Las bajas flexibles del Gobierno, ¿la solución a un absentismo que no para de crecer?

La tasa de absentismo laboral en España ha subido hasta el 6,9 % en el segundo trimestre, 0,2 puntos más que en el año anterior, y las bajas por incapacidad temporal representan el 5,5 % del absentismo.

Según el noveno informe trimestral de absentismo y siniestralidad laboral publicado por The Adecco Group, las horas no trabajadas por persona ascendieron a 30, una cifra que equivale a que más de 1,2 millones de asalariados –concretamente, 1.205.851– no hubieran acudido ningún día a su puesto de trabajo, un 8,8 % más que el año anterior.

Esta circunstancia, en 2023, ha acarreado un coste directo para las empresas en España superior a los 12.245 millones de euros en 2023, casi un 20 % más que en el año anterior. A esa cantidad habría que sumar los costes indirectos que deben afrontar las compañías: el pago de una persona sustituta (49.753 millones) y los bienes o servicios que dejan de producir por la baja del trabajador (109.860 millones), según un informe elaborado por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo.

Con el absentismo en máximos, la semana pasada, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció que quiere abrir una mesa de negociación con los agentes sociales para impulsar una reforma de la incapacidad temporal, con la que quiere flexibilizar, desde la voluntariedad, la reincorporación laboral de personas con una baja médica.

Esta medida ha sido bien recibida por las organizaciones empresariales. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ve «positivo» este planteamiento y asegura que va en línea con lo planteado en el Acuerdo Nacional de Convenios y en el acuerdo de pensiones firmado con el Gobierno, donde se incidía en la necesidad de trabajar en «lo que es las bajas y el efecto del absentismo».

«Es algo que en ciertos espacios tiene sentido, partiendo de la base, primero de la voluntariedad, que la ministra ha dicho, y dos, de los casos donde se pueda hacer», indicó el pasado viernes.

Con el presidente de la patronal también coinciden muchos expertos laborales como Jesús Lahera, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense, quien asegura que «existen situaciones médicas en las que se puede compatibilizar una baja con el trabajo». «Esto tendría un impacto positivo para las empresas y también para los trabajadores», añade.

Se necesitan más medidas

Esta medida por sí sola «no va a ser la panacea», asegura Lahera. Tendría que ir acompañada de otras como «mejorar el control de las revisiones para identificar el fraude, así como penalizar los incrementos salariales de las bajas».

Con el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense coincide el exsecretario de Estado de Seguridad Social con el PSOE, Octavio Granado, quien recientemente elaboró un informe en el que señala que estar de baja no puede ser más rentable económicamente que trabajar.

En todos los textos de la Seguridad Social de los últimos veinte años se contemplan referencias al hecho de que en numerosos convenios colectivos siguen incluyéndose compromisos de complementar hasta el 100 % las remuneraciones de los empleados en situación de incapacidad temporal por enfermedad común.

En el Derecho del Trabajo que se aplica en España, la Administración no podría prohibir legalmente que estas medidas se aplicaran. En este sentido, subraya que la única medida legal que podría aplicarse sería establecer un recargo de la cotización a la Seguridad Social para las empresas que utilicen estos incentivos, de importe similar al desembolso realizado, y con una finalidad conexa con la prevención de riesgos laborales, que pudiera ser administrado por la administración competente o la mutua colaboradora.

Respecto a la configuración de la prestación, Granado insiste en que no puede resultar más atractivo estar fuera de la actividad laboral que dentro de la misma. En su opinión, las modificaciones a realizar en la prestación no necesitan ser drásticas, pudiendo atenuarse con el establecimiento de prestaciones parciales en tiempo, que sean compatibles con el desarrollo de parte de la jornada, bien en momentos de recuperación, o incluso desde el inicio.

También podrían atenuarse para los casos en los que la renta salarial de la persona en situación de incapacidad temporal es el único sostenimiento de la unidad familiar, pero todo ello «sin generar la cultura de que sea más rentable económicamente la incapacidad temporal que la actividad».

Discrepancias en el Gobierno

La propuesta de la baja flexible ha sido rápidamente respondida por Yolanda Díaz, quien ha pedido «no jugar» con la salud de los trabajadores. «Solo hay una razón detrás de la incapacidad temporal: proteger la salud de las personas trabajadoras. No hay más opciones ni razones. Ni flexibilidad, ni parcialidad, con la salud no se juega», ha señalado en las redes sociales.

Ione Belarra ha señalado que es «una propuesta aberrante» y supone que el PSOE «querrá hacerla con el PP, que estará al 100 % de acuerdo».

Por su parte, Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad y miembro de Más Madrid se ha mostrado más conciliador ya que, si bien ha defendido la incapacidad temporal como «una herramienta clínica para cuidar la salud», bien implementada «y con el trabajador en el centro», puede ser beneficiosa como en casos de pacientes con ansiedad generalizada o depresión mayor.

«Si las medidas tienen la salud de los trabajadores en el centro, pueden ser derechos beneficiosos, si no, entramos en terreno peligroso», ha concluido.