Fedea desmonta la tesis de Trabajo y sindicatos: la decisión europea sobre el despido no es de obligado cumplimiento en España
El Comité Europeo de Derechos Sociales ha declarado irregular el sistema español de indemnización por despido improcedente
Fedea considera que la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) sobre la superación del tope legal en la indemnización por despido improcedente «no es de obligatorio cumplimiento para España», aunque sí podría derivar en una recomendación para que se lleve a cabo un cambio normativo.
En un comunicado, Fedea explica que la decisión «no es por el momento jurisprudencia vinculante para los jueces españoles», por lo que éstos «deberán seguir aplicando la indemnización tasada vigente en despidos improcedentes».
El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha declarado irregular esta semana el sistema español de indemnización por despido improcedente debido a que fija un techo predeterminado prácticamente insuperable, ya que sólo se ha sobrepasado en una única ocasión por decisión judicial.
El CEDS estima que eso supone una violación del artículo 24 de la Carta Social Europea y ahora la cuestión ha quedado en manos de un grupo de trabajo del Comité de Ministros del Consejo de Europa, que salvo sorpresas hará dentro de unos meses una recomendación a España para que se ponga en conformidad con ese texto.
Fedea publica una nota dedicada a este asunto e insiste en que esta decisión «no es de obligado cumplimiento para el Estado de España, si bien podría servir de base para una recomendación del Consejo de Europa a España para un cambio normativo en esta dirección, que tampoco sería de obligado cumplimiento».
A su juicio, la futura aplicación de la decisión del CEDS depende de decisiones que tendrán que tomar el Tribunal Supremo (TS) y el Gobierno.
Así, el TS «podría autorizar a los jueces españoles a establecer indemnizaciones adicionales en despidos improcedentes», mientras que el Gobierno podría impulsar una reforma del despido siguiendo los criterios del CEDS.
En este sentido, recuerda que existe un pacto dentro de la coalición PSOE-Sumar del actual Gobierno para cambiar la normativa de despido, pero opina que «su alcance es estrictamente político».