De «evitar chantajes y extorsiones» al «pelotazo urbanístico», claves de la retirada ley del suelo

Pinchazo del segundo intento para la reforma de la ley del suelo. El Gobierno ha comunicado este jueves a la cámara que no se votará, después de que Podemos, Junts y ERC hubieran presentado enmiendas a la totalidad. También lo cuestionaba Sumar, que llegó a afirmar que abre la puerta al «pelotazo urbanístico», en palabras de su portavoz, Íñigo Errejón.

A diferencia de la ley de vivienda, la reforma de la ley del suelo sí contaba con el visto bueno del sector inmobiliario, que la considera necesaria para mejorar la seguridad jurídica que necesita el sector. «El sector lleva muchos años reclamando, con una necesidad imperiosa, una ley de suelo que dé seguridad jurídica al urbanismo español, y que, además, atañe a uno de los principales problemas que tenemos como sociedad: la falta de acceso a la vivienda», ha señalado el presidente de APCEspaña, Juan Antonio Gómez-Pintado, a través de un comunicado. El Gobierno, por su parte, se ha mostrado confiado en retomar su aprobación tras el «furor» de las elecciones europeas, en palabras de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

Desde el ministerio de Vivienda defendían la necesidad de la reforma para aliviar la situación de inseguridad jurídica que viven los ayuntamientos por la rigidez de la normativa actual, que data de tiempos preconstitucionales. Argumentan también que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) solicitó su modificación mediante un manifiesto aprobado por unanimidad.

«Gran inseguridad jurídica»

En la actualidad, cuando se anula una parte de un Plan General Urbanístico (PGOU), se invalida la totalidad del mismo, incluso aunque se produzca por algún defecto de forma. «Eso en los últimos años ha generado una gran inseguridad jurídica hasta el punto de que los Ayuntamientos no se atreven a impulsar nuevos PGOU», aseguran fuentes del ministerio de Vivienda.

Otra derivada es que, al decaer los nuevos planes, se mantiene la vigencia de los anteriores, que en algunos casos datan de los años 50, habiendo quedado superados por los cambios técnicos y las necesidades actuales en materia de vivienda.

La normativa propuesta por el Gobierno separa entre lo que es la nulidad de pleno derecho, que se establece cuando hay defectos sustanciales, en cuyo caso se puede impugnar y anular totalmente, y las nulidades parciales. Es decir, si hay un elemento formal recurrido pero no es sustancial, se podría anular ese elemento y abrirse un plazo de subsanación de un año para intentar corregirlo.

Extorsiones y casos espurios

Vivienda asegura que, con esta reforma, se busca también evitar «casos espurios», es decir, extorsiones «que han venido siendo práctica habitual», hasta el punto de que han surgido despachos especializados en la detección y denuncia, bajo coacción previa al Ayuntamiento correspondiente, de dichos planes.

En los últimos años más de un centenar de grandes urbes españolas han visto tumbados por la justicia sus planes urbanísticos. Es el caso de ciudades como Gijón, Ibiza, Las Palmas, Cartagena o Madrid, en muchos casos por defectos de forma.

Además, con el fin de impulsar la vivienda asequible impulsada por las administraciones, la reforma incorpora el silencio administrativo positivo para determinados trámites, y la creación de una plataforma para agrupar los informes de los expertos correspondientes.

«Carente de ambición» para el PP

El PP, por su parte, considera que el proyecto de reforma de la ley de suelo del Gobierno está «cojo, carece de ambición, y no resuelve el gran problema de la vivienda en España» que es el enorme desfase entre la oferta y la demanda de viviendas, en palabras de su portavoz de vivienda, Paloma Martín.

Los populares, como informó El Debate, abogan por que los ayuntamientos puedan corregir planes urbanísticos sin las CC.AA., algo que consideran que supone un freno administrativo que aumenta en hasta seis meses los plazos de tramitación.

Mientras, Podemos consideraba que la reforma limita el derecho de la ciudadanía a impugnar proyectos urbanísticos que vulneren la ley, y limita también las posibilidades de intervención de la administración en parcelas, instalación de casas prefabricadas o talas masivas. Algo que Vivienda niega categóricamente: «Restringir la capacidad de recurso contra los PGOU es algo que está lejos de nuestra intención. Pero no se puede anular toda la planificación urbana de una ciudad como la de Madrid por encontrar un defecto formal en no se que tramite», recalcan.