicitud para los accesos puntuales a la red. Y solamente nos han concedido un 5 % a nivel nacional. Las inversiones anticipadas en distribución son un elemento clave que se debe de considerar, porque si no estamos perdiendo una oportunidad.

— Mencionaba que las desgravaciones fiscales favorecerían esta electrificación. ¿Sería adecuado replantear el impuesto energético para que se fomente la inversión?

— Hemos recurrido ese impuesto, entre otras cosas, porque nos parece que se ha hecho de manera discriminatoria. En Europa está basado sobre todo para aquellas empresas de refino, petroleras, y las gasistas, y estaba exento el sector que justamente tiene que potenciar la electrificación, que es el sector eléctrico. No es así en España. Esto hace que las empresas eléctricas pierdan una gran competitividad con respecto a Europa, y además estas empresas eléctricas son justamente las que hacen y desarrollan los proyectos de inversión a futuro. Mermarlas y limitarlas a través de estos impuestos discriminatorios con Europa no solamente afecta a la competitividad de la empresa española frente a la europea, sino que además resta poder seguir avanzando en las cuantiosas inversiones que se tienen que hacer para poder hacer una transición energética como se nos está pidiendo en Europa. Es una barrera obviamente a esta electrificación y a la descarbonización de la economía española.

«Si los fondos UE tuvieran una mayor agilización eso facilitaría ir a otra velocidad

— ¿Están siendo útiles los fondos europeos?

— Siguen un procedimiento muy definido a nivel europeo por parte de los órganos reguladores, tanto por la CNMC como por parte del Ministerio. Es cierto que los programas están teniendo una serie de dilaciones o de retrasos. Estamos solicitando tener una mayor visibilidad y una agilización en la captación de estos fondos, sobre todo porque vienen a cubrir inversiones que son muy necesarias, como es la digitalización en las redes de distribución. Si se tuviera una mayor agilización, pues obviamente esto facilitaría ir a otra velocidad.

— Ahora mismo en el plano internacional siguen abiertos numerosos contenciosos contra España por las primas a las renovables. ¿Esto está ahuyentando inversiones en electrificación?

— Yo creo que no. En España se ha puesto de manifiesto que tenemos un sistema capaz de fomentar las renovables y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Esto es un claro ejemplo de que, a pesar de los desarrollos regulatorios, todos han ido encaminados a garantizar una seguridad jurídica. Y la reforma de diseño de mercado europeo ha puesto de manifiesto el seguir por esta línea de avanzar hacia un sistema eléctrico armonizado apostando por las renovables y para ello establece unos elementos que continúan dando seguridad jurídica. Necesitamos estabilidad regulatoria. Siempre y cuando se tenga se seguirán desarrollando los proyectos de renovables.

— ¿Qué le pide a la futura Comisión Nacional de la Energía?

— El anteproyecto recoge una nueva estructura, al objeto de intentar hacer un organismo más dinámico y sobre todo, que responda a las necesidades de la transición energética a la que nos vamos a enfrentar. Destacaría dos elementos. Definir una estructura desde el anteproyecto de ley puede ser que la haga un poco rígida ante futuros cambios que pueda haber para amoldarse a las necesidades futuras. Sí es verdad que el anteproyecto de ley define una estructura dada de tres subdirecciones. Nosotros echamos en falta una pieza clave que sería una dirección de infraestructuras, de redes y de mercado. Nos parecen dos piezas fundamentales que van a ser claves para abordar la descarbonización. Y por otro lado, dentro de la estructura hay una dirección que se denomina hidrocarburos. Sería bueno el poder dividir esta esta dirección en lo que le compete al hidrocarburo líquido, al al gas natural, es lo que le compete más a una dirección que recoja todos los nuevos vectores energéticos que vienen a jugar un papel relevante en la descarbonización. Me refiero, obviamente a biocombustibles, pero también sobre todo al hidrógeno renovable, que también tiene una parte eléctrica. En definitiva, consideramos que va a ser un organismo que va a poder responder de forma dinámica. Es necesario avanzar en que tenga esa independencia, como ha venido teniendo la la antigua CNE y la actual CNMC. Y sobre todo que le den una estructura y recursos suficientes.

— Hay varias compañías del sector, como Endesa, que han pedido al Gobierno que se replantee el calendario de cierre nuclear. ¿No deberían tener las nucleares en España un papel en la descarbonización como sí parece que lo van a tener a escala europea?

— El cierre viene establecido dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima por parte del Gobierno. No tenemos elementos para poder hacer otra cosa que no sea la que establece esa senda. Es el mix energético que el Gobierno piensa que es el mejor a 2030. Ese cierre nuclear se ha seguido manteniendo aunque se ha incrementado el peso de las renovables. Nosotros aquí somos, como se suele decir, decisión aceptante.