Un camarero en el interior de un bar
La reducción de jornada no afectará a País Vasco y Navarra, pero será nefasta para Canarias
Los empresarios del archipiélago tendrán que reducir más de 80 horas al año, diez días de trabajo, por empleado
La patronal calcula que la reducción de jornada a 37,5 horas propuesta por el Ministerio de Trabajo tendrá un coste similar a subir el impuesto de sociedades al 56 %, además de que enfriará la creación de empleo. Pero no en todas las regiones tendrá el mismo efecto, llegando en algunos casos a suponer un ajuste de hasta dos semanas más por trabajador que en otras.
El Estatuto de los Trabajadores establece que la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual y la idea del Ministerio era reducirla a 38,5 en 2024 y en 37,5 para 2025 en una reforma que debía estar lista antes del verano.
Sin embargo, Yolanda Díaz tuvo que posponer la negociación después de que los empresarios dejaran caer la posibilidad de organizar un paro patronal, hartos de las amenazas del secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, para que aceptaran la propuesta.
Los ánimos parecen haberse apaciguado, aunque no así las posturas. La patronal pide retrasar su aplicación hasta 2030, para que empresas y autónomos tengan tiempo para adaptarse, mientras que Trabajo es inflexible: tiene que estar en marcha a partir del 1 de enero del próximo año. Ambas partes están emplazadas a sentarse el 9 de septiembre, aunque parece complicado que de esa reunión brote un acuerdo.
Y es que las diferencias son prácticamente insalvables. La patronal lo dilucidaba muy bien hace unas semanas: los empleos que han podido reducir la jornada, ya lo han hecho a través de los convenios colectivos, pero en ciertas ramas de actividad –hostelería, seguridad…– resulta imposible sin un coste excesivo para las empresas.
De acuerdo con las estadísticas del Ministerio sobre convenios colectivos, la jornada laboral media por trabajador en el mes de junio fue de 1.762,26 horas anuales, unas 38,6 horas semanales si se descuentan vacaciones y festivos. La propuesta de 38,5 y 37,5 horas presentada por Trabajo supondría reducir la jornada a 1.758,16 y 1.712,5 horas semanas respectivamente.
Es decir, según los convenios, la reducción de jornada a 38,5 horas obligaría a realizar un ajuste de 4,1 horas, que aumentaría a casi 50 horas para las 37,5, algo más de seis días. Esto variaría por sectores, ya que mientras la industria y la construcción no se verían tan afectados, en los servicios y la agricultura sería de siete y ocho días y medio en cada caso.
A nivel regional, las diferencias son todavía mayores. En País Vasco, con una jornada media según los convenios de 1.692,52 horas anuales, no afectaría la reducción, caso prácticamente idéntico en Navarra (1,66. Se entiende mejor así la tozudez del PNV a la hora de sacarle a Pedro Sánchez la prevalencia de los convenios autonómicos).
En el resto de comunidades, la situación sería dramática, Extremadura tendría que hacer ajustes de 38,85 horas, casi una semana de trabajo, al igual que La Rioja (40,41 horas), Cantabria (43,94) Madrid (45,98) o Castilla y León (46,68). Pero en Canarias la reducción ascendería a 81,45 horas, lo que supondrían diez días por trabajador al año.
¿Y quién se tendrá que hacer cargo del aumento de ‘vacaciones’ para estos trabajadores? El empresario o, mejor dicho, sus márgenes de beneficio. En Baleares y Canarias, el sector servicios supone el 80 % de la actividad económica de la región, ocho puntos porcentuales más que la media nacional. Son, además, las comunidades –por detrás de Cataluña– que más viajeros internacionales reciben y donde el turismo tiene mayor impacto en el PIB regional. No hay que ser muy listo para darse cuenta del nefasto efecto que tendrá la reducción de jornada en la economía de estas autonomías.
