Un Gobierno obsesionado con exprimir al contribuyente para seguir con el despilfarro

Hace algunos días, escribí en El Debate que el Gobierno no tiene otra política económica que la que sigue, equivocada, de incrementar exponencialmente el gasto y subir confiscatoriamente impuestos. Ha subido los impuestos cada ejercicio y si no lo ha hecho en alguno es porque no ha contado con respaldo parlamentario para ello, pero es su obsesión: exprimir a los contribuyentes para seguir gastando de manera poco eficiente, poco útil, con amplio despilfarro.

Eso se confirmaba con su plan enviado a Bruselas, donde, obligado por la Unión Europea (UE), tenía que aplicar ajustes estructurales a medio plazo, al haber hecho que la economía tenga desequilibrios estructurales. Pues bien, en dicho plan, recoge los impuestos a la banca y a las empresas energéticas para hacerlos permanentes.

Posteriormente, y ante la presión de Junts y del PNV, ha decidido retirar el impuesto a las energéticas, ya que Repsol, Cepsa y otras compañías amenazaban con llevarse inversiones o paralizarlas. Como algunas de esas inversiones afectaban al País Vasco y a Cataluña, PNV y Junts han forzado su retirada. La banca, que no se ha movido rápidamente, no ha conseguido que también se renuncie al impuesto a su sector. Esto, sin embargo, ha alborotado a su imposible coalición parlamentaria, ya que ERC, Podemos e incluso Sumar quieren mantener el impuesto a las eléctricas. Así, en tres ocasiones ha tenido que convocar la Comisión de Hacienda para no perder dicha votación. Es un esperpento.

El Gobierno del presidente Sánchez está desesperado, tanto que su última propuesta atenta directamente contra la salud y contra la inversión, pues pretende gravarlas, elemento que puede deteriorarlas. No es más que la continuación de una política tributaria confiscatoria. Desde su inicio no ha podido llevar a cabo ninguna política seria, porque avanza a golpe de necesidad, con la firma de cheques, cada vez más cuantiosos, cada vez más populistas, cada vez más nocivos, para comprar algo más de tiempo en La Moncloa.

Así, su senda de estabilidad fue rechazada por Junts, aunque ya esté negociando unas cuantas concesiones a los independentistas catalanes para que se la aprueben en una segunda ocasión. Si lo consigue, después vendrá la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), donde sus socios volverán a tensar la cuerda y el Gobierno les dará lo que le pidan. Al fin y al cabo, pagamos los contribuyentes, no ellos, que solo son meros dilapidadores de los recursos que nos extraen coercitivamente a los ciudadanos.

Adicionalmente, dentro del Gobierno, un PSOE radicalizado, cada vez más sanchista, junto con los comunistas de Sumar, sólo conciben, para huir hacia delante, buscando unos minutos más de disfrute del poder, aplicar una política populista, demagógica y extremista. Todo se basa en el gasto público, en el déficit estructural, en la deuda exponencial —que no deja de ser un impuesto diferido en el tiempo— y en permanentes subidas de impuestos, tantas que ya se pierde la cuenta.

Ahora, PSOE y Sumar quieren sacar adelante una nueva subida tributaria para tratar de contentar a todos sus socios: incluye el tipo medio efectivo mínimo del 15 % en Sociedades; una subida del gravamen a las rentas de capital por encima de 300.000 euros; una subida importante al diésel y al tabaco, que elevará los precios todavía más, especialmente el impuesto al diésel, que se transmitirá por toda la cadena de valor; y dos verdaderas barbaridades: la subida de impuestos a Socimis y a los seguros médicos privados, dos medidas puramente demagógicas, pero muy perjudiciales para la economía.

Con su propuesta para elevar el tipo medio efectivo al 15 % en Sociedades, ahuyentará todavía más inversiones de las que ya ha expulsado el Gobierno con su inseguridad jurídica. Igualmente, con el incremento del gravamen del ahorro, habrá menos capacidad para financiar la inversión, porque cada vez habrá menos agentes económicos que querrán ahorrar —aquellos que puedan, ya que la pérdida de poder adquisitivo ha disminuido la capacidad de ahorro—. En cuanto a su pretensión para acabar con la exención del Impuesto sobre las Primas del Seguro de la que gozan los seguros de salud, es una barbaridad. Este gravamen supone un 8 % de la prima, que incrementará, por tanto, el coste del seguro para los asegurados, pues, lógicamente, las compañías lo repercutirán.

Quién sabe si esto, además, no abrirá la puerta al Gobierno para posteriormente eliminar también la exención de IVA a los seguros de salud, pues llevan años con la idea de aplicar un 21 % de IVA tanto a la sanidad como a la educación privadas.

En cualquier caso, aunque solo se queden en la eliminación de la exención del Impuesto sobre las Primas del Seguro, ya supondrá un quebranto importante para los ciudadanos. Hay casi doce millones y medio de ciudadanos que tienen un seguro de salud, muchos de los cuales lo tienen como beneficio social a través de su empresa, que puede que se replanteen seguir ofreciendo esta ventaja a sus empleados con el incremento de coste que supondrá este seguro; y otros muchos lo tienen a título individual, muchos de los cuales tampoco podrán soportar el incremento del coste. Es decir, el Gobierno, con esta subida de impuestos a los seguros de salud, absolutamente demagógica, pues ellos mismos dicen que lo gravan por ser los asegurados rentas medias-altas y altas, lo cual tampoco es cierto, va a perjudicar la salud de los ciudadanos. Así, quienes no puedan pagarlo van a tener que abandonar su seguro e ir a la sanidad pública, que no tiene capacidad de reacción, en muchos casos, para atender rápidamente a los pacientes. Esto complicará la vida de muchas personas, incluso a la hora de conciliar sus obligaciones laborales y familiares, pues les dificultará los momentos en los que puedan llevar al médico a sus hijos.

Por otra parte, al dejar el seguro médico, tendrán que ir a la sanidad pública, de manera que si una parte de ellos se incorpora a la sanidad pública haciendo uso de ella, esta empeorará todavía más. Si ya está desbordada en muchos casos, todavía lo estará más. Si le unimos el millón y medio de funcionarios que tendrán que utilizarla ante el abandono de la cobertura a Muface por parte de las aseguradoras privadas, la sanidad pública puede colapsar, con el deterioro en la atención a la salud de los ciudadanos.

En cuanto a las Socimis, tienen un régimen de tributación especial para atraer inversión y dinamizar el mercado del alquiler inmobiliario. Han de repartir el 80 % de sus beneficios y tienen que invertir un mínimo del 80 % de su activo en inmuebles urbanos. Gracias a ello, esa parte tributa al 1 %, mientras que los beneficios no distribuidos tributan al 15 %. Además, los perceptores de dividendos tributan al 19 % en IRPF o al tipo de Sociedades si es una persona jurídica. Ahora, quieren elevarlo hasta el 15 %. Las principales empresas con intereses en Socimis ya han anunciado que, de concretarse esta medida, se llevarán sus inversiones, con lo que se habrá destruido prosperidad.

El Debate recordaba hace unos días el carácter confiscatorio del Gobierno. Señalaba que el Instituto Juan de Mariana había recopilado las distintas subidas de impuestos de Sánchez, hasta contabilizar ochenta y una. Ahora, con esta propuesta, es una vuelta de tuerca más hacia el perjuicio de la economía. El afán confiscatorio del Gobierno es tal, por pura demagogia, que ya confiscan hasta la salud, movidos por una envidia que puede hacer colapsar la economía.

• José María Rotellar es profesor de Economía y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria