Candados en las rejas de los pisos turísticos
El Gobierno sorteará a las autonomías para cargar sobre los vecinos el veto a los pisos turísticos
Vivienda pretende modificar la ley de propiedad horizontal para que las juntas vecinales puedan regular este tipo de inmuebles, esquivando su falta de competencias en un área transferida a las autonomías
El auge de los pisos turísticos ha provocado una importante masificación en algunas ciudades y los ayuntamientos buscan formas de poner coto a esta situación, mientras que el Gobierno quiere cargar el problema a las comunidades de vecinos a través de la ley de propiedad horizontal.
Los expertos en el sector inmobiliario ya advirtieron mucho antes de su aprobación de que la ley de vivienda tendría nefastas consecuencias en el mercado, con propietarios huyendo a modalidades como el alquiler vacacional y la reducción de oferta para larga estancia.
El problema es que el Gobierno tiene las manos atadas al tratarse de una competencia transferida a las autonomías por lo que espera que sean las comunidades de vecinos las que arreglen el desaguisado.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha revelado que el Ejecutivo está estudiando la posibilidad de «empoderar a los vecinos» a través de una modificación de la ley de propiedad horizontal, norma que regula las obligaciones y derechos de las comunidades de propietarios.
Esta ley establece la figura de la junta de propietarios, órgano que representa a todos los titulares del edificio y que incluye entre sus responsabilidades la aprobación de cuentas, acordar las normas de régimen interior o decidir en los asuntos de interés general para la comunidad.
El Real Decreto-ley 7/2019 ya introdujo una modificación de la ley de propiedad horizontal mediante la cual las comunidades de vecinos podían limitar los alquileres vacaciones en arrendamientos urbanos si tres quintas partes de las cuotas de propietarios así lo establecen, pero sin efecto retroactivo. El problema es que la interpretación resulta confusa y la justicia ha declarado en varias ocasiones que la limitación no implica en caso alguno la prohibición.
En la práctica, esta modificación no ha tenido ningún efecto, bien porque se trata de inmuebles ya destinados para este fin antes del cambio legal o porque, directamente, no se ha tramitado ninguna licencia. Por eso, este «empoderamiento» vecinal parece otro parche para tapar el agujero dejado por la ley de vivienda.
Crónica de un fracaso anunciado
El Consejo General de Economistas de España (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) han organizado este martes un coloquio informativo sobre la Ley de Vivienda. En él han asegurado que esta normativa aprobada en mayo de 2023 «no ha conseguido solucionar el problema de la falta de vivienda, sino que lo ha agravado».
«¿Era necesaria una ley de vivienda? Sí. Pero esta no», ha asegurado Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid. Y es que todos los agentes del sector ya venían anunciado los efectos de esta Ley. «El precio no solo no ha bajado, es que ni siquiera se ha conseguido estabilizar. Ha subido. Y la oferta, que influye en los precios, ha disminuido entre un 30 y un 35 %», señala, apuntando a un trasvase de la oferta al mercado temporal, turístico o de habitaciones, «porque es la manera que tienen de eludir los efectos de esta norma», añade.
Además de regular el alquiler turístico, el Gobierno también quiere intervenir el mercado de alquiler habitacional. «Un error añadido porque los alquileres de temporada y de habitaciones son absolutamente necesarios para cubrir las necesidades de determinados colectivos como son los estudiantes o los trabajadores que se desplazan por un tiempo limitado a trabajar a otra ciudad», asegura el economista del CGE.