La reducción de jornada, a punto de descarrilar en el momento más bajo de Yolanda Díaz

Nueve meses después de la primera reunión para abordar la reducción de jornada, Yolanda Díaz va a romper las negociaciones y acudir al trámite parlamentario por la vía de urgencia para asegurar su aplicación en 2025. Lo hace, además, en un momento particularmente difícil para la líder de Sumar tras las acusaciones de agresión sexual contra Íñigo Errejón.

«Haremos la última oferta en la mesa el día 29», adelantó el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, hace solo unos días. «Esperaremos a que las organizaciones nos respondan y, si podemos contar con la patronal, será una gran noticia, pero si no, intentaremos un acuerdo con las organizaciones sindicales».

Este anuncio es la crónica de una muerte anunciada. Desde el comienzo de las negociaciones, en enero de este año, la diferencia de criterios entre ambas partes y la asimetría del diálogo hacía imposible la firma de un acuerdo. Antes del verano, de hecho, la tensión fue tal que obligó al Ministerio de Economía a intervenir para recordar a Trabajo que el endeble equilibrio político que sustenta a Pedro Sánchez no aconsejaba imposiciones «a la búlgara».

Poco ha importado. Si bien es cierto que el tono de las conversaciones ha cambiado, las posiciones siguen enrocadas. Trabajo ha ofrecido un plan de acompañamiento a pymes de menos de diez trabajadores o bonificaciones a la contratación indefinida, pero rechaza retrasar la aplicación de la ley más allá de 2025, como pedía la CEOE.

La patronal quiere que la reducción de jornada se aplique a través de la negociación colectiva y ha exigido que se concreten las propuestas por escrito, algo que no ha ocurrido. «Estoy defendiendo la negociación colectiva, que es la clave de la paz social», comentó Antonio Garamendi durante la entrega de los Premios Princesa de Asturias el pasado viernes. «Lo primero que planteo es que se cumplan los convenios, que es lo mínimo que se puede pedir».

Los sindicatos, por su parte, acusan a la patronal de estar «mareando la perdiz» y pedirán un acuerdo «sin concesiones» a los empresarios. Hace unas semanas ya organizaron concentraciones frente a las sedes provinciales de la CEOE y han iniciado una ronda de contactos con las diferentes formaciones políticas para exigir que «tomen partido» al respecto.

Vía de urgencia

En cualquier caso, el Ministerio de Trabajo se encuentra con un problema de plazos. Yolanda Díaz prometió en su momento la reducción a 38,5 horas en 2024 y 37,5 en 2025, aunque ya ha deslizado que será a partir del 31 de diciembre del próximo año. Por ello, tramitará la medida como anteproyecto de ley por la vía de urgencia, un recurso que permite reducir los plazos a la mitad, aunque también puede eternizarse si no cuenta con apoyo parlamentario suficiente, como ocurrió con la ley de vivienda.

Por ello, el voto de Junts y PNV se antoja clave para que el anteproyecto prospere. A los catalanes no les ilusiona demasiado el asunto y son más partidarios de que se negocie en los convenios, como defiende la patronal, mientras que la formación nacionalista vasca ya ha adelantado que la reducción no les va a afectar, ya que la mayoría de convenios se mueven en esas horas, si no menos. Otro asunto es que den su voto sin pedir nada a cambio.

Díaz contaba en una posible abstención del PP al respecto, después de que Alberto Núñez Feijóo abriera la puerta en septiembre a una posible jornada de cuatro días en ciertos sectores, pero la formación ha endurecido el mensaje en las últimas semanas y parece improbable que se mantenga al margen.