La reducción de la jornada laboral tendrá un coste similar a subir el impuesto de sociedades al 56 %

La patronal anda con la mosca detrás de la oreja. Desde que en 1983 se estableciera por ley en el Estatuto de los Trabajadores la jornada de 40 horas, los sucesivos convenios colectivos han ido reduciendo su duración hasta las poco más de 38 de media de la actualidad. Sin embargo, Trabajo quiere imponer a las empresas las 37,5 horas a discreción, lo que supondría un coste asociado de 42.400 millones de euros, principalmente a pymes.

De los 11,6 millones de trabajadores afectados por convenios colectivos, apenas el 7,9 % tiene jornadas superiores a las 39,5 horas, casi siempre en sectores donde la presencia del trabajador es fundamental para garantizar el servicio, como la seguridad o la hostelería. «Las empresas que han podido reducir la jornada por cuestiones de productividad ya lo han hecho, no hay necesidad de intervenir», señalan fuentes de la patronal.

Así, los empresarios piden que cualquier reducción de la jornada se aplique teniendo en cuenta la productividad y rentabilidad de las sociedades, en su gran mayoría (99,8 %), pymes que dan empleo al 53,3 % de la población activa.

La productividad de estas –entendida como el volumen medio de ventas por empleado– lleva cinco trimestres consecutivos en caída libre. La rentabilidad sobre las ventas es, además, de las más bajas de la Unión Europea, con un 6,1 %, muy por detrás de países de nuestro entorno como Bélgica (13,6 %), Portugal (8,8 %) o Francia (7,2 %).

Lo que más preocupa a la patronal es el coste que tendrá. Si bien el porcentaje de trabajadores con jornadas superiores a las 39,5 horas es muy exiguo, no lo es tanto en el caso de jornadas por encima de las 37,5, que se sitúa en el 75,8 %, unos 8,8 millones de asalariados. Por ejemplo, el 99,8 % de los trabajadores de la rama de las actividades inmobiliarias tiene una jornada pactada de más de 37,5, porcentaje que cae al 4,6 % en el caso de la Administración Pública.

Una reducción de jornada al margen de la negociación colectiva y sin periodo de adaptación tendría un efecto directo de 11.800 millones de euros entendido como el coste de horas que se dejarían de trabajar. No obstante, el coste anual indirecto ascendería a los 30.602 millones y el total a los 42.394 millones, similar a aumentar el impuesto de sociedades al 56 %.

Por ello, la reunión de este lunes es clave en el devenir económico de miles de pequeños empresarios, que no entienden el intervencionismo y la intransigencia del Ministerio de Trabajo. En un primer momento, el departamento que dirige Yolanda Díaz aceptó la formación de una mesa bilateral entre la patronal y los sindicatos, pero rápidamente irrumpió en escena por «falta de avances», según deslizó entonces el Ministerio.

Trabajo quiere aprobar la reducción de jornada antes del verano y que se aplique a partir del 1 de enero de 2025

Fuentes de aquella negociación inicial señalan que la mesa funcionaba, pero que el Gobierno «no dio margen». Lo cierto es que Trabajo quiere aprobar la reducción de jornada antes del verano, con el objetivo de apurar su ratificación parlamentaria lo antes posible y que se pudiera aplicar a partir del 1 de enero de 2025, pero los tiempos de una negociación de este calibre no cuadraban. De hecho, no se pudieron abordar cuestiones clave como las horas extra o las jornadas parciales.

Eso sí, los tiempos del Ministerio son para dar de comer aparte. El pasado lunes 17, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, anunció que su cartera llevaría la mesa de diálogo social ante la «falta de avances» de la mesa bipartita. Entonces señaló que «lo oportuno para alcanzar un acuerdo es no someter a nadie al talón de Aquiles del tiempo», pero se impondría mayor exigencia, «con reuniones semanales».

La primera de estas reuniones se celebró el pasado lunes 24 y, apenas unas horas después, Pérez Rey lanzaba un ultimátum de siete días a la patronal para elevar sus propuestas por escrito o atenerse a las consecuencias, esto es, la aprobación unilateral de la reducción en los términos expuestos por Trabajo y sindicatos. No es el talón de Aquiles la que pende sobre el cuello de la patronal, sino la bota del secretario de Estado de Trabajo.

Antonio Garamendi ya advirtió durante su intervención en el Foro Económico y Social del Mediterránea que al «monólogo» no va a contestar. La estrategia de la patronal podrá ser controvertida, pero también comprensible dada su experiencia en negociaciones anteriores, en las que Trabajo ha rechazado todas las propuestas para acabar imponiendo sus condiciones unilateralmente.

Por cierto, en ese mismo acto el presidente de la CEOE reconoció en una inusitada confesión de calculada nostalgia que, «en estas cosas, a veces echamos de menos a Nadia Calviño». Todo un mensaje para Carlos Cuerpo.