El Tribunal de Cuentas urge a resolver el déficit de 89.000 millones que tiene la Seguridad Social

El Tribunal de Cuentas ha pedido a las Cortes que insten al Gobierno a que se adopten «urgentemente» medidas para resolver la situación del endeudamiento de la Seguridad Social, que a 31 de diciembre de 2022 acumulaba un patrimonio neto negativo de 88.759,4 millones de euros.

Es una de las peticiones más destacadas que el organismo ha hecho en la Declaración sobre la Cuenta General del Estado que realizó la Intervención General (IGAE) del ejercicio de 2022, un informe que audita la situación económico patrimonial y presupuestaria del sector público estatal. En este documento, el Tribunal alerta sobre la situación del balance de la Seguridad Social, que acumula ya seis años consecutivos en situación de déficit.

Buena parte de esa deuda se genera a través de los préstamos a los que acude el Estado para financiar a la Seguridad Social, algunos prorrogables o directamente sin plazo de reembolsos. En concreto, el Estado otorgó en 2022 un préstamo a la Tesorería General de la Seguridad Social por valor de 6.981,6 millones de euros

Fuentes del organismo fiscalizador explican que es preferible aportar recursos a la Seguridad Social a través de transferencias corrientes, que en dicho año ascendieron hasta los 18.396 millones de euros. Asimismo, ponen énfasis en la importancia de que el Fondo de Reserva, conocido popularmente como 'hucha de las pensiones', pase a formar parte del patrimonio de la Seguridad Social en términos de contabilidad, algo que ya está legalmente previsto a partir del ejercicio de 2023.

Por otro lado, el informe destaca que el saldo del principal de la deuda del Estado ascendía, a 31 de diciembre de 2021, a 1,33 billones de euros; al mismo tiempo que ha sugerido subsanar varias salvedades e incidencias señaladas en el documento y modificar la normativa relativa a los plazos de rendición de cuentas para poder elaborar la Declaración sobre la Cuenta General en el plazo más cercano posible al ejercicio al que se refiera.

Entre estas salvedades figura la infravaloración del resultado presupuestario consolidado en 7.680,5 millones de euros por una incorrecta imputación temporal de obligaciones y derechos durante el ejercicio fiscalizado. Además, la Declaración pone de manifiesto la existencia de pagos a justificar pendientes de justificación o aprobación por 1.143,7 millones de euros, los cuales han superado los plazos establecidos en la normativa a estos efectos.

La Declaración también hace referencia a otras incidencias relativas a la falta de registro contable de las aplicaciones informáticas desarrolladas y puestas en explotación con medios propios de la Seguridad Social, por al menos 125,9 millones, y a la sobrevaloración de los deudores tributarios por un valor de al menos 3.195,6 millones.

Además, hay una infravaloración de las deudas por cotizaciones con la Seguridad Social, SEPE y FOGASA por la falta de registro de la deuda por los intereses de demora devengados de 660,4 millones y por sobrevaloración del deterioro de valor de 2.103,4 millones.

Cobro de cotizaciones

El Tribunal de Cuentas también expresa sus dudas sobre el cobro de la deuda por cotizaciones sociales de instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro que ha sido objeto de moratoria desde 1995 (673,5 millones de euros).

Por otro lado, el organismo apunta que de un total de 444 entidades del sector público estatal, no se han integrado en la Cuenta General del Estado 68 entidades, si bien ha aclarado que no son de gran relevancia en términos de importe. Otras deficiencias detectadas son la falta de reflejo contable de valor de suelo de la red de carreteras del Estado y de las áreas de servicio de la red; y errores en el registro contable de los pagos a las concesionarias de autopistas mediante peaje en la sombra.

A su vez, existen incertidumbres en la valoración de los activos inmovilizados en distintas entidades del sector público empresarial, principalmente en la Autoridad Portuaria de Castellón (155,4 millones de euros), Renfe Mercancías (376,1 millones) y Valencia Plataforma Intermodal y Logística (44,5 millones).