La economía que le deja Aragonès a Illa no va como un cohete

A los catalanes casi se les ha olvidado que las legislaturas duran cuatro años y no dos y pico, como les viene pasando desde 2010. Eso no hay ni cuerpo ni economía que lo aguante y si encima se sufre un esperpento como el procés, ya pueden agradecer el milagro de que las finanzas de la Generalitat no estén peor de lo que están. La agencia Moody's todavía mantiene su deuda como «bono basura», aunque aplaude el que no se hayan tenido que convocar nuevas elecciones tras las del pasado 12 de mayo. Igual que el resto de agentes económicos. Desde el Cercle a Foment del Treball pasando por Pimec, Secot o los sindicatos, todos celebran la supuesta estabilidad que conlleva la llegada de Salvador Illa al Govern. Y punto. Porque a partir de ahí poco se conoce de la política que se dispone a llevar a cabo Alicia Romero, la nueva consellera de Economía y Hacienda, y negociadora del cupo al que tienen el valor de llamar «solidario». Con ella tendrá que coordinarse Miquel Sàmper, el conseller de Interior de Quim Torra que militó en Junts per Catalunya hasta febrero y que ha sido elegido ahora para dirigir los designios del tejido empresarial catalán.

Lo cierto es que todo lo que no se habla del programa económico que piensan aplicar los dos –más allá del veto a las infraestructuras que no les gustan–, se habla de la independencia fiscal pactada con ERC. Sin que nadie sepa, eso no, por qué arte de birlibirloque conseguirá Pedro Sánchez la mayoría absoluta que necesita en el Congreso para reformar la LOFCA y poder sacarla adelante. Resulta sintomático que el flamante president de la Generalitat no mencionara el tema ni en el vídeo ni en la carta que envió a los militantes del PSC la semana pasada. Seguramente cayera en la cuenta del incendio con que amagan los barones socialistas. Seguramente cayera en la cuenta de que Puigdemont tiene la sartén de los Presupuestos Generales del Estado por el mango y sin Presupuestos, a ver cómo se condonan los 15.000 millones de deuda y el resto de compromisos adquiridos con los independentistas.

Nada hace pensar que Illa esté dispuesto a revertir el intervencionismo que estrangula la oferta cuando se necesita justo lo contrario

En todo caso los catalanes no comen de chantajes políticos y Pere Aragonès ha dejado a su sucesor una economía que ni mucho menos va como un cohete. La tasa de pobreza en Cataluña se sitúa por encima del 24 % y alcanza el 35,5 % entre los menores de 18 años, según el último informe del Consejo de Trabajo, Económico y Social (CTESC). Además, las condiciones básicas para acceder a una vivienda no paran de empeorar, ya que la renta media por familia crece un 4,5 % cuando el precio del alquiler de los nuevos contratos aumenta un 7,1 %. Y nada hace pensar que Illa esté dispuesto a revertir el intervencionismo que estrangula la oferta cuando se necesita justo lo contrario. En virtud de la nefasta Ley de Vivienda estatal, Cataluña ha declarado como zonas tensionadas 140 municipios, entre ellos prácticamente todos los del área metropolitana de Barcelona y los del litoral de la provincia, además de localidades tan turísticas como Lloret de Mar, Salou o Cambrils. ¿Le habrán contado los republicanos a Illa que han hecho un pan como unas tortas porque los alquileres están más disparados que nunca?

No exageran los economistas que hablan de un auténtico infierno tributario

En cuanto al zarpazo de la pandemia, Cataluña ya se ha recuperado pero lo ha hecho con menos intensidad que la Comunidad de Madrid. Entre 2020 y 2023 el crecimiento acumulado del PIB catalán fue del 3,5 % mientras que la región madrileña repuntó un 5,8 %. No obstante, la principal preocupación del nuevo Govern debería escribirse con ‘D’ de deuda, ya que ésta supera el 30 % del PIB regional y es la tercera más alta de todo el mapa autonómico. El agujero se sitúa muy por encima del 13 % de Madrid, el 16,2 % de Galicia o el 19,5 % de Andalucía. Y lo incomprensible es que eso ocurre cuando Cataluña tiene el triple de impuestos propios que la comunidad promedio y, según el Índice de Competitividad Fiscal que elabora la Tax Foundation, ocupa el último lugar del ranking español en ese apartado. Además, también es la autonomía con una mayor fiscalidad local si se toma como referencia la principal figura tributaria a disposición de las autoridades municipales, que es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el IBI. No exageran los economistas que hablan de un auténtico infierno tributario.

En su discurso de investidura, la misma mañana en que se produjo la grotesca huida de Carles Puigdemont a ojos de todos, Salvador Illa tuvo la oportunidad de decirles a los catalanes que se acabó. Que se acabó el intervencionismo, la inseguridad jurídica, la voracidad recaudatoria y el despilfarro de demasiados años. No lo hizo, así que cabe esperar lo peor, que es el continuismo en la política delirante de los sucesivos gobiernos independentistas. Por desgracia, también en lo económico.