Uno de los tractores que se dieron cita en Madrid
Los agricultores, fritos a multas de hasta 1.200 euros tras las protestas del pasado mes de febrero
El Gobierno impone más de 500 a los profesionales que se manifestaron en una protesta autorizada
Las manifestaciones de agricultores que tuvieron lugar durante el mes de febrero empiezan a tener las primeras consecuencias en forma de multas.
«La indignación y el hartazgo se extienden por todo el campo de la provincia de Sevilla ante el incesante goteo de multas que están recibiendo los agricultores y ganaderos sevillanos que participaron con sus tractores en la masiva protesta del pasado 14 de febrero», aseguran desde ASAJA-Sevilla.
La protesta a la que se refieren fue autorizada por la Subdelegación de Gobierno de Sevilla y convocada en unidad de acción por ASAJA-Sevilla y el resto de organizaciones agrarias y cooperativas y «se desarrolló de manera civilizada, sin disturbios y sin ningún tipo de incidente reseñable, por lo que sorprende aún más la ristra de multas que están recibiendo quienes ejercieron ese día con sus tractores el legítimo derecho de protesta recogido en el artículo 21 de la Constitución Española».
La indignación y el hartazgo se extienden por todo el campo de la provincia de Sevilla ante el incesante goteo de multas
Sin embargo, y pese a contar con los permisos de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla para autorizar y coordinar la movilización y para colaborar en su desarrollo por los cauces adecuados, «la sensibilidad del Ministerio del Interior no ha estado a la altura y ha perseverado en su labor de acoso, como demuestra la ingente cantidad de multas que están recibiendo los agricultores», expresan en su web.
Manifestaciones pacíficas
Pese a que Sevilla fue la provincia española que más cortes convocó -un total de seis en cada una de las autovías de acceso a la capital andaluza- y la que más agricultores y maquinaria movilizó (20.000 agricultores y 2.000 tractores), «la jornada se desarrolló de manera pacífica, con el apoyo masivo de la ciudadanía y de los propios conductores afectados por los cortes».
Aseguran que «tanto las organizaciones convocantes como los propios agricultores atendieron en todo momento las indicaciones que figuran en la autorización oficial de la Subdelegación del Gobierno, así como las indicaciones y observaciones que la Guardia Civil iba haciendo en los distintos puntos de corte a los que las caravanas de tractores accedieron, tanto a la ida como a la vuelta, de manera ordenada y escoltados por la propia Guardia Civil».
La jornada se desarrolló de manera pacífica, con el apoyo masivo de la ciudadanía
ASAJA asegura que «hasta el momento se han recibido medio millar de multas, pero es posible que se supere el millar, e incluso que se multe a todos los tractores participantes. En su mayoría las sanciones son de 200 euros y el motivo más común reseñado es «estacionar el vehículo obstaculizando la circulación», justo aquello para lo que la concentración estaba convocada».
Y añaden que «el exceso de celo de la Dirección General de Tráfico no parece casual. Esta ristra de multas infames son fruto de la continua campaña de acoso emprendida por este gobierno contra al sector agrario».
Más sanciones
También La Unió (La Unión Agricultora y Ganadera) ha denunciado que algunos agricultores han recibido propuestas de sanciones de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana por participar en la protesta conjunta de todas las organizaciones profesionales agrarias el pasado 22 de febrero en el Puerto de Valencia.
Es intolerable recibir multas por valor de 1.200 eurosSecretario general de La Unió,
En concreto, les impone una multa de 1.200 euros por «alterar el orden público al intentar sobrepasar la línea policial realizada para impedir el acceso de los manifestantes al interior de una infraestructura crítica como es el puerto de Valencia, desobedeciendo las ordenes de la fuerza actuante», ha informado la organización agraria.
El secretario general de La Unió, Carles Peris, uno de los sancionados, asegura que «en un contexto de trabajo y lucha contra una injusticia como es la de aplicar bonificaciones a las tasas portuarias de productos importados y defensa de los intereses de los agricultores valencianos, es intolerable recibir multas por valor de 1.200 euros».
