La ruina de la burocracia: dos de cada diez euros de los fondos europeos, en riesgo
Hasta 17.500 millones se pueden acabar quedando sin llegar a la economía real
La burocracia y la complejidad de las ayudas son dos de los grandes problemas que afrontan los fondos europeos Next Generation. Así lo atestigua un informe de la consultora LLYC, que advierte que hasta 17.448 millones están en riesgo. Supone el 21,63 % de la dotación total del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y la Adenda al mismo, excluyendo los 83.000 millones en préstamos.
«El problema no son las convocatorias, sino los remanentes de las mismas», explica a El Debate Francesc García Donet, director del Observatorio NextGen de LLYC. Desde la consultora urgen a la Administración General del Estado (AGE), responsable de la gestión del 65 % de las ayudas y del control efectivo del 35 % restante (en manos de las autonomías) a que agilice los procedimientos y, sobre todo, mejore la flexibilidad.
Los fondos no adjudicados de convocatorias y licitaciones resueltas alcanzan ya los 7.552 millones de euros en el caso de la AGE y 3.622,44 millones en el caso de las comunidades autónomas. Es decir, 11.144 millones a los que habrá que sumar otros 6.304 que, según estiman desde la consultora, pueden acabar quedándose sin adjudicar de las subvenciones a fondo perdido que aún están pendientes de distribuir.
España tiene que gastar el grueso de las ayudas antes de que finalice agosto de 2026 y los plazos empiezan a echarse encima
España tiene que gastar el grueso de las ayudas antes de que finalice agosto de 2026 y los plazos empiezan a echarse encima. Sobre todo porque el Ejecutivo tendría ya que estar reasignando esos remanentes, que García Donet atribuye a los farragosos trámites burocráticos exigidos y los elevados plazos, que superan los 180 días exigidos por las bases reguladoras (y llegaron incluso a superar los 200 en 2021 y 2022).
«Las empresas tienen que tener parados los proyectos durante seis meses o más. Es muchísimo tiempo, por no decir que las convocatorias son bastante complejas, por no decir muy complejas», detalla. «Aunque en las últimas, como el Perte de descarbonización, se han agilizado algo, en general todas las empresas se quejan de la enorme carga administrativa y de que los plazos se les echan encima y cada vez lo tienen más difícil. Eso explica que se generen los remanentes, porque muchas empresas o no concursan o renuncian por no poder cumplir los plazos», detalla.
Una posible solución que daría al Gobierno más tiempo para gastar estos remanentes es reasignarlos a proyectos energéticos en el marco de la iniciativa RePower EU, que busca la autonomía energética europea impulsando, por ejemplo, el hidrógeno, y donde solo se exige que el dinero esté comprometido –y no ejecutado– antes de septiembre de 2026. Legalmente se podría hacer en base al RD 36 /2020, para la ejecución del PRTR, siempre y cuando los hitos u objetivos a los que están vinculados se den por cumplidos. «Pero el Gobierno español hasta el momento no ha sido partidario de cambiar el destino, sino que considera que deben mantenerse orientados hacia el fin original, aunque, como en el caso del Perte naval, no haya interés», detalla García Donet.
El experto destaca además la complejidad del diseño del plan español, que es una de las causas de que Italia haya tomado la delantera. «Tiene treinta componentes y cada componente líneas de inversión distintas, asignadas a distintos ministerios y cada ministerio tiene un nivel de ejecución distinto. En el caso de Italia está mucho más centralizado y relacionado con el gasto público. Ellos destinan 20.000 millones a la mejora de los ferrocarriles y nosotros 6.000, con lo cual solo en esa partida ejecutan un porcentaje má amplio de forma más fácil», ejemplifica. Dicha atomización puede además dificultar que se puedan realizar grandes proyectos estratégicos con la excepción de los valles de hidrógeno, que concentran el impulso de esta energía en áreas concretas de la geografía española.
A fecha de 30 de junio de 2024 España ha comprometido 70.526,52 millones de euros. De ellos a la AGE le corresponden 45.668 millones y a las comunidades autónomas 24.858,18. No obstante el protagonismo regional es cada vez menor, puesto que solo gestionan un 35 % del total, cuando el plan original les atribuía un porcentaje superior al 40 %.
Las CC.AA., sin interés por los créditos
Desde LLYC anticipan también dificultades a la hora de asignar gran parte de los créditos que componen el 90 % de los fondos de la denominada Adenda, un complemento al PRTR aprobado en octubre de 2023 a cambio de nuevos compromisos.
«Aunque aún es pronto, tenemos dudas de que la economía española vaya a poder absorberlos», asegura el experto. «Si las condiciones son demasiado complicadas y hay demasiada burocracia es posible que las empresas opten por financiación adicional y no acudan a estas convocatorias», que articula el ICO y las entidades financieras.
«Aunque aún es pronto, tenemos dudas de que la economía española vaya a poder absorberlos»
Además, como ya adelantó El Debate las autonomías son reacias a solicitar los 20.000 millones que Economía les ha adjudicado, bajo gestión del BEI, en el denominado Mecanismo de Resiliencia Autonómico, dado que engrosarán sus cifras de deuda. «Nos hemos reunido con casi todas las autonomías en los últimos meses y ninguna nos ha trasladado que los vaya a pedir», afirma García Donet.
