Inseguridad jurídica y golpe a la credibilidad: los peligros de la nueva prórroga presupuestaria que acecha a Sánchez

El camino de los Presupuestos para 2025 sigue lejos de estar despejado. El veto de Junts a la senda de déficit, reiterado de nuevo por Carles Puigdemont, anticipa un calvario para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Pese a insistir en que las Cuentas se aprobarán en tiempo y forma, ya se ha visto obligado a posponer un mes, al 15 de octubre, la remisión del Plan Fiscal Estructural, el documento que condicionará la senda presupuestaria durante los próximos siete años.

Si Sánchez no logra atar el respaldo de los independentistas podrá optar por prorrogar de nuevo las cuentas de 2023. La fórmula, según la presidenta de la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF), Cristina Herrero, «a priori supone cierta limitación, pero en la práctica, cuando se evalúa la ejecución, ésta alcanza el 100 % en los años con prórroga». En un acto celebrado esta semana en el Colegio de Economistas, Herrero detalló que la consecuencia práctica más evidente será «una ralentización en los primeros meses del año, pero luego coge carrerilla».

Es decir, los grandes proyectos que cuentan con crédito de años anteriores requerirán «de ingeniería presupuestaria» para salir adelante, pero podrán hacerlo aunque requieran de más tiempo. La prueba más evidente es que el Gobierno logró disponer de los fondos necesarios para desembarcar en el capital de Telefónica pese a que los Presupuestos estaban este año prorrogados. Lo hizo recurriendo a partidas no consumidas del Capítulo 8 del presupuesto de gastos de las cuentas de 2023, una fórmula que los expertos ya tildaron, cuanto menos, de «poco ortodoxa» e incluso «irregular», como contó este diario.

El Gobierno «encontrará fórmulas para gastar en lo que quiera gastar», subrayó en el mismo acto Ángel de la Fuente, economista y Director Ejecutivo de Fedea. Una de las claves, detalla a este diario José María Rotellar, profesor de Economía y responsable del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, es la flexibilidad que el Ejecutivo empezó a practicar durante la pandemia, que acabó con la ortodoxia tradicional a la que abocaba históricamente la prórroga de las cuentas.

«Un presupuesto prorrogado históricamente maniataba al Gobierno, porque no se podía incrementar el techo de gasto, pero con el COVID ha acabado surgiendo una manga ancha amplísima donde se mete lo que el Gobierno quiere», explica Rotellar.

En la práctica, el Ejecutivo podría cerrar el grifo a aquellas iniciativas que no le interese priorizar

El lado contrario es que también habilita al Ejecutivo a cerrar el grifo a aquellas iniciativas que no le interese priorizar, culpando así del bloqueo a la oposición. Un ejemplo podría ser la ‘ley ELA’, acordada esta semana entre PP, PSOE, Sumar y Junts tras languidecer durante años. Aunque al fin cuenta con suficiente apoyo parlamentario, carece de una dotación presupuestaria específica en las Cuentas de 2023 dado que, lógicamente, no estaba prevista. Esto «puede usarse como una triquiñuela bajo el argumento de que ‘no nos dejan gobernar’», recalca Rotellar.

A este respecto, el artículo 134 de la Constitución habilita al Ejecutivo a modificar los Presupuestos durante su ejecución, sin distinguir si se refiere a Presupuestos prorrogados o no, «pero siempre mediante la tramitación parlamentaria», según un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE) elaborado por los catedráticos Miguel Ángel Martínez Lago y Santiago Lago Peñas. Dicho documento incide además en que la prórroga presupuestaria fomenta la mala técnica legislativa, como el abuso de los decretos leyes para puentear a un Parlamento fragmentado, lo que a su vez impacta en la seguridad jurídica.

Golpe a la credibilidad

Pese a su escaso impacto práctico, no sacar adelante los Presupuestos por segundo año consecutivo supondría un importante golpe para la credibilidad del Ejecutivo. El propio Sánchez optó, en 2019, por convocar elecciones, tras el rechazo de ERC y el entonces PDeCAT.

Desde la llegada de la democracia, los Presupuestos se han prorrogado en nueve ocasiones. Solo desde el año 2000 se han prorrogado cinco presupuestos, los de 2011, 2016, 2017 y 2018, además de 2023.

«Aunque en la práctica la consecuencia pueda no ser importante, eso no quiere decir que (prorrogarlos) sea deseable. El presupuesto no solamente es lo que un gobierno piensa hacer, sino que es un instrumento de rendición de cuentas, para evaluar si se está cumpliendo lo que se prometió», explicó Cristina Herrero.

Prorrogar las cuentas tiene unas implicaciones políticas que «podrían provocar elecciones anticipadas», advertía esta semana S&P. «No aprobar un presupuesto en 2025 indicaría una eficacia política debilitada y un probable estancamiento de nuevas reformas», apostillaba la agencia de calificación crediticia, en un momento en el que España afronta un importante reto de consolidación fiscal que muy difícilmente se podrá abordar con unas cuentas prorrogadas.

No aprobar un presupuesto para 2025 indicaría una eficacia política debilitadaStandard & Poor's

«El impacto sería, sobre todo, en la seguridad jurídica, dado que un gobierno que no puede aprobar la ley más importante del año es un gobierno que no puede gobernar», abunda José María Rotellar. «Debería convocar elecciones automáticamente», considera el experto.