El pinchazo del bono eléctrico: apenas llega a una cuarta parte de los potenciales beneficiarios

El bono social eléctrico fue concebido como una ayuda para que los hogares con dificultades pudieran cubrir sus necesidades energéticas. Sin embargo, este descuento apenas llega al 20 % de los potenciales beneficiarios en uno de los países con mayor pobreza energética de la Unión Europea.

Aunque fue creado en 2009, no fue hasta 2017 cuando adquirió su forma actual. Se trata de un descuento aplicado por las comercializadoras sobre el PVPC, el precio regulado de la electricidad. Para poder acceder a él es necesario tener contratada una potencia inferior a 10 kW y cumplir uno de los siguientes requisitos: una renta familiar por debajo del umbral fijado con base en el IPREM de 14 pagas, ser familia numerosa, o que todos los miembros de la unidad familiar sean jubilados con pensión mínima.

Los descuentos van del 25 % al 40 % en función de la situación de los beneficiarios, pudiendo llegar al 100 % en caso de consumidores en riesgo de exclusión social. Además, tras la pandemia, se amplió a aquellos hogares en los que al menos uno de los miembros se encontrara en situación de desempleo, ya fuera por ERTE, por reducción de jornada laboral por motivos de cuidados o por circunstancias que resulten en una pérdida sustancial de empleo.

El problema es que las fuentes de información disponibles no permiten encontrar variables que identificaran a los beneficiarios, por lo que solo eran posible calcular el impacto del bono en la reducción de la pobreza energética de los hogares que, sobre el papel, podían recibirlo, pero no en aquellos que ya lo estaban recibiendo.

Además, el bono tiene una validez de dos años una vez concedido, por lo que muchos beneficiarios actuales puede que no cumplan los requisitos de renta al basarse en los datos fiscales de, al menos, el año anterior.

EsadeEcPol y Oxfam han elaborado el estudio ¿Llega el bono social eléctrico a quien lo necesita? en el que analizan las tasas de cobertura y las características de los hogares. Los investigadores han encontrado que la tasa de cobertura apenas llegó al 24,5 % en 2022, lo que supone que tres de cada cuatro potenciales beneficiarios no reciben el bono.

Esta situación se agrava en el caso de las rentas bajas y los jubilados con pensión mínima, cuya tasa de cobertura es del 20,1 % y del 9,2 % respectivamente. Por el contrario, este porcentaje es del 45,5 % en el caso de los solicitantes por familia numerosa.

Los autores del estudio también destacan una situación paradójica, ya que las familias numerosas con rentas más altas reciben el bono antes que las de ganancias más bajas, lo que choca con el objetivo mismo de la medida, como es la lucha contra la pobreza energética.

«Existen varios factores que nos ayudarían a explicar la brecha en la cobertura entre hogares ricos y pobres. Primero, el aumento de los precios energéticos y el consiguiente incremento del gasto en esas partidas durante esos años ha podido llevar a más familias dentro de este grupo a solicitar el bono. Segundo, la falta de tiempo disponible y otras herramientas de tipo informal entre los hogares más vulnerables hace que la asimetría de información sea decisiva en este tipo de política», señalan los investigadores.

Esta situación se repite en hogares monoparentales, aquellos con algún miembro extranjero, por régimen de tenencia de la vivienda o lugar de residencia. Concretamente, Cantabria (14,4 %), Canarias (15,1 %) y Cataluña (20 %) tienen menor tasa de cobertura en comparación con Extremadura (39,8 %), Asturias (39,2 %) y Castilla-La Mancha (35,4 %), donde es más alta.

Mejorar la comunicación

Así, los investigadores concluyen que las familias numerosas son las que tienen mayor probabilidad de recibir el bono, así como los hogares en el primer cuartil de renta. En contraste, ser extranjero o residir en un municipio poco poblado reducen la probabilidad de recibir el bono.

«En muchos casos, los hogares desconocen que pueden acceder a esta prestación y, segundo, incluso si son conscientes de ella, han de ser capaces de realizar la solicitud, algo que no se puede dar por hecho dada la complejidad del procedimiento. A tal efecto, es fundamental mejorar la comunicación a la ciudadanía sobre el bono social eléctrico y facilitar su solicitud eliminando barreras de entrada, o, incluso, desplazando la responsabilidad de la solicitud y la concesión hacia las administraciones para que, en la medida de lo posible, sean éstas quienes identifiquen a los beneficiarios de oficio», explican.

Los autores recomiendan, además, la armonización de esta ayuda con otras prestaciones como el ingreso mínimo vital, así como la introducción de un requisito de renta a las familias numerosas, algo que el Gobierno prometió hacer en la primavera de 2023 pero que aún no ha cumplido.