Juzgado de lo Mercantil de Santander.
Comienza el juicio entre Iberdrola y Repsol en el primer caso de 'greenwashing' en España
La eléctrica acusa a la compañía que dirige Josu Jon Imaz de «competencia desleal» y «publicidad engañosa»
Este jueves, el juzgado de lo Mercantil número 2 de Santander será el escenario de un inusitado enfrentamiento entre dos gigantes energéticos de nuestro país. Iberdrola acusa a Repsol de «competencia desleal» y «publicidad engañosa» en el que será el primer juicio entre empresas por greenwashing de España.
La demanda por blanqueo ecológico se presentó el pasado 21 de febrero en Santander, donde tiene su domicilio social Repsol a pesar de los intentos de esta de derivar el caso a los juzgados de Madrid al dirigirse también contra la matriz, extremo que fue rechazado.
Según Iberdrola, la petrolera incurre «de manera continuada en conductas publicitarias que constituyen greenwashing», una práctica consistente en trasladar al mercado y a los consumidores que se es más sostenible o respetuoso con el medio ambiente de lo que en realidad se es.
Entre medias, la compañía que dirige Josu Jon Imaz ha recibido el respaldo de Autocontrol.
El organismo que regula la publicidad dictaminó en abril que Iberdrola «no ha aportado ninguna prueba de la que se pueda desprender elemento alguno que permita poner en duda el carácter renovable de los nuevos combustibles de Repsol». En lugar de ello, Repsol «ha acreditado que, en la medida en que los carburantes son elaborados con residuos orgánicos, cumplen los requisitos» tanto de la regulación europea como estatal.
Iberdrola reclama a Repsol que destruya buena parte de su comunicación corporativa, calificándola de «publicidad engañosa». Y cimenta su demanda en la Ley de Competencia Desleal (LCD), en los artículos 5 (actos de engaño), 7 (omisión engañosa) y 18 (publicidad ilícita).
«La petrolera –dice Iberdrola– se está publicitando como una compañía sostenible, líder en la transición energética y que protege el medio ambiente, pero su oferta multiproducto busca fomentar el uso de carburantes (...) y es la empresa con mayor emisión de gases con efecto invernadero. Solo el 0,4 % de sus ingresos provienen de actividades de generación renovable en 2022», aseguran fuentes de la compañía.
Repsol, por su parte, considera que la demanda «carece de fundamento», en palabras del propio Josu Jon Imaz, que acusó a Iberdrola de «no estar acostumbrada a competir en un mercado competitivo, sino que más bien está acostumbrada a moverse en entornos regulados que dependen del Boletín Oficial del Estado».
Desde Repsol vinculan la demanda con el rápido crecimiento de Repsol en el mercado eléctrico. La compañía, que ha desplegado su oferta multienergética en los últimos cinco años, logró captar en 2026 cerca de 246.000 nuevos clientes de electricidad, superando los 2,1 millones, lo que la convierte en la cuarta comercializadora del país. Fuentes del mercado consideran que si Repsol no puede publicitarse como sostenible tampoco podría hacerlo Iberdrola, dado que un 20 % de la producción de la eléctrica en 2022 procedió de centrales de ciclo combinado, que emplean gas natural.
Entre medias, la contienda ha salpicado a Teresa Ribera. Aunque la todavía vicepresidenta se declaró «neutral» en el conflicto, celebró en un mensaje en X que el greenwashing llegue a los tribunales y sus choques contra Repsol han sido constantes a lo largo de este año, tras acusar a Imaz de «negacionismo» y «retardismo» tras su intervención en el Foro de Davos.
Pocos precedentes
La demanda de Iberdrola es una reclamación inédita en España y con pocos precedentes a nivel mundial. El más sonado es la investigación a Deutsche Bank que precipitó la renuncia de Asoka Woehrmann, CEO de DWS, su filial de capital riesgo, en 2022. El asunto acabó culminando en una multa de 25 millones de dólares en 2023.
El sector financiero es precisamente uno de los más expuestos a sanciones por ecopostureo, según un reciente informe de S&P, después de que no solo Deutsche Bank, sino también HSBC y Goldman Sachs se hayan enfrentado a sanciones por publicitarse como sostenibles mientras financiaban a industrias contaminantes.
En la actualidad y en España la legislación es más laxa en comparación con otros paísesProfesora de OBS Business School
«En la actualidad y en España la legislación es más laxa en comparación con otros países y los pocos casos que han llegado a tribunales son los derivados de denuncias internacionales», explicó a El Debate May López, profesora de OBS Business School y directora de desarrollo de la plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible. «Por ejemplo, la Ley 11/2018 sobre información no financiera aborda aspectos sobre el greenwashing en el contexto de la ética empresarial, pero deja importantes vacíos con relación a esta práctica», según Isabel Sánchez, profesora de la Universidad Carlemany.
La entrada en vigor de la nueva Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD) supondrá un gran paso adelante, asegura Sánchez, que recalca que las prácticas de ecopostureo «pueden englobarse bajo delitos ya existentes», como los de estafa, gestión desleal o falsedad documental. Se trata además de delitos «perseguibles de oficio», que no requieren de una denuncia particular.
