Trabajadores en una cadena de montaje.
Las empresas industriales que quieran deslocalizarse tendrán que avisar al Gobierno con nueve meses de antelación
Deberán presentar una propuesta de alternativas para el mantenimiento de la empresa o buscar nuevos inversores
El Gobierno quiere obligar a las empresas del sector industrial que quieran cerrar o reducir su actividad a comunicarlo con nueve meses de antelación, así como diseñar un plan para minimizar el impacto en el empleo o buscar nuevos inversores.
Según publica El País, el Ejecutivo pretende introducir una reforma legal inspirada en el modelo utilizado en las plantas de Nissan en Barcelona para reducir los efectos de las deslocalizaciones.
El proyecto, de momento, está pendiente de las aportaciones del Ministerio de Trabajo, para dar encaje legal a la medida ya que es el Gobierno el encargado de gestionar los ERE presentados por las empresas. La idea es que una vez se lance el expediente, Industria elaborará un informe sobre la situación de la empresa y, si tiene luz verde, se iniciará la formación una «mesa de reindustrialización» con representantes de la patronal, sindicatos y autoridades.
Esta mesa establecerá un calendario de actuaciones y buscará soluciones alternativas para el mantenimiento de la empresa, que deberá contratar los servicios de una consultora.
Pasado el plazo de nueve meses, y si se ha llegado a un acuerdo, se realizará un seguimiento cada tres meses de la resolución y se exigirá a la empresa una garantía para la ejecución de las medidas.
Se trata de otra piedra en el camino para las empresas que quieran deslocalizar sus centros de producción después de que Sumar presentara una proposición de ley para impedir los despidos por causas objetivas a empresas que trasladen su actividad, así como el reembolso de ayudas recibidas años antes.
El sector industrial española ya advirtió que el acuerdo de Gobierno entre Sumar y PSOE –que incluía, entre otras cosas, el gravamen extraordinario al sector energético– suponía una merma de estabilidad en el marco regulatoria que podría condicionar la deslocalización.
