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María Jesús Montero, este miércoles en el Congreso de los Diputados

María Jesús Montero, este miércoles en el Congreso de los Diputados

El Gobierno vuelve a la carga para aprobar antes de 2025 una fuerte subida de impuestos al diésel

El Gobierno no renuncia a subir los impuestos a los conductores de vehículos diésel. La equiparación fiscal del litro de gasoil al de la gasolina no salió adelante en el reciente trámite parlamentario del paquete tributario del Ejecutivo, el ministerio de Hacienda. Sin embargo, el ministerio de María Jesús Montero ultima aprobar la medida con un Real Decreto-ley antes de que acabe el año, según adelantan El País y La Vanguardia.

La medida, prometida por el Ejecutivo a Bruselas a cambio del quinto pago de fondos europeos, encarecerá en más de 11 céntimos el litro de diésel (9,36 céntimos sin impuestos y unos 11,30 céntimos con IVA, según La Vanguardia) al eliminar la tradicional bonificación fiscal de la que disfruta el gasóil, considerado antaño menos contaminante que la gasolina. La medida, que dejaría fuera a los transportistas, supondría según las estimaciones de Hacienda unos ingresos adicionales de unos 1.500 millones de euros.

El paquete fiscal del Gobierno, negociado de forma rocambolesca hasta altas horas de la madrugada, quedó finalmente muy descafeinado respecto a las intenciones iniciales del Gobierno. Aunque salió adelante el impuesto mínimo del 15 % a las multinacionales y subidas fiscales a los bancos, el tabaco, el vapeo o las rentas del capital de más de 300.000 euros, se cayó la subida impositiva a las socimis.

Tampoco salió adelante la subida impositiva al diésel, que Podemos ha intentado adjuntar a la prórroga del impuesto a las compañías energéticas. Junts y PNV ya han anticipado que no respaldarán el tributo a las energéticas, de ahí que Hacienda busque ahora aprobar el 'dieselazo' por separado. La aprobación final de la medida, no obstante, dependerá de que el Ejecutivo logre atar los apoyos necesarios en un Congreso muy fragmentado.

Este incremento es una vieja reclamación de los expertos fiscales de Hacienda, que la incluyeron en el Libro Blanco para la Reforma del Sistema Tributario. El Ejecutivo ha intentado materializarla en varias ocasiones, pero ha encontrado una fuerte oposición social, dado que afectará a cerca de 14 millones de conductores.

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