La ministra de Hacienda, María Jesús Montero y el exministro de Sanidad, Salvador Illa
El concierto económico catalán reduciría los ingresos tributarios del Estado un 10 %
Fedea advierte que solventar el problema de financiación autonómico con un concierto económico podría provocar un efecto dominó en el resto de las comunidades
Dotar a Cataluña de un concierto económico propio, al estilo del que gozan País Vasco y Navarra, provocaría un agujero en los ingresos tributarios de la Administración General del Estado de un 10 % del PIB, según han adelantado los investigadores de Fedea, que temen que una cesión provocaría un efecto dominó en el resto de comunidades.
El centro de estudios que dirige Ángel de la Fuente ha presentado esta semana la primera jornada de la colección de documentos de trabajo sobre la propuesta de «financiación singular» para Cataluña. En este primer encuentro, Fedea se ha centrado en abordar el papel de la Administración Central y la necesidad de mantener su autonomía.
«El acuerdo parte de una premisa muy discutible como es que el sistema actual de financiación maltrata a Cataluña, condenándola a una insuficiencia crónica de recursos que le impide adoptar las políticas que necesita», ha señalado De la Fuente. No obstante, ha reconocido que esta comunidad recibe una financiación inferior a la de otras regiones que aportan menos al sistema o son receptoras netas del mismo, «lo que no parece razonable».
En cualquier caso, la salida de Cataluña del régimen común supondría una importante merma en los ingresos tributarios del Estado, como ha explicado el investigador de Fedea, Miguel Ángel García. La Administración Central acumula el 59 % del gasto total de las Administraciones Públicas, pero la mayor parte lo traslada a las autonomías, como es el caso de los 66.618 millones de euros trasferidos a la Seguridad Social, que permite asumir el déficit en pensiones de prácticamente todas las comunidades.
«Sin estas trasferencias, que suponen el equivalente al 1,6 % del PIB español, no se podrían sostener políticas homogéneas como la prestación sanitaria», ha añadido García.
Así, si se considerara una ampliación del concierto a Cataluña, la Administración General del Estado dejaría de recaudar unos 30.000 millones procedentes de impuestos compartidos y de sociedades. Limitar al 60 % el hipotético saldo de la balanza fiscal, estimado por ERC en 22.000 millones, le supondría al Estado una reducción de ingresos tributarios del 10 %.
Esto obligaría a aumentar los impuestos en el resto de las comunidades, reducir las prestaciones o emitir más deuda. En definitiva, «se produciría un cambio de modelo de Estado muy importante», ha asegurado el investigador.
Todo lo que se puede argumentar desde Cataluña, se puede argumentar desde Madrid, quizá con más fuerza porque la aportación es mayor
A este respecto, De la Fuente ha advertido que afrontar «el malestar catalán» generalizando el sistema de concierto provocaría un efecto dominó en el resto de comunidades. Sobre ello ha puesto el ejemplo de Madrid, con una situación de financiación autonómica muy parecida: «Todo lo que se puede argumentar desde Cataluña, se puede argumentar desde Madrid, quizá con más fuerza porque la aportación es mayor».
«Si se abriera la puerta a la generalización del concierto, Baleares y Madrid podrían reclamarlo también y sería difícil negárselo. Si esto se produjera sería un desastre», ha añadido.