Los funcionarios del Estado exigen nuevas subidas salariales: «Cobramos 8.000 euros menos que el resto»

El sindicato de trabajadores públicos CSIF ha convocado movilizaciones frente al Ministerio de Hacienda y en todas las subdelegaciones del Gobierno de todas las provincias de España para los próximos días 11 de noviembre y 16 de diciembre con el objetivo de obligar al Gobierno a negociar la mejora de las condiciones laborales para los empleados públicos.

En una rueda de prensa, el presidente de CSIF, Miguel Borra, ha asegurado que estas movilizaciones buscan que el Ejecutivo salga de su «parálisis» y se ponga a negociar la mejora de las condiciones de los trabajadores públicos.

«Ya no podemos esperar más ni darle más tiempo al nuevo ministro de Función Pública. El Gobierno lleva desde constitución en noviembre del 2023 dando largas a nuestras reiteradas peticiones para comenzar la negociación colectiva», ha recalcado.

De igual manera, ha indicado que desde el sindicato no descartan «medidas más contundentes» si el Gobierno no reacciona a las peticiones de los trabajadores públicos, con más movilizaciones para 2025, e incluso paros parciales o una jornada de huelga en las administraciones públicas como «último recurso».

Así, desde CSIF han urgido al Gobierno un nuevo acuerdo retributivo, equiparación salarial, una oferta pública de empleo sin tasa de reposición, culminar el proceso de estabilización o la mejora en la financiación de las mutualidades de los trabajadores públicos, así como la convocatoria urgente de la Mesa General de Negociación, entre otras reivindicaciones.

En esta línea, Borra ha avisado de un deterioro en la administración pública por un presupuesto cada vez más bajo, ya que el Gobierno ha reducido en 4.721 millones de euros la masa salarial dedicada en los presupuestos a los empleados públicos dependientes de la Administración del Estado.

Durante la rueda de prensa, CSIF ha presentado un estudio donde se evidencias estas diferencias salariales entre los trabajadores públicos de ayuntamientos, comunidades autónomas y la AGE. Estos últimos suponen cerca del 6% de los casi 3 millones de trabajadores públicos de la administración, es decir, 179.413 empleados.

Según el estudio, en total, suplir las diferencias salariales de los trabajadores públicos de la AGE frente a trabajadores de CC.AA. y ayuntamientos supondría 1.487 millones de euros.

Esto se debe a que, en el caso de personal funcionario y estatutario el coste de la equiparación salarial sería de más de 1.325 millones de euros, con una media de desigualdad retributiva de 8.690 euros menos anuales, mientras que en el caso del personal laboral alcanzaría los 161 millones de euros, 7.380 euros menos de media por trabajador.

Por ello, instan al Gobierno a negociar para que los trabajadores públicos no pierdan poder adquisitivo. «Nos hemos cansado de que su única respuesta (la del Gobierno) sea el silencio», ha subrayado Borra.