El Gobierno no convence a sus socios para subirnos los impuestos, pero sí a las empresas para irse del país

Cuando escribí la primera vez sobre la subida de impuestos que preparaba el Gobierno, alguien comentó que no estaba bien ser tan alarmista. Incluso me llamó un conocido del Ministerio de Economía para decirme «que los tiros no iban por ahí». Pues no: no iban por ahí. Me quedé muy corto. Ahora los tiros van por todos lados y hay empresas que nunca lo pensaron, planteándose muy seriamente cambiar de país, de domicilio fiscal y lo que haga falta.

Mañana vuelve a reunirse —dicen que a la tercera va la vencida— la Comisión de Hacienda que prepara la reforma fiscal. El viernes pasado, en el último momento, el Gobierno dio marcha atrás en el Congreso para una nueva votación, la segunda en una semana. PSOE y Sumar no conseguían convencer a Podemos, Bildu, ERC y BNG para apoyar el plan pactado por el Gobierno con PNV y Junts. El caso es que el tiempo apremia porque hay un paquete tributario que la Unión Europea exige y sin ese paquete no hay ayudas.

La soledad de María Jesús Montero —debe ser triste negociar con Santos Cerdán— es total. Con Pedro Sánchez en horas bajas y desaparecido en extraños viajes, la no aprobación de esta reforma vendría a ser algo similar a la no aprobación de los Presupuestos. Por varias razones.

La negociación ha puesto de manifiesto las enormes diferencias que hay en los programas económicos de los partidos que apoyaron la investidura del Presidente. Una cosa es poner impuestos a los ricos y multinacionales, como nos vendieron, y otra cosa muy distinta es meter a la banca, al vapeo, al ahorro de las familias, al diesel y a las socimis en este hachazo.

Sumar ya tuvo que tragar —ahora traga con lo que sea— con la eliminación del impuesto al sector energético (empresas gasísticas, petroleras y eléctricas) que impuso el PNV. Pero Unidas Podemos, ERC, Bildu y BNG dijeron que por ahí no pasaban. Sinceramente creo que es un decir porque en realidad lo único que piden es contraprestaciones —en forma de enmiendas— que vender a sus parroquias.

Y fue entonces cuando en Sumar se pusieron estupendos. Propusieron incrementar en dos puntos el tipo marginal de IRPF sobre las rentas de ahorro hasta el 30 % y a partir de los 300.000 euros. Además exigió volver a incrementar el impuesto de sociedades, la misma reforma que el TC había tumbado al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Pero como los jueces son todos unos fachas —se ve que también los TC— pues no pasa nada. Da igual que haya sentencias en contra. Y ya el colmo fue proponer subir los impuestos al tabaco y vapeo (se ve que fuman y vapean solo los ricos); más impuestos a la posesión de bienes de lujo como yates y jets privados (aquí Sánchez se quedó corto con los lamborghinis); un IVA especial a los pisos turísticos del 21 % y al final vinieron las bombas: suprimir el régimen especial a las socimis y acabar con la exención fiscal de los seguros privados sanitarios que tienen millones de españoles.

Las Socimis, aunque tengan un nombre raro que les hace parecer malas, malísimas, son Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria. Y los seguros privados médicos no se los explico porque seguro que tienen uno. Pues bien, a la vista de este órdago, el PNV y Junts se han vuelto a replantear el apoyo al Gobierno. Replantear es un decir porque las reuniones de la Comisión de Hacienda en el Congreso cada vez se parecen más a las que tenían los del hampa antes de repartirse el botín de un atraco.

El lunes de la semana pasada se iban a votar todas estas enmiendas, pero, cinco minutos antes de la votación, el Gobierno suspendió la reunión hasta el viernes, en que volvió a pasar otro tanto. Mañana volvemos a las andadas en la Comisión, pero en el pleno del próximo jueves debe votarse la reforma fiscal que antes de fin de año debería enviarse a Bruselas. Si no hay reforma fiscal —que incremente la recaudación en los 4.500 millones comprometidos— no habrá quinto pago de las ayudas Next Generation: y son 7.200 millones que no podemos perder.

Toda esta envenenada negociación no es más que la plasmación evidente de la incapacidad del Gobierno para poner de acuerdo a todos sus aliados parlamentarios. ¡Qué tendrán que ver las ideas económicas de Bildu y el PNV! ¡O las de Sumar y Junts! Y es que una cosa es la Ley de Amnistía y otra la vida misma. Además, utilizar los impuestos contra las empresas —con lo necesarias que son las Socimis en este momento— o los particulares, haciéndoles pagar más por sus seguros médicos, será un lastre para el futuro económico que nos espera.

Por cierto que el impuesto a las Socimis nos convertiría en el único país de la zona euro con una tributación diferenciada para estas empresas. Las dos más importantes, Merlin y Colonial ya han anunciado que se trasladarían fuera de España y que, por supuesto, iniciarían acciones legales contra la eliminación de las exenciones fiscales. Hasta la CNMV, organismo nada sospechoso de servir a los ricos, ya ha advertido al Gobierno de lo que supondría la fuga de las Socimis para nuestra economía. Algunos ya han evaluado que esta medida pondría en riesgo el 61 % de la inversión internacional en España. Y esto, precisamente, en un momento en que la bajada de tipos estaba recuperando la actividad inversora en el sector. Mientras tanto, el Parlamento de Madrid da luz verde a una bajada de impuestos, por deducciones del IRPF, para facilitar la compra o alquiler de viviendas. Justo lo que habría que hacer.

Pero la banda que dispara torcido sigue a lo suyo. Carlos Cuerpo, nuestro flamante Ministro de Economía, se ha marchado a Londres en busca de inversores. Haría mejor en reunirse con Merlin y Colonial para tranquilizarlos. En Europa ya saben que nuestra inestabilidad política ha terminado donde se preveía: en la inseguridad jurídica. Viene una semana apasionante.