La DANA pone de manifiesto la fragilidad de las infraestructuras: hacen falta 63.500 millones más

Los catastróficos efectos de la DANA en Valencia han puesto en evidencia la fragilidad de nuestras infraestructuras. Tras la crisis financiera de 2008, la inversión pública se redujo a mínimos y, aunque los fondos europeos han supuesto cierto respiro, el sector exige mayor esfuerzo en obra pública.

El gasto en infraestructuras se incrementó anualmente en el entorno del 10 % hasta la crisis de 2008, cuando sufrió una caída radical hasta estacarse varios años en los 5.500-6.000 millones de euros. No sería hasta la llegada de los fondos europeos, en 2021, cuando tendría un incremento del 111 % respecto al año anterior. Sin embargo, esta partida no ha logrado recuperar los niveles previos a la crisis financiera.

El gasto en pensiones, por el contrario, no ha dejado de subir de manera más o menos regular hasta la llegada de Pedro Sánchez. Tras dos años paralizados ante la incapacidad de alcanzar un acuerdo, en 2021 se incrementó esta partida en un 12,7 %; otro 4,8 % en 2022; y un 11,4 % en 2023.

Sin embargo, es en el peso de ambas partidas en porcentaje respecto al total de los Presupuestos donde se observan mayores diferencias. El gasto en pensiones ya supone el 39,2 % del total, una tendencia habitual desde 2017, mientras que en infraestructuras apenas llega al 2,6 %, dos puntos porcentuales menos que antes de la crisis de 2008.

Y es que el problema de las subprime en Estados Unidos tuvo un efecto contagio que se agravó en las economías con mayores problemas de credibilidad en la sostenibilidad de la deuda pública, como España, Italia y Grecia, que redujeron drásticamente la inversión pública en infraestructuras. Pero si durante la crisis de 2008 Bruselas apostó por la austeridad, tras la pandemia respondió con un programa de fondos de los que España fue favorecida.

En términos de inversión pública sobre el PIB, se observa cómo el aumento del esfuerzo inversor coincide con una reducción de déficit. «El desplome de la inversión pública posterior viene determinado por el crecimiento del déficit público que provocó la recesión y las medidas para hacerle frente. Desde ese momento, el control del déficit ha ido acompañado de una reducción de las inversiones públicas, siendo la aportación de estas muy relevante para ese control», señala un estudio de la Fundación BBVA.

Sin embargo, este patrón no se repite en la mayor parte del continente. España es, de hecho, de los países donde se observa menor esfuerzo en la inversión pública, pasando de cerca de un 4 % antes de la crisis financiera al 1,94 % en el periodo comprendido entre 2014 y 2023.

La causa del desplome de la inversión se debe a que las Administraciones prefirieron dirigir los ajustes a la inversión, ya que no implicaba tensiones con grupos sociales beneficiarios de pensiones, educación o sanidad. Sin embargo, como explican desde la Fundación BBVA, «que los ajustes de las finanzas públicas se dirijan a la inversión puede tener efectos negativos sobre el crecimiento a largo plazo de la economía y también sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas en el futuro, pues un menor crecimiento supone una menor capacidad de generar ingresos públicos».

«El ajuste de la inversión pública ha sido muy importante para la contención del déficit público español, pero tiene consecuencias negativas para el crecimiento económico del país si se prolonga. En este sentido, es necesario que el Gobierno español y la Comisión Europea diseñen estrategias de reequilibrio fiscal que protejan las inversiones públicas que son productivas, porque su potencial de contribuir al crecimiento debería permitir generar ingresos públicos que las financien. No obstaculizar el aprovechamiento de ese potencial requiere reglas fiscales adecuadas, pero también evaluación ex ante y ex post de las políticas de inversión pública, tanto las orientadas a financiar infraestructuras como otros activos productivos, como el capital humano. Sin todos esos criterios será menos probable compatibilizar las reglas fiscales con los objetivos de inversión del Plan de Recuperación para Europa», añaden.

Prioridades de inversión

¿Cuáles son las inversiones necesarias en materia de infraestructura? La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) calcula que a los 177.582 millones de euros en planificación hasta el año 2030 habría que añadir otros 63.524 millones entre obra hidráulica, transporte y equipamiento público.

De esta cantidad, esta organización calcula que son necesarios 15.643 millones de euros en redes separativas para 6.371 puntos de desbordamiento del sistema de saneamiento en episodios de lluvia en ciudades con redes unitarias, y otros 4.403 millones al año para la reposición de redes del suministro de agua.

Desde ANCI, asociación de constructoras no cotizadas, recuerdan que los compromisos globales adquiridos a través de la Agenda 2030, el Acuerdo de París o el pacto Verde Europeo «demandan nuevas infraestructuras y adaptar las existentes».

«Esto exige un marco presupuestario que fomente las inversiones públicas y las privadas, garantizando la disponibilidad de recursos necesarios de manera sostenida en el tiempo», comentan.

Precisamente, esta asociación aboga por «abrir una profunda reflexión sobre la necesidad de una planificación» que tenga en cuenta la acción del clima —como ha demostrado la DANA— «y la necesidad de unas infraestructuras resilientes que aseguren el bienestar de la sociedad».

Desde Seopan, por su parte, piden cambios legislativos para restituir la obligatoriedad de la revisión de precios en los pliegos de los contratos de obras, recuperar el contrato de concesión e implementar contratos colaborativos.