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30 de junio de 2024

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.David Zorrakino / Europa Press

Vodafone, Ford, H&M... Los ERE se multiplican en un clima de incertidumbre incitado por las reformas de Yolanda Díaz

Los expedientes de regulación de empleo comienzan a propagarse como un virus entre las empresas que operan en nuestro país. Ford y Vodafone han anunciado este mes de junio un recorte de 1.622 y 1.198 puestos de trabajo respectivamente en nuestro país, tras un comienzo de año desconsolador que se venía advirtiendo por la incertidumbre que está provocando en el mercado laboral la arbitrariedad de Trabajo con sus últimas propuestas.

H&M, Glovo, SM, Hitachi, Roca, Silence, Westwing, Codigames, Majorel, Leitat, Péndulo Studios, Roldán, Sidenor, Intrum, Mr. Wonderful, La Virgen, Holcim, Teal, SolarProfit, Stuart, Freixenet, Saint-Gobain, Alstom, Stellantis, Valles del Esla, Pronovias, Sanofi, Avatel, Roche, Konecta, Gamesa…

Todas estas empresas, además de las ya mencionadas Ford y Vodafone tienen en común la presentación de un expediente de regulación de empleo. Además, la fusión de BBVA y Sabadell podría suponer la salida de un tercio de la plantilla de la entidad catalana, entre 4.500 y 5.000 trabajadores del grupo.

Durante los cuatro primeros meses del año se han contabilizado 1.531 procedimientos con 51.739 trabajadores afectados, de los cuales 10.638 eran despidos colectivos. En 2023 se produjeron 36.505 despidos colectivos en todo el año, por los 24.215 de 2022, los 43.662 de 2021 y los 8.614 de 2020, primer año de la pandemia en el que se popularizó el uso del ERTE.

De seguir en esta dinámica, cerraríamos el año por encima de los 30.000 trabajadores afectados por despidos colectivos, por encima del periodo a partir de 2015, cuando nuestro país comenzó a dar síntomas de estar recuperándose muy lentamente de la crisis financiera. Lo llamativo es que este se presuponía como el año en el que España lideraría el crecimiento en la Unión Europea con una ocupación disparada y una tasa de paro en el camino del mínimo estructural.

¿Qué ha pasado para que muchas empresas, incluso con beneficios, estén recurriendo a esta figura para adelgazar sus plantillas? En realidad, nada nuevo. Las empresas llevan meses soportando un importante incremento de los costes laborales como consecuencia del aumento de precios o la crisis energética.

«Hay un desgaste contenido en las empresas que comenzó con la crisis del coronavirus y se ha sostenido a base de fondos europeos o del ICO. Pero esa renta está consumida y ahora se ha producido un incremento de la inflación que ha disparado los costes de producción», señala Alberto Novoa, socio de Laboral de RocaJunyent Abogados y vocal de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas (ASNALA).

Blindaje del despido

A esto se le une la incertidumbre ante las reformas en materia laboral que prepara el ministerio de Yolanda Díaz y su escasa o nula disposición a negociar con la patronal. Ya ocurrió con la subida del SMI y se está repitiendo con la reducción de la jornada laboral. Pero lo que más preocupa a los empresarios es el blindaje del despido.

La indemnización por despido por causas justificadas asciende actualmente a 20 días de salario por año trabajado con el tope de una anualidad, mientras que en los casos no definidos son 33 días hasta las 24 mensualidades –45 días si los contratos se firmaron antes de marzo de 2012–. Trabajo quiere recuperar los 45 por año trabajado para todos al entender que el despido es, en este momento, «demasiado barato», una medida que cuenta con el rechazo del del PSOE.

Novoa ya advertía hace unos meses a este periódico que antes de que el anuncio de un aumento de las indemnizaciones iba a incrementar las extinciones, como ahora está ocurriendo. De hecho, durante 2023 se dispararon las consultas de empresas para informarse de la aplicación de expedientes de regulación de empleo. Por cierto, la mayor parte de trabajadores afectados por despidos colectivos en el mes de abril –el 73 %– pertenecían a empresas industriales, un sector al que el Gobierno quiere obligar a avisar con meses de antelación ante posibles relocalizaciones.

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