Nuevo revés para Ribera, candidata a comisaria: EE.UU. falla contra su política de impagos a las renovables

Un nuevo revés judicial para España en EE.UU. por el reiterado impago del Gobierno a las primas de las energías renovables y un ingrediente más de incertidumbre para la responsable del Ministerio en nuestro país, Teresa Ribera, que está pendiente de su nombramiento como comisaria europea. El Tribunal del Distrito de Columbia, a través del juez Rudolph Contreras, ha ordenado el cumplimiento de un laudo arbitral emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, a favor de JGC Corporation y en contra de España, consolidando una obligación de pago de 36,1 millones de dólares.

Con este nuevo reconocimiento de la resolución del CIADI y el fallo del órgano estadounidense se ha emitido un título ejecutable en contra de la posición de nuestro Ejecutivo y a favor de los inversores perjudicados por los impagos que, ahora, disponen de una herramienta legal más frente a la negativa oficial a pagar y a los retrasos en el cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales.

Con éste son ya un total de cuatro los países –Australia, Bélgica, EE.UU. y Reino Unido– que consideran a España un país deudor ante los ojos de la Justicia. En buena medida, como consecuencia directa de la estrategia de la ministra Ribera en este asunto en el que, llegado el caso, tendrá que abstenerse como comisaria comunitaria.

Ribera es consciente de que esta situación es uno de los principales escollos a su candidatura en la UE. En especial por la posición de los evaluadores alemanes que, durante su comparecencia de la semana pasada, le preguntaron abiertamente por el asunto y a los que pareció no convencer la actitud mostrada por Ribera en sus respuestas. Su negativa a explorar una solución negociada, como inicialmente propusieron los inversores perjudicados, continúa elevando la factura de los costes financieros y reputacionales para España.

Así las cosas, se incrementa el abanico de Estados que, a nivel internacional, está autorizados para el embargo de bienes españoles en territorio americano, si el Gobierno cumple con el fallo. Un escenario en línea con medidas similares ya autorizadas en otros países que han afectado a bienes inmuebles, activos financieros, títulos de deuda o cuentas bancarias.

Elevados intereses de demora

En el contexto del caso concreto de la multinacional japonesa JGC Corporation, una de las empresas afectadas por los recortes retroactivos aplicados a las primas previstas para los inversores en energías renovables, inició su reclamación en 2015 por 93,5 millones de euros. El CIADI falló a su favor en 2021, pero España intentó anular el laudo, sin éxito, en un proceso que concluía el pasado mes de febrero. Las acciones de defensa legal del caso JGC en Estados Unidos se han articulado a través de Blaskett Renewable Investments.

Hasta la fecha, la cantidad total reconocida en contra de nuestro país, incluye intereses de demora que han aumentado la deuda inicial en un 53,6%. Además, desde ahora en adelante, los intereses se calcularán al 4% anual, triplicando el ritmo al que se venían baremando y agravando, con ello, la presión económica sobre España.

El incremento de la inseguridad jurídica que se deriva de la resistencia de España a cumplir los laudos está provocando daños económicos para el país que alcanzan los 7.340 millones de euros, solamente en el bienio 2023 y 2024. Una situación afecta negativamente el cumplimiento de la legalidad y la percepción internacional de nuestra credibilidad, dificultando la ya de por sí compleja atracción de inversores en la transición energética.